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Los miembros de la Junta de Gobierno del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha en una foto de archivo.
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Los miembros de la Junta de Gobierno del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha en una foto de archivo. (Foto: CACLM)

El Consejo de la Abogacía de CLM emprenderá acciones para mantener la asistencia jurídica a víctimas de violencia en los Colegios de Abogados

miércoles 12 de septiembre de 2018, 12:13h
El Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado para expresar su profundo malestar con el gobierno regional, después de que el Instituto de la Mujer anunciara que la prestación de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género se hará a través de asociaciones. De esta forma denuncian que la Junta obvia el convenio que mantiene con el Consejo regional de la Abogacía, que garantiza esta prestación a través del turno de oficio, que pone a disposición de las víctimas abogados especializados en la materia.
El Consejo, máximo órgano representativo en el ámbito autonómico de los Colegios de Abogados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo, ha querido aclarara, tras las informaciones y declaraciones realizadas a este respecto en días pasados, que según el convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla La Mancha, la asistencia jurídica a víctimas de agresiones sexuales se cubre de forma gratuita por los seis Colegios de Abogados existentes en la región.

Igualmente está cubierta la asistencia letrada en juicio a mujeres víctimas de violencia sexual, cuando no sea amparada por la Asistencia Jurídica Gratuita en los supuestos de procesos iniciados por mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, acoso sexual y acoso por razón de sexo; y procesos seguidos por mujeres que han sido víctimas dentro del territorio de Castilla-La Mancha de trata con fines de explotación sexual, prostitución o comercio sexual.

La Junta de Gobierno del Consejo señala que “en esta asistencia jurídica estarían incluidas mujeres víctimas de violencia sexual, empadronadas en Castilla La Mancha o mujeres víctimas de violencia sexual no amparadas por la asistencia Jurídica gratuita como se ha especificado anteriormente, las cuales estarían asistidas por abogados y abogadas pertenecientes a los turnos de oficio especiales de violencia de género existentes en los colegios de abogados”.

Por tanto, mujeres no víctimas de violencia de género, pero sí de violencia sexual tendrían cubierta la asistencia jurídica gratuita a través de los turnos específicos de los 6 colegios de abogados.

A tenor de los acontecimientos, el Consejo de la Abogacía ha manifestado su intención de llevar a cabo las gestiones y actuaciones necesarias “al objeto de defender y mantener un servicio que se presta por los Colegios de Abogados, a través de los turnos especiales de Violencia de Género, según el convenio señalado”.

La asistencia jurídica gratuita en España está garantizada por los Colegios de Abogados, según se recoge en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Además, los colegios de abogados establecen requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa.

En la actualidad el convenio vigente hasta con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está pendiente de firmar la correspondiente prórroga.

Motivo de discusión política

Por su parte, la polémica por la decisión adoptada por la Junta ya fue recriminada el pasado lunes por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lorenzo Robisco, quien señaló que “el Gobierno de Page no puede obviar a dichos Colegios de Abogados, "financiando a asociaciones privadas para un servicio público que es prestado por una corporación de derecho público, como son los referidos colegios".

Robisco puntualizó también que “ya existe un convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de Abogacía de Castilla-La Mancha por valor de 20.000 euros”, frente “ los 230.000 euros que va a despilfarrar Page para realizar una adjudicación a una asociación que va a prestar servicios que ya se prestan".

El mismo día la portavoz socialista Blanca Fernández quiso rebatir estas declaraciones afirmando que “las víctimas de agresiones sexuales no siempre están consideradas como víctimas de violencia de género y ocurre muchas veces que son defendidas por abogados de oficio que no son expertos en este tipo de delitos” a lo que añadió que “lo que ha hecho el gobierno regional es contratar, cumpliendo con todos los requisitos legales, a una asociación experta en género, que no sustituye a estos abogados sino que les ayuda en su función”.
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