El gobierno pierde los nervios por el caso Chiloeches, en el que puede terminar procesado su entonces viceconsejero de Medio Ambiente

El gobierno quiere desmarcarse de la actuación de su exalto cargo y ha echado un manto de silencio sobre esta cuestión. La semana que viene vence el plazo para que el Gobierno, como parte en el proceso, formule escrito de acusación y de petición de juicio oral o pida el sobreseimiento del viceconsejero investigado por los tribunales y en cuyo comportamiento el juez aprecia indicios criminales. También cabe la posibilidad de que, de forma excepcional, pida más diligencias.

La primera de las posibilidades supondría que el propio gobierno reconoce que en la actuación de su entonces viceconsejero podría existir ese delito de prevaricación, lo que afectaría de lleno al gobierno y a su presidente, que le nombró y que, conocido el caso, le defendió. Con la segunda, la del sobreseimiento y la petición de la desestimación de la causa contra su viceconsejero, el gobierno no se aseguraría que no se procesase al que entonces era el hombre fuerte en Medio Ambiente porque es un trámite que deben llevar a cabo el fiscal y todas las acusaciones personadas.

Las preguntas de este medio en la rueda de prensa sobre esta cuestión han incomodado al portavoz del ejecutivo que ha perdido los nervios con el periodista. Un nerviosismo e irritabilidad que se han agudizado una vez finalizada la rueda de prensa.

Las preguntas que había formulado el periodista en la rueda de prensa que ofrecía el portavoz del gobierno para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno trataban de que el Ejecutivo aclarase la senda jurídica que iba a seguir y si compartía las apreciaciones del auto judicial. Tras una exposición en la que se decía que “el juez de la causa de las supuestas irregularidades en el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos ha apreciado indicios criminales en las actuaciones del entonces viceconsejero del gobierno regional, Sergio David González Egido” se preguntaba para tratar de determinar si el gobierno compartía ese criterio y si también, como parte en la causa, el gobierno iba a formular acusación y la petición de apertura de juicio oral en el caso del viceconsejero o iba a optar por pedir el sobreseimiento.

El mensaje del portavoz era claro: “No he hablado de este tema con los servicios jurídicos” y “este señor hace tiempo que dejó de ser viceconsejero”. La cuestión ocasionó una repregunta porque los hechos enjuiciados son de cuando esa persona era viceconsejero y así lo hacía ver el periodista, lo que ha ocasionado la pérdida de temple del representante del gobierno.

De hecho el propio auto lo deja bien claro. En su página 45 dice “el investigado, como Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, se ha constatado que habría otorgado a Kuk Medioambiente, mediante una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER” (Lista Europea de Residuos) “a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción, y habiéndole sido desestimado el recurso de reposición y desestimado por auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la suspensión de la medida. Además, se ha constatado igualmente que tenía pleno conocimiento del funcionamiento de Kuk Medioambiente, pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el Grupo Layna y contratación de Juan José Gutiérrez, llamando especialmente la atención que dicho arrendamiento, que incluía el uso de la Autorización Ambiental Integrada, y según diversos técnicos, no se ajusta a la legalidad. También llama la atención el hecho de que la empresa Biosonoil, cuando era dirigida personalmente por él, realizara un proyecto para la instalación de un evaporador. Ese proyecto, con un coste superior a los 60.000 euros, se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de Viceconsejero y había abandonado Biosonoil. Sin embargo, ha mantenido utilizando de manera personal un teléfono móvil registrado a nombre de la empresa, y utilizando un correo electrónico con el dominio de Biosonoil”.

Aunque el juez instructor dio un plazo de diez días para que las partes personadas formulen la petición de apertura de juicio oral, presentando el escrito de acusación, o en su caso opten por la petición de sobreseimiento o de realización de más diligencias, fuentes del caso han informado que es previsible que se pida una prórroga del plazo “dada la complejidad de la causa”.