Hubiese bastado con señalar que cuando se tuvo sospechas se le abrió la puerta para que dejase sus cargos, porque Hermoso dimitió de la noche a la mañana, a mitad de la legislatura pasada, de su cargo de alcalde “por motivos personales”. Tiempo más tarde se le encausó por corrupción y esta semana le detenía la policía por otros casos nuevos.
Lo de “no es militante” que empleó el portavoz del gobierno Nacho Hernando para salir al paso y desmarcarse de Joaquín Hermoso no es argumento. Es el mismo que el gobierno regional empleó cuando encausaron al viceconsejero de medioambiente Sergio David González Egido. El 13 de septiembre de 2017 clm21.es publicaba una información bajo el título “Caso Chiloeches: el gobierno regional trata de desmarcarse de exviceconsejero de Medio Ambiente”.
En aquella ocasión el portavoz del ejecutivo regional dijo “Es una persona particular que hace un año que no forma parte del Gobierno”. En enero de 2018 el exviceconsejero Sergio David González Egido fue nombrado secretario de Medio Ambiente en la Ejecutiva Municipal del PSOE de Guadalajara. O lo que es lo mismo, el portavoz mintió. Cabe pensar que ha hecho lo mismo en el caso de Joaquín Hermoso.
La autocomplacencia de Patricia Franco
Anda tan necesitado el gobierno de algún buen dato, que hasta los pírricos los presenta como el éxito nacional y del siglo. Eso o es que la consejera de Economía, Empresas y Empleo anda con el “jet lag” después de su viaje de vacaciones a China a gastos pagados de una semana de duración. Presentar en rueda de prensa como el no va más en la economía regional el hecho de que en el mes de mayo se crearan en nuestra Comunidad 263 empresas da idea de cómo está la economía y cómo la responsable de las políticas económicas.
La lectura real es que la creación de empresas en nuestra Comunidad encadena tres meses continuados de caída, que el mes de mayo ha tenido mejor comportamiento que el mes de mayo de 2017 y que el acumulado de los cinco primeros meses es mejor que el del mismo periodo de 2017, pero todavía está lejos de las cifras alcanzadas un año antes. Además, la destrucción de empresas en los primeros cinco meses de este año es la segunda mayor de la última década, sólo superada ligeramente en 2012, el año duro de la crisis. Esa es la lectura completa, con su cara y su cruz.
Hace tres años que se constituyó el gobierno actual y esta semana ha sido de balances. Clm21.es los ha venido ofreciendo con los datos oficiales objetivos. Y en materia económica hay uno incuestionable: Cuando la consejera actual y su presidente se hicieron cargo de las políticas económicas, esta región crecía en tasas trimestrales del 1%. En el primer trimestre de 2018 la economía regional creció el 0,5%, después de cerrar 2017 con una desaceleración del crecimiento del 20%. En los tres últimos meses de 2017 y en los tres primeros de 2018 el paro regional ha crecido el 12%. Con estas magnitudes no extraña que cualquier dato le sirva al gobierno para sacar pecho.
Dicho sea de paso, los datos de coyuntura apuntan a que en el segundo trimestre se ha producido una ligera inflexión y que, como es tradicional, las puertas del verano empujan la contratación y el crecimiento. Tanto es así que los empresarios de la región están esperanzados que sea así y confían en que el verano permita arreglar sus cuentas de resultados. El índice de confianza empresarial para el tercer trimestre marca un crecimiento del 4,4%, respecto al trimestre anterior, el mayor del país. Eso sí tras tres trimestre continuados de caídas. Fue lo mismo que pasó en 2017. Luego vinieron las caídas en otoño, invierno y primavera.
Aprobada la convocatoria de los cursos de menos de un año para inserción laboral, que cuestan al erario público más que un grado universitario
Y no fue el único anuncio que hizo Patricia Franco en rueda de prensa. Dijo que el gobierno había aprobado la convocatoria de los cursos de Formación Profesional para el empleo dotada con 23,8 millones de euros y que beneficiará a 7.500 personas. Las cuentas indican que esos cursos de menos de un año de duración cuestan a razón de casi 3.200 euros por alumno, lo mismo que algunos grados universitarios completos o másteres. Cuando clm21.es le hizo ver esta relación, la consejera aceptó el hecho y trató de explicarlo con las becas y gastos de desplazamiento que se cubren y que suponen unos 5 millones de euros. Se le olvidó decir que hay al menos otros 2,5 millones -la cifra puede llegar a triplicarse- que terminan en las entidades organizadoras de los cursos.
Y sea mucho o sea poco, se cumpla o no la relación coste/eficacia que obliga a la administración en su gestión, el consejero de Educación -responsable de la formación profesional- debería tirarse de los pelos, porque a él le recortan en profesores y despiden a sus interinos -también a los de FP- y el dinero se deriva por otras vías.
Los datos demuestran que algo no termina de funcionar en el sistema educativo, porque esta formación profesional para el empleo es heredera de la de hace unos años que se denominaba formación ocupacional y esta a su vez era heredera de los cursos de inserción laboral y así hasta llegar al Servicio de Empleo y Acción Formativa-Promoción Profesional Obrera (SEAF-PPO) de los años sesenta del siglo pasado. Exactamente el Plan Nacional de Promoción Profesional de Adultos, que incluía la “política de promoción social y acceso a la enseñanza y formación profesional”, nació hace 54 años, en 1964 en el marco y como elemento colaborador para el cumplimiento de los objetivos del I Plan de Desarrollo Económico y Social (1664-1967).
Han pasado más de dos generaciones y seguimos en las mismas. El tiempo confirma que este es un problema estructural del mercado de trabajo y del sistema educativo, que tras muchas reformas y muchos gobiernos, sigue sin abordarse con éxito. Y el sistema actual, como dicen los economistas cuando quieren señalar que el dinero se pierde sin llegar a su objetivo, es un cubo con bastantes agujeros. Y mientras tanto la FP sigue siendo la cenicienta, la hermana pobre del sistema educativo. Hay organizaciones empresariales, sindicales, profesionales y económicas que ingresan en sus cuentas por la realización de estos cursos. Sería bueno que obtuvieran esa financiación pública por otras vías, más directas y transparentes y, de una vez por todas, abordasen la reforma de la formación profesional para la inserción o reinserción laboral.