Carmen Olmedo

“Vemos disturbios en nuestro país hoy, precisamente defendiendo una supuesta libertad de expresión, que es más que cuestionable cuando se trata de llamar a la violencia o de llamar al ataque a determinadas personas por cumplir con sus obligaciones. Se puede entender que se defienda la libertad de expresión, pero lo que no se puede entender es que se haga con violencia, y además que esa violencia se ejerza muchas veces contra los propios medios de comunicación”. Las palabras de la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad Blanca Fernández, se producen tras las declaraciones de dirigentes de Podemos apoyando a “los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles” o desviando la atención y poniendo el foco sobre los periodistas y los medios de comunicación a los que acusan de “no hablar sobre la raíz del problema”. También se producen tras las declaraciones de Pablo Iglesias pidiendo que se establezcan mecanismos de control sobre los medios privados

Diez días después del comienzo del encierro en el pozo San Aquilino, a 50 metro bajo tierra, y horas después de una numerosa manifestación en las calles de Almadén (más de 4.000 personas), el gobierno regional empieza a tomar conciencia de la protesta, de cuyas causas, la despoblación y la depresión económica de la comarca en las últimas décadas, trata de desmarcarse. Ha sido la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Carmen Olmedo, la que ha tratado de convencer a la ciudadanía que el Gobierno de Castilla-La Mancha “seguirá trabajando, como lo ha venido haciendo durante estos cuatros años, para intentar revertir la situación de despoblación que se está produciendo tras la decadencia del mercurio, y que ha supuesto su principal fuente económica”. La delegada ha hecho un catálogo de las actuaciones del ejecutivo regional en la comarca, en contraposición a las demandas de los vecinos encerrados en la mina.