INVERSIÓN

Los gastos financieros de la Junta de Comunidades se han incrementado más de un 40% en el último año. A finales de noviembre, el gobierno regional ya había hecho frente al pago de 225 millones de euros por este concepto, cuando en la misma fecha del año pasado el desembolso era de 160 millones de euros. Esos fondos están destinados al pago de intereses de los créditos que tiene la Junta y a cubrir los gastos de formalización de los nuevos. Este gasto representa el 3,8% de lo que lleva realizado el gobierno.

Se frena el dinamismo empresarial en Castilla-La Mancha en lo que llevamos de año. Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que en los siete primeros meses se crearon en nuestra Comunidad 1.664 sociedades, un 18,57 por ciento menos que en igual periodo del año pasado. Esa caída en la creación de sociedades se dejó sentir también en el dinero puesto en circulación por las mismas. En concreto, en lo que va de año, las nuevas compañías se capitalizaron con un total de 40 millones de euros, 16 millones de euros menos que la producida el año pasado.

Los datos oficiales de los gastos realizados por el gobierno a finales de julio, revelan que de los 619,81 millones de euros que tiene destinados a financiar inversión productiva, el gobierno sólo se había gastado 118,52 millones de euros. Estos fondos de inversión productiva cubren las gestionadas directamente por el gobierno y los distintos planes de ayudas a la inversión de empresas, municipios y otros colectivos.

La caída de la inversión productiva por la Junta de Comunidades en los últimos trece años supera los 18,5 puntos. En este periodo que está marcado por los últimos presupuestos de los gobiernos de José Bono y de García-Page los recortes en la inversión superan los 1.000 millones de euros. Los servicios sociales han visto recortadas las inversiones en más de 445 millones.

El recorte de las inversiones públicas tiene un impacto negativo en el crecimiento económico y pone en riesgo la calidad de los servicios. Esa es la advertencia realizada desde diferentes grupos de estudios económicos a los gobiernos autonómicos al comprobar que muchos de ellos acuden a meter la tijera a los proyectos de inversión para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal.