servicios sociales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto en valor el diálogo llevado a cabo por todas las partes implicadas en la elaboración del Plan Estratégico de Acompañamiento Empresarial 2020-2023, que se ha firmado esta mañana, un diálogo que espera también se lleve a cabo hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque “de no liquidarse la deuda sobre un gasto de 2017, el agujero de las autonomías va a amenazar el Estado del Bienestar”.

El consistorio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) es uno de los 28 municipios de más de 20.000 habitantes del país con una inversión “excelente” en servicios sociales. Según publica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el presupuestos del ayuntamiento que dirige la socialista Rosa Melchor es de los que más y mejor invierte en servicios sociales de España. Pero el de Alcázar no es el único municipio castellano-manchego destacado del informe, que señala a otros tres consistorios de la región con una inversión social “pobre”, y otro más con inversión “precaria”.

Los trabajadores sociales de Castilla-La Mancha han puesto sobre la mesa la necesidad de contratar a más personal en las distintas áreas de servicios sociales de la región. Así quedó constatado en la Jornada de Evaluación de la Estrategia de Lucha contra la pobreza y la Desigualdad Social que tuvo lugar el pasado 10 de mayo en Albacete y cuyas conclusiones acaban de ser publicadas por la Red Europea de Lucha contra Pobreza y Exclusión Social de Castilla-La Mancha (EAPN-CLM)

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente regional, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que la ley que universalizará la atención temprana “como derecho” en Castilla-La Mancha será presentada en el primer año de Gobierno. “Si podemos detectar y tratar una enfermedad desde su comienzo, por qué no hacerlo”, ha reflexionado García-Page.

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha y actual presidente de la región, Emiliano García-Page ha expresado su compromiso de seguir avanzando en materia de dependencia en la próxima legislatura. En este sentido, ha puesto de manifiesto que cada año quiere crear 2.000 plazas nuevas en residencias directas o indirectas, 2.000 más de telasistencia “para que muchas personas en sus casas estén atendidas con un botón que les conecta con el mundo y con la seguridad”, y otras 2.000 de ayuda a domicilio para acabar con la lista de espera

La herida que abrió la crisis del ladrillo en la economía regional no termina de cerrarse. Sus secuelas todavía son visibles y el estallido ha provocado un cambio en el tejido productivo y laboral, que ha modificado la forma de hacer y de trabajar en nuestra Comunidad y su panorama social. Logística, hostelería, servicios sociales y servicios auxiliares han contribuido a cerrar parte de la profunda brecha abierta en una Comunidad en la que actualmente más de la mitad de la población (55,5%) trabaja en el comercio (14,45%), la industria manufacturera (14,32%), las actividades sanitarias y de servicios sociales (9,22%), la administración (8,9%) o la construcción (8,65%). El sector financiero, un actor también fundamental en la crisis, ha visto cómo desde 2010 hasta mediados de 2018 ha llegado a perder 10.300 empleos, casi la mitad de los que registraba en 2010, aunque en la segunda mitad del año pasado ha vuelto a recuperar y con fuerza parte de esa pérdida.

Clm21.es ha accedido al documento que el gobierno ha tenido guardado durante diez meses y en el que se detalla la gestión que el gabinete del presidente García-Page hizo durante el año pasado. Los papeles económicos de la Junta, el listado de la ejecución económica de cada uno de las partidas a finales de diciembre, revela que el Ejecutivo dejó sin gastar 500 millones de euros en relación al presupuesto inicial y 688 respecto al presupuesto definitivo. Ese tijeretazo afectó a los programas de protección y promoción social en 226 millones de euros, fundamentalmente de servicios de protección a los más desfavorecidos: discapacitados, dependientes, mayores… y de promoción del empleo. Otros 110 millones que se quedaron sin gastar afectan a la producción de bienes de carácter social, que encuadra los programas de sanidad, educación y vivienda.

El gobierno se gasta a buen ritmo el dinero que está destinado a los programas de producción de bienes públicos de carácter social. En esta categoría el mayor peso lo tienen Educación y Sanidad, que incluyen el pago de la gran nómina de profesores, maestros y personal sanitario. Sin embargo, al gobierno le cuesta más gestionar el dinero que va destinado a los sectores productivos y a los sectores sociales más desfavorecidos, así como al empleo.

La negociación del modelo de financiación autonómica ya no es cuestión de dos: Gobierno central y gobiernos regionales. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha introducido una nueva variable en el proceso, al plantear en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que los ayuntamientos están sobrefinanciados y podrían asumir competencias que ahora tienen las Comunidades Autónomas, en especial los servicios sociales y la atención a la dependencia. Esta propuesta abre el planteamiento a que exista una negociación global sobre el reparto de fondos entre todas las administraciones públicas territoriales: central, regionales y locales, y de la Seguridad Social.

Los gastos financieros de la Junta de Comunidades se han incrementado más de un 40% en el último año. A finales de noviembre, el gobierno regional ya había hecho frente al pago de 225 millones de euros por este concepto, cuando en la misma fecha del año pasado el desembolso era de 160 millones de euros. Esos fondos están destinados al pago de intereses de los créditos que tiene la Junta y a cubrir los gastos de formalización de los nuevos. Este gasto representa el 3,8% de lo que lleva realizado el gobierno.