El pacto incorpora la ordinalidad como principio rector: tras el reparto de recursos, ninguna comunidad debería quedar peor situada —en términos de financiación per cápita— que otra con menor capacidad fiscal. ERC sostiene que este criterio permitiría corregir desequilibrios históricos y reforzar la suficiencia financiera de Cataluña. Para Cataluña supondrá 4.700 millones de euros más.
En paralelo, el acuerdo se vincula a otras decisiones recientes del Ejecutivo, como la condonación parcial de deuda autonómica, que alivian tensiones presupuestarias a corto plazo.
Castilla-La Mancha: alivio inmediato, incógnitas de fondo
Para Castilla-La Mancha, el contexto es ambivalente. Por un lado, la quita de deuda aprobada por el Gobierno reduce de forma significativa su pasivo y libera margen financiero para políticas públicas esenciales. La región mantiene una ratio de deuda elevada en relación con su PIB, y cualquier reducción del servicio de la deuda supone oxígeno para sanidad, educación y servicios sociales.
Pero el nuevo debate sobre financiación introduce riesgos estructurales. Un modelo que refuerce el peso de la recaudación real y la ordinalidad, sin contrapesos suficientes, puede beneficiar a territorios con mayor base fiscal y tensionar a comunidades con dispersión geográfica, envejecimiento poblacional y mayores costes de prestación, como Castilla-La Mancha. De ahí que la Junta haya insistido en criterios como la población ajustada, el coste efectivo de los servicios y fondos transitorios que amortigüen el cambio de modelo.
El encaje territorial que falta
Las posiciones no son nuevas, pero el acuerdo con ERC acelera los tiempos. Mientras Cataluña exige blindajes para no perder posiciones relativas, varias comunidades —entre ellas Castilla-La Mancha— reclaman una negociación multilateral que garantice la equidad horizontal. El temor compartido es que los acuerdos bilaterales se traduzcan en un reparto menos solidario si no se fijan reglas comunes y transparentes.
El pacto anunciado hoy abre una ventana para modernizar un sistema de financiación caducado, pero también obliga a medir con precisión sus efectos colaterales. Para Castilla-La Mancha, la combinación de alivio financiero a corto plazo (condonación de deuda) y riesgo redistributivo a medio plazo (ordinalidad sin compensaciones) exige una estrategia clara: apoyar la reforma, sí, pero con garantías de suficiencia y cohesión.
En juego no está solo la aritmética fiscal, sino la capacidad de las comunidades para sostener servicios públicos en igualdad de condiciones. El debate que se abre ahora será decisivo para determinar si la nueva financiación corrige desequilibrios… o si, por el contrario, los profundiza.
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