Tras más de cuatro horas de reunión, los consejeros autonómicos coincidieron en denunciar que la propuesta nace de una negociación bilateral con el independentismo catalán y no de un planteamiento multilateral que garantice la igualdad entre territorios. El consejero de Hacienda de Murcia llegó a cifrar en “más del 95%” el rechazo de las comunidades presentes al nuevo modelo, mientras que desde Madrid se advirtió de que se utilizarán “todos los recursos legales” disponibles si el sistema acaba aprobándose.
Un modelo voluntario… pero con fuerte contestación
En un intento de rebajar la tensión, Montero comunicó a las comunidades que la adhesión al nuevo sistema de financiación será voluntaria, de modo que cada región podrá optar por incorporarse o mantenerse en el modelo vigente de 2009. Hacienda defiende que esta posibilidad ya está recogida en la ley actual y que el nuevo esquema aportaría 21.000 millones de euros adicionales al conjunto de las autonomías en 2027, hasta alcanzar un volumen total de recursos de 224.507 millones de euros.
El Ministerio también anunció el inicio de una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico antes de sacar la futura ley orgánica a audiencia pública y remitirla posteriormente al Congreso, con el objetivo de que entre en vigor en 2027. Sin embargo, estas explicaciones no han servido para frenar el rechazo político, que se extiende incluso a comunidades gobernadas por el PSOE.
Castilla-La Mancha marca líneas rojas
Entre esas voces críticas destaca con especial claridad Castilla-La Mancha, que ha calificado el modelo de “chantaje de los independentistas catalanes” y ha fijado como línea roja el principio de ordinalidad que reclama Cataluña. Para el Gobierno regional, este criterio rompe el principio de solidaridad y pone en riesgo la igualdad en el acceso a los servicios públicos.
El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha reiterado su oposición al sistema y se ha mostrado convencido de que “no debe salir adelante”. Aunque otras comunidades ya estudian recurrir la reforma ante el Tribunal Constitucional, Page apuesta por una estrategia distinta: “Primero hay que ganar la batalla política y después, si hace falta, la jurídica”, señaló, advirtiendo del riesgo de “ruptura de la igualdad de España”.
Desde el Ejecutivo regional, la portavoz Esther Padilla subraya que Castilla-La Mancha “lo tiene muy claro” y que su posición no responde a una cuestión partidista, sino a la defensa de la igualdad entre ciudadanos, “se lo decimos al PSOE, al PP y a cualquiera que quiera romper ese principio”.
El coste de la despoblación, en el centro del debate
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha puesto el acento en un elemento clave para Castilla-La Mancha: el sobrecoste de los servicios públicos en zonas despobladas. Según ha detallado, garantizar la educación en estas áreas exige más de 3.100 docentes adicionales y un gasto en transporte escolar que supera los 1.200 euros por alumno y año. En sanidad, la atención de emergencias en municipios como Molina de Aragón puede llegar a ser 37 veces más cara que en una capital de provincia.
“Todo esto tiene que pagarlo el conjunto del sistema de financiación”, ha defendido Guijarro, reforzando el argumento de que cualquier reforma debe tener en cuenta factores como la dispersión poblacional y el coste real de los servicios, y no solo el peso demográfico o la recaudación fiscal.
Con este posicionamiento, Castilla-La Mancha se sitúa como una de las comunidades que, aun gobernada por el PSOE, lidera la oposición política al nuevo modelo de financiación autonómica, reclamando una reforma consensuada, multilateral y basada en la igualdad efectiva entre territorios.
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