Según recoge el diario The Objective, los hechos se remontan a 2023, cuando los acusados lograron acceder al correo electrónico institucional del Consistorio. Desde esa cuenta oficial, enviaron a la Administración autonómica la documentación necesaria para tramitar el pago de una ayuda destinada a escuelas infantiles.
Un fraude con apariencia oficial
El éxito del engaño radicó en la combinación de acceso legítimo al correo municipal y la falsificación de documentos. Los estafadores remitieron un certificado bancario manipulado en el que figuraba una cuenta bajo su control, sustituyendo la oficial del Ayuntamiento.
Para dar mayor credibilidad a la operación, incluyeron una firma electrónica falsificada del alcalde e incluso suplantaron su identidad en el documento, haciéndose pasar directamente por el regidor municipal.
La solicitud no levantó sospechas en un primer momento. Al proceder de la dirección de correo oficial del Ayuntamiento, la Junta dio por válida la petición y ordenó el pago.
Más de 104.000 euros desviados
El 2 de mayo de 2023, la Administración autonómica transfirió un total de 104.866,40 euros a la cuenta indicada por los estafadores, completando así el fraude.
El dinero correspondía a una subvención previamente concedida, lo que facilitó la operación: los delincuentes no tuvieron que crear un expediente ficticio, sino simplemente alterar el destino de unos fondos ya aprobados.
De hecho, este patrón —conocido como fraude de “cambio de cuenta” en pagos públicos— se está extendiendo en distintas administraciones y afecta especialmente a pequeños municipios, donde los sistemas de control y ciberseguridad son más limitados.
El fraude salió a la luz posteriormente, cuando se detectó que los fondos no habían llegado a su destinatario legítimo. A partir de ese momento se inició una investigación que permitió reconstruir el mecanismo utilizado y la trazabilidad bancaria fue clave para identificar a los responsables y demostrar el recorrido del dinero.
Condena por estafa y falsedad documental
FInalmente, la investigación judicial ha acreditado que los acusados accedieron de forma ilícita al correo del Ayuntamiento y elaboraron documentación falsa para consumar el engaño. La sentencia los considera responsables de delitos de estafa y falsedad documental, tras demostrar que actuaron de manera coordinada para apropiarse del dinero público.
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