El informe, firmado por los economistas Oriol Carreras, Javier García y Zoel Martín, dibuja dos trayectorias posibles. La primera, más benigna, parte de un conflicto breve y con daños limitados sobre las infraestructuras energéticas. La segunda, claramente más adversa, asume varios meses de tensiones, impactos relevantes en el suministro energético y una extensión de las medidas fiscales de apoyo. Entre ambos extremos se mueve una horquilla de entre 0,2 y 0,9 puntos de PIB, reflejo —subrayan los autores— de la elevada volatilidad del contexto geopolítico.
El canal energético, clave: más inflación a corto plazo
El principal mecanismo de transmisión del shock sería el encarecimiento de la energía. Con un barril de petróleo en el entorno de los 85 dólares y el gas cerca de los 55 euros —niveles alineados con los futuros de marzo—, la inflación podría repuntar hasta un punto porcentual adicional sobre la previsión actual del 2,4%.
No obstante, la política fiscal emerge como elemento amortiguador. El paquete anticrisis del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez podría recortar ese impacto en unas cuatro décimas si se mantiene vigente hasta junio, situando la inflación media en torno al 3%. Este efecto contención, sin embargo, abre un dilema: prolongar las ayudas elevaría el coste fiscal, mientras que retirarlas antes podría intensificar el golpe sobre precios y consumo.
En este sentido, el informe apunta a la necesidad de una mayor focalización de las medidas en caso de extensión, priorizando a los colectivos más vulnerables para maximizar su eficacia.
Exposición limitada, pero con riesgos indirectos
Uno de los elementos que modera el diagnóstico es la escasa exposición directa de España a la región del Golfo Pérsico. Las exportaciones hacia esta zona apenas suponen el 2% del total —equivalente al 0,7% del PIB—, lo que limita el impacto comercial inmediato.
Sin embargo, el riesgo indirecto es más relevante. Una hipotética caída del 50% en las exportaciones de bienes a la región tendría un impacto relativamente acotado, pero un deterioro más amplio del entorno internacional sí podría pasar factura. De hecho, una desaceleración de un punto en los mercados de exportación restaría en torno a dos décimas al crecimiento español.
El factor monetario: impacto diferido
A estos elementos se suma la posible reacción del Banco Central Europeo. Los mercados descuentan entre dos y tres subidas de tipos en 2026. De materializarse un endurecimiento de 100 puntos básicos, el efecto sobre el PIB —estimado en una pérdida acumulada de unas cuatro décimas— se dejaría sentir principalmente en 2027, más que en el corto plazo.
Incertidumbre abierta
El análisis concluye con un mensaje claro: la evolución del conflicto será determinante. Una eventual tregua ayudaría a contener las tensiones inflacionistas, pero también podría acelerar la retirada de las medidas de apoyo. En cambio, un escenario prolongado obligaría a redoblar la respuesta fiscal en un contexto de márgenes presupuestarios cada vez más estrechos.
En definitiva, la crisis en Irán se perfila como un riesgo externo de primer orden para la economía española, no tanto por su impacto directo, sino por su capacidad para tensionar los precios energéticos, condicionar la política económica y erosionar el crecimiento en un momento todavía marcado por la fragilidad del ciclo internacional.
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