La decisión supone que dos de cada tres euros de esta nueva línea estatal de vivienda irán a Cataluña, donde existen 271 municipios declarados como zonas tensionadas. En conjunto, las cinco comunidades beneficiarias reúnen 317 municipios y más de nueve millones de habitantes.
El Ministerio de Vivienda defiende que no se trata de una asignación discrecional, sino de un reparto calculado en función de la población residente en las zonas declaradas y del porcentaje de hogares que soportan un sobreesfuerzo para pagar el alquiler. El propio Gobierno sostiene que Cataluña concentra la mayor cuantía porque es también el territorio con más zonas tensionadas.
Sin embargo, el mecanismo introduce una cuestión relevante desde el punto de vista territorial: para acceder a estos 180 millones no basta con que exista un problema de acceso a la vivienda; es necesario que la comunidad autónoma haya declarado formalmente zonas de mercado residencial tensionado.
Los datos oficiales confirman que Cataluña concentra además el 85,5% de los municipios incluidos en el programa, frente al 14,5% que corresponde al resto de comunidades beneficiarias.
La diferencia resulta especialmente llamativa si se compara el número de municipios con los fondos recibidos. Cataluña obtiene 119,4 millones para 271 municipios, mientras que Galicia recibe 10,2 millones para únicamente dos ciudades, A Coruña y Santiago de Compostela. El criterio no es, por tanto, una cantidad fija por municipio, sino que pondera la población afectada y el esfuerzo económico de los hogares.
El Gobierno ya había utilizado esos criterios para justificar una primera distribución de 90 millones planteada en septiembre. Entonces el Ministerio señalaba que en Cataluña residían 7,4 millones de personas en las zonas tensionadas y que el 9,15% de los hogares soportaba un esfuerzo superior al 40% de sus ingresos netos para pagar el alquiler.
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