La inmobiliaria ha trasladado al supervisor sus objeciones al informe concursal y sostiene que este no acredita la inviabilidad de la empresa ni pondera suficientemente las consecuencias que tendría una eventual liquidación para los acreedores.
Urbas presentó el pasado 19 de octubre ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 2, un plan de viabilidad actualizado acompañado de un informe elaborado por el experto independiente Crowe Accelera Management. Según las previsiones incluidas en este documento, la compañía podría generar 214,9 millones de euros de caja destinados al servicio de la deuda, frente a unos pagos concursales estimados en 144,3 millones.
El escenario base arrojaría así un margen de 70,6 millones de euros. Incluso en un escenario desfavorable, que contempla una reducción del 10% en las desinversiones previstas y retrasos parciales en los cobros, la caja disponible alcanzaría los 194 millones, lo que dejaría un margen positivo de 49,7 millones.
La compañía considera que estas cifras demuestran que puede cumplir el convenio incluso incorporando escenarios adversos y las reservas planteadas por la administración concursal. Por ello, ha pedido a los acreedores que todavía no se han adherido a su propuesta que la apoyen y a aquellos que han manifestado su oposición que reconsideren su posición.
Urbas asegura que ya cuenta con las adhesiones necesarias
La empresa asegura que, de acuerdo con sus propios cálculos, habría alcanzado ya el nivel de adhesiones necesario para que el convenio pueda ser aprobado.
En un escrito presentado ante el juzgado el pasado 22 de septiembre, Urbas cuantificó en 54,7 millones de euros el pasivo adherido a su propuesta, frente a 24,57 millones de euros correspondientes al pasivo que se había opuesto.
La compañía, no obstante, mantiene una discrepancia con la administración concursal sobre dos créditos de elevado importe que habían votado a favor del convenio y que finalmente fueron excluidos de las adhesiones. Tanto Urbas como los titulares de esos créditos defienden su existencia, por lo que la controversia tendrá que resolverse durante la tramitación del procedimiento.
El calendario planteado establece el pago de los créditos privilegiados a los doce meses de la entrada en vigor del convenio, mientras que los créditos ordinarios se abonarían en un plazo de tres años. Los subordinados se pagarían nueve meses después de que se haya completado el pago de los ordinarios.
Además, la compañía contempla la posibilidad de realizar amortizaciones anticipadas de hasta el 10% de la deuda durante el primer año y de un 15% adicional durante el segundo, siempre que la generación de caja permita adelantar esos pagos.
La compañía advierte del impacto de una liquidación
Urbas contrapone este escenario de continuidad a los riesgos que, a su juicio, supondría una eventual liquidación. La compañía sostiene que el proceso podría reducir las expectativas de recuperación de los acreedores debido a la incertidumbre sobre el precio al que podrían venderse los activos, los costes asociados al procedimiento y los plazos necesarios para convertirlos en liquidez.
De acuerdo con las cifras del informe de la administración concursal reproducidas por Urbas, el activo tendría un valor aproximado de 520 millones de euros en un escenario de continuidad, mientras que su valoración descendería hasta 301,8 millones en caso de liquidación. El pasivo reconocido asciende a 126,9 millones.
La compañía advierte, sin embargo, de que estas valoraciones no garantizan que los acreedores vayan a recuperar íntegramente sus créditos, ya que los importes finalmente obtenidos mediante la venta de activos podrían ser inferiores a las estimaciones.
A este factor suma los litigios que mantiene con RS Lender y sus filiales en diferentes jurisdicciones, relacionados con una financiación cuyo principal inicial ascendía a 79 millones de euros. Urbas sostiene que una liquidación dificultaría la defensa de estos procedimientos al comprometer los recursos y la coordinación necesarios para mantenerlos.
La empresa estima además que, si prosperasen las reclamaciones planteadas por la contraparte, el pasivo conjunto podría situarse en torno a los 450 millones de euros, incluyendo intereses y costas. Urbas cuestiona, no obstante, los importes reclamados y sostiene que existen duplicidades en algunas reclamaciones y discrepancias sobre el valor de determinadas garantías ejecutadas.
En este contexto, la compañía defiende que el convenio permitiría preservar la estructura empresarial y mantener los recursos necesarios para continuar con la defensa jurídica en estos procedimientos.
Urbas rechaza que la insolvencia comenzara en 2021
La inmobiliaria también ha rechazado una de las conclusiones que atribuye al informe de la administración concursal: que el origen de la insolvencia se remonte a diciembre de 2021.
Urbas sostiene que en aquel momento se encontraba inmersa en un proceso de reestructuración financiera y considera que no se ha acreditado que existiera entonces una imposibilidad generalizada para atender sus obligaciones exigibles.
Asimismo, la compañía niega haber incumplido sus obligaciones de colaboración con la administración concursal y el juzgado. Según su versión, ha aportado información a través de comunicaciones, reuniones y documentación, pese a la complejidad de un grupo empresarial integrado por más de un centenar de sociedades.
La empresa también señala que determinados acontecimientos posteriores han reducido algunos de los riesgos que habían condicionado su actividad y cita entre ellos decisiones judiciales recientes que, a su juicio, favorecen su posición en los procedimientos abiertos.
Con su propuesta de convenio, Urbas busca así evitar la liquidación y mantener la actividad del grupo, planteando a los acreedores una alternativa basada en el pago íntegro de los créditos afectados y en una generación de caja que, según sus propias proyecciones, permitiría atender los compromisos asumidos incluso bajo escenarios adversos.
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