El informe de la AIReF vuelve a poner de manifiesto el déficit estructural de Castilla-La Mancha, una región en la que los ingresos crecen sustancialmente por debajo de lo que lo hace el conjunto de Comunidades Autónomas. Este elemento es determinante para que, a pesar de que el gasto sea más contenido, la Comunidad tenga problemas para cumplir los objetivos de estabilidad.
La AIReF es más pesimista que en su informe de abril y discrepa con el gobierno de Castilla-La Mancha en que el gobierno central vaya a neutralizar el impacto en las cuentas de nuestra comunidad del nuevo modelo de contabilización del IVA por el Sistema de Información Inmediata. La medida en cuestión supone que no lleguen a Castilla-La Mancha 120 millones de euros de entregas a cuenta del IVA, lo que conllevaría un déficit del 0,3% del PIB, según la AIReF, equivalente por sí mismo al triple del que puede alcanzar la Región en 2019. En cambio la Autoridad Fiscal da por buenas el resto de previsiones de entregas a cuenta anunciadas en julio del año pasado y que, en principio, no pueden hacerse efectivas porque no están respaldadas por los Presupuestos Generales, que el gobierno central no logró sacar adelante.
Caída del peso de la Junta en el PIB
Asimismo, la AIReF contempla una pérdida del sector regional en el peso del Producto Interior Bruto. En el caso de los ingresos, estima que la pérdida será de dos décimas adicionales a las tres que se pierde por la no entrega a cuenta de una mensualidad de IVA. Considera que aunque las entregas a cuenta crecerán en torno al 3%, el resto de los ingresos caerán especialmente por la no reiteración de fondos de la Unión Europea. Esta situación supondrá que el crecimiento total de los ingresos no alcance el 1%, con una caída de 0,5 puntos en su peso en el PIB.
En el apartado de gastos la Junta prevé que crecerán en 70 millones. Por su parte la Autoridad considera en su informe sobre nuestra Comunidad que crecerán en torno al 3%, aunque habrá partidas, como las de personal, que lo hagan en un 4%.
Respecto a la regla de gasto que limita el crecimiento del conjunto de las principales partidas a un 2,7% respecto al año pasado, la AIReF también es pesimista y señala que “bajo las previsiones de evolución de los empleos (gastos), los datos publicados sobre la regla de gasto al cierre de 2018 y, especialmente, la información disponible sobre la evolución esperada de los componentes de la regla en 2019, se acentúa el riesgo apreciado en el informe de abril. Se estima un crecimiento del gasto computable muy superior a la tasa de referencia del 2,7%, condicionado por el efecto de la variación negativa de los fondos de la UE esperada en 2019”.
En cuanto al tercer objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el de la deuda pública, el organismo independiente proyecta una ratio de deuda total del 34,3% del PIB. Lo que hace viable el cumplimiento que este año está establecido en el 34,1%. Hay que tener en cuenta que de cara al cumplimiento de ese objetivo hay determinada deuda que no computa, lo que hace posible el cumplimiento del objetivo. No obstante considera respecto a la deuda que “el riesgo para la sostenibilidad de Castilla-La Mancha es “muy alto”, el máximo nivel en su escala de valoración.
La AiRef recoge la calificación que hacen las principales agencias sobre la deuda de nuestra Comunidad y señala que “La agencia de calificación Moody’s sitúa la deuda a largo plazo dentro de la categoría de grado especulativo (Ba1), mientras que Fitch la considera grado de inversión (BBB-), aunque en su límite más bajo”.
El documento se extiende sobre el capítulo de endeudamiento y dice que “Durante el periodo 2013-2018, el nivel de deuda de la comunidad ha pasado del 30,7% al 35,1% del PIB. De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, la deuda de Castilla-La Mancha asciende al 35,1% del PIB al cierre de 2018. En relación al conjunto de CC.AA., la deuda de la comunidad se sitúa más de 10 puntos porcentuales por encima del subsector que, a esa fecha, alcanza el 24,3% del PIB”.
El informe de la AIReF vuelve a poner de manifiesto el déficit estructural de Castilla-La Mancha, donde los ingresos crecen sustancialmente por debajo de lo que lo hace el conjunto de Comunidades Autónomas
A continuación señala también respecto a Castilla-La Mancha que “en los últimos 4 años, con el inicio de la recuperación económica, la ratio de deuda se ha estabilizado en valores ligeramente superiores al 35 por ciento, a pesar de que el crecimiento acumulado ha contribuido a reducir la ratio en más de 5 puntos de PIB. Desde el comienzo de la crisis en 2007, la ratio de deuda sobre el PIB ha aumentado en más de 31 puntos hasta el máximo alcanzado en 2016”.
Otro de los datos que la AIReF destaca del endeudamiento es que desde 2013 en que se fijaron los objetivos de deuda, nuestra Comunidad ha cumplido todos los años menos el primero y en la mitad de las ocasiones no ha agotado el margen. Sólo en los dos últimos ejercicios(2017 y 2018) se produjo ese agotamiento del margen y la Comunidad llegó al límite máximo permitido.
Respecto al déficit, el informe señala que 2013 la comunidad lo ha reducido en 1,7 puntos de PIB, si bien nueve décimas de esa disminución “son consecuencia de la reducción de intereses y, el resto, de operaciones no recurrentes (extraordinarios)”. Esa reducción se anula si no se tienen en cuenta los gastos de intereses ni las operaciones extraordinarias. Esa situación se da en un contexto en el que el conjunto de Comunidades sí logran reducir en 0,9 puntos ese déficit.
Y es que en Castilla-La Mancha, en este periodo, los gastos y los ingresos han crecido en promedio por debajo del subsector. El gasto primario de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha ha crecido en promedio desde 2013 hasta 2018 un 1,6%, una décima inferior al promedio del subsector. Por su parte, sus ingresos han aumentado en promedio un 1,7%, por debajo del crecimiento promedio del subsector que alcanzó el 3%, como consecuencia de la caída de los ingresos distintos a los derivados del sistema de financiación, fundamentalmente los derivados de fondos de la UE y ventas de bienes y servicios.
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