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Las cataratas y las hernias, con más de 10.500 pacientes en espera, colapsan la sanidad regional
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(Foto: Abel Martínez // SESCAM)

Las cataratas y las hernias, con más de 10.500 pacientes en espera, colapsan la sanidad regional

  • De los 35.633 pacientes en espera contabilizados en el último informe oficial, 16.194 estaban dentro de la lista estructural, de ellos 8.335 eran por cataratas y 2.198 por hernias inguinales
  • Con el 4,35% de los habitantes de España, la región acumula el 6,97% de la lista quirúrgica estructural del país

lunes 26 de agosto de 2019, 19:10h
La lista de pacientes que aguardan ser operados se ha convertido en uno de los principales problemas en lo que supone la prestación de los servicios públicos en la Región. Falta de dinero, de especialistas, de instalaciones… Son las principales razones que se esgrimen cuando desde la política se aborda este problema que desde el gobierno se relativiza y desde la oposición se utiliza como ariete. Clm21.es ofrece hoy el primero de varios reportajes en profundidad sobre la situación de la lista quirúrgica, que a finales de julio afectaba a 38.005 ciudadanos, de los que casi 12.000 llevaban más de seis meses en espera.
Casi la mitad de la lista de espera quirúrgica contabilizada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) es estructural, según los datos del Ministerio de Sanidad. En concreto son 16.194 del total de 35.633 que se contabilizaron en el último informe, con datos de junio de 2018 (el próximo, referido a diciembre del año pasado verá la luz el próximo otoño). La lista se ha triplicado desde 2014 y si en la región en diciembre de 2014 sólo afectaba a pacientes que esperaban a ser intervenidos por cataratas (5.362) o para una prótesis de cadera (319), hoy se extiende a once tipos diferentes de procedimientos. En junio de 2018, Castilla-la Mancha con una población que representaba el 4,35% de España, acumulaba el 6,97% de la lista estructural del Sistema Nacional de Salud.

Dicen unos -los que gobiernan- que la causa de ese problema estructural es que faltan especialistas, y entre ellos citan a anestesistas, o quirófanos porque se paralizaron las inversiones por el gobierno anterior y se despidió personal y no se ofrecieron suficientes plazas de formación de residentes. Dicen otros -los que están en la oposición- que es por una mala gestión de los recursos- y algunos colectivos profesionales se quejan de las infracontrataciones y de que existen unas malas condiciones laborales. El Colegio Estatal de Sindicatos Médicos señalaba en un informe a finales del año pasado que desde 2010 a 2014 los médicos españoles sufrieron un descenso de entre el 25% y el 30%. Y las peores contrataciones han terminado por impulsar la emigración de médicos españoles altamente preparados a otros países, especialmente los comunitarios, donde tienen mejores retribuciones. También la disputa entre Comunidades Autónomas por hacerse a golpe de talonario de algunos de los médicos cuyas especialidades son más demandadas y de las que existen déficit de titulados. Todos ponen causa a la existencia de unas elevadas listas de espera y al incremento de los tiempos de atención.

Un mal que afecta a todas las regiones

Lo cierto es que es un mal que afecta a todas las regiones sin distinción, aunque en la nuestra tres años y medio antes era prácticamente testimonial en comparación con el resto del país. La situación se ha ido deteriorando semestre a semestre, salvo en los seis primeros meses de 2017 en los que se logró rebajar la cifra de 17.613 a 14.534. A partir de esa fecha, se retomó el deterioro y el número de pacientes volvió a subir.

Consciente de esta situación y de la oportunidad de negocio, el sector privado se ha ofrecido a firmar un convenio con cada Comunidad Autónoma para acabar con esa espera que tiene su origen en los déficits estructurales de la sanidad pública. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha en declaraciones públicas se mostró contrario a llegar a ese acuerdo, porque considera que no es necesario. No obstante, la Comunidad ha aumentado el gasto en derivaciones de pacientes a las clínicas privadas para su atención, ya sean de pruebas diagnósticas, terapias o intervenciones quirúrgicas. El gobierno anterior recurrió a estos gastos como medida de choque frente a las elevadas listas que se le habían acumulado por los recortes en los servicios de salud y logró reducirlas considerablemente, hasta el punto de dejar la lista estructural reducida a dos procedimientos: cataratas y prótesis de cadera.

Otros datos que dan la magnitud del problema que el déficit estructural tiene en la sanidad pública regional es que, además de representar el 6,97% del total del Sistema Nacional (a pesar de que la población es el 4,35%) en los once procedimientos contabilizados por el Ministerio los tiempos medios de espera son en la región de 125 días frente a los 78 del conjunto del país. Además si dentro de esa lista estructural los pacientes que deben esperar más de seis meses a nivel nacional son el 8,5%, en Castilla-La Mancha llega a al 24,1%. Dicho de otro modo y redondeando las cifras, a nivel nacional es uno de cada diez pacientes en espera estructural el que aguarda más de seis meses y en Castilla-La Mancha es uno de cada cuatro.

El impacto económico de terminar con la lista de espera estructural en Castilla-La Mancha se estima en 55 millones de euros. Si se sumase el impacto de la no estructural, el coste rondaría los 100 millones de euros. El problema de la sanidad pública se ha convertido en una oportunidad de negocio para la privada, que pretender ir más allá de colaboraciones limitadas y ha ofrecido un convenio de colaboración para acabar con el problema que hoy aqueja a la sanidad española en general y a la castellano-manchega en particular.

Los datos de junio de 2019 en comparación con los del mismo mes de 2015 ponen de manifiesto que la Junta ha aumentado el gasto en derivaciones sanitarias un 69%. Apoyarse en la privada para la atención a los pacientes de la región se ha traducido en un incremento de 13 millones de euros en el primer semestre de 2019 en relación al mismo periodo de hace cuatro años. El grupo sanitario privado más fuerte de España, IDCQ Hospitales y Sanidad, propiedad de la alemana Fresenius, se convirtió en 2018 en el principal proveedor de servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a cuyo gobierno facturó 27,68 millones de euros por la atención de pacientes de la sanidad pública castellano-manchega en las clínicas privadas de la multinacional.

Pero este incremento no ha sido suficiente para atajar el problema y sólo ha conseguido que no adquiera mayores proporciones. No obstante, aunque la lista de espera quirúrgica haya aumentado en 3.870 pacientes durante los últimos cuatro años (11,76%), por especialidades la evolución es muy diferente. Mientras que en dermatología se produce una reducción de 2.019 pacientes y en digestivo de 2.058, en traumatología el incremento en el periodo junio 2015-junio 2019, es de 2.999 personas.

Una de las patologías que ha disparado las listas de espera han sido las cataratas que entre diciembre de 2014 y junio de 2018 (últimos datos desagregados por procesos) ha subido en casi 3.000 casos y con 8.335 pacientes representa ya la mitad de la lista estructural del sistema regional de salud. El siguiente proceso con mayor déficit estructural en la región es el de hernias inguinales que padecen 2.198 ciudadanos pendientes de operar

En 2014 uno de cada tres pacientes de la lista estructural y uno de cada seis de quirúrgica total era por cataratas. En 2018 la proporción ha pasado a ser de uno de cada dos de la estructural y uno de cada cuatro (23,4%) de la total. Es una patología que, por lo común, suele afectar a personas de edad más avanzada, cuya intervención suele ser ambulatoria y no requiere ingreso hospitalario, se realiza con anestesia tópica y dura apenas veinte minutos. El coste en la sanidad privada varía entre los 1.500 euros y los 2.000 según se implante una lente monofocal o trifocal. La sanidad pública suele implantar la monofocal, por lo que acabar con la lista de espera de cataratas y reducir en una cuarta parte la lista quirúrgica total y a la mitad la estructural tendría un impacto en las arcas públicas de 12,5 millones de euros, a precio de mercado. Un precio que, en el caso de las intervenciones que requieren hospitalización no suelen variar mucho del coste público.
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