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García-Page en la reunión con Lambán.
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García-Page en la reunión con Lambán. (Foto: José Ramón Márquez // JCCM)

Los servicios públicos regionales comienzan a padecer la retención de fondos de la financiación autonómica por el gobierno central

jueves 19 de septiembre de 2019, 20:42h
Antes de que termine el mes, es decir en el plazo de diez días, el gobierno regional presentará el presupuesto para 2020. Nace con una hipoteca y es el bloqueo nacional, que afecta al incremento anual de la financiación autonómica, repitiéndose así la situación que se está viviendo en 2019. En este año la parálisis nacional le cuesta a Castilla-La Mancha 360 millones de euros en ingresos y el impacto global, el agujero que hace en las cuentas regionales, es de casi 500 millones de euros. Si no se desbloquea la situación política nacional, habrá que sumar el impacto en 2020. El agujero presente empieza a notarse en los servicios públicos.
Las cuentas públicas que ha publicado el gobierno esta misma semana ya reflejan una reducción del gasto en la atención integral a la salud en los ocho primeros meses del año. El SESCAM lleva gastados 30 millones menos que a la misma altura del año pasado. Los gestores han hecho frente religiosamente a las nóminas y a los contratos de inversión y han apretado para tratar de contener el gasto en las partidas más imprevisibles y que son las que terminan haciendo el agujero en las cuentas de todas las Comunidades Autónomas: la farmacia y el material sanitario.

Para hacerse una idea de la magnitud del problema que supone la retención por el Ministerio de los fondos a causa de la parálisis nacional, baste señalar que el gasto sanitario de nuestra Comunidad supone 4 de cada 10 euros que gestiona la Junta. Esa relación aumenta cuando se eliminan en la ecuación las partidas en las que el gobierno regional hace sólo de caja pagadora o de tramitador de expedientes. Descontados esos fondos en los que el gobierno no tiene capacidad de decisión, el gasto sanitario supone más de la mitad de los fondos gestionados por la Comunidad Autónoma.

Esta misma semana, tras la reunión que mantuvo con el presidente de Aragón, Javier Lambán, el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page ha hecho una referencia al problema y ha advertido del impacto en los servicios públicos, algo que se trata de evitar desde el Ejecutivo

Y es que no sólo es la sanidad, el curso escolar y los servicios sociales también tienen que lidiar con el imponderable de los fondos. El Consejo de Gobierno desbloqueaba esta semana algunos pagos en otros servicios como los proyectos de acogimiento de menores y financiación de programas de ocupación y empleo de personas con discapacidad…

La retención de los fondos por el gobierno central tiene su origen en la falta de presupuesto nacional que de respaldo jurídico a esos fondos. El calendario que se avecina no invita al optimismo. Con una convocatoria electoral para finales de noviembre´, en el mejor de los casos y siempre que sea posible formar gobierno, este no entrará en funcionamiento antes del año que viene. A partir de ahí tiene que elaborar un proyecto de presupuestos en cuya elaboración y tramitación se tarda no menos de tres meses, lo que anticipa que, en el mejor de los casos, hasta la primavera, no podrá haber unos Presupuestos Generales del Estado.

En la hipótesis más favorables, los gobiernos autonómicos, incluido el de Castilla-La Mancha, no podrán disponer de las actualizaciones de 2019 y 2020 hasta casi la mitad del año, lo que agravará las tensiones de sus tesorerías, con aumento del endeudamiento financiero a corto mediante pólizas de crédito, aumento del plazo de pago a proveedores, y aumento de la deuda no financiera (facturas de contratistas de obras y servicios) y un aumento del déficit público.
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