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El anuncio del pacto de gobierno genera cambios en los mercados y los inversores repliegan sus posiciones en los sectores más expuestos a una subida fiscal
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El anuncio del pacto de gobierno genera cambios en los mercados y los inversores repliegan sus posiciones en los sectores más expuestos a una subida fiscal

  • España precisa de 32.000 millones para cubrir adecuadamente pensiones, sanidad, educación y servicios sociales
  • Los bancos pierden 6.200 millones en dos días y las patrimonialista del alquiler se han ido a mínimos anuales
  • Prudencia y movimientos en automoción y energéticas

jueves 14 de noviembre de 2019, 21:09h
Hay un principio en economía que reza: “No hay nada más cobarde que un millón de dólares”. En las decisiones sobre inversiones financieras pesan tanto las previsiones de rentabilidad como el miedo al futuro. Y los inversores, tras las elecciones del 10 de noviembre, empiezan a dejarse llevar por esos cálculos, de rentabilidad y de miedo.
Los partidos progresistas presentan un programa de recuperación y avance sociales financiado con una elevación de la carga fiscal. El objetivo es más que loable, pero los inversores no están dispuestos a perder la rentabilidad y empiezan a mostrar desconfianza ante el escenario que se les abre y ya se han iniciado la retirada de su dinero. Saben que, a corto, esa carga fiscal recae sobre ellos, aunque, a medio y largo plazo se la trasladen a los ciudadanos, que finalmente seremos los que terminaremos por pagar esa subida fiscal. Y el dinero prefiere refugiarse en otros nichos de mayor rentabilidad, menor incertidumbre y alejado de las alteraciones de las reglas de juego.

Así las cosas, el reto del nuevo gobierno es lograr que la economía y el empleo no sólo no se vean afectadas por sus decisiones y por la retirada de la inversión privada. Muy al contrario, que sus políticas contribuyan a establecer un nuevo marco económico, más sostenible, y que impulse el crecimiento y el empleo.

Tras conocerse el principio de acuerdo entre Sánchez y Podemos, los inversores han empezado a retirarse de los sectores que más pueden verse afectados por ese incremento de la presión fiscal. Los bancos perdieron en menos de dos días 6.200 millones de su capitalización. De ellos 500 millones se los apunta Bankia.

Las principales socimis (empresas patrimonialistas de inversión inmobiliaria) Merlín, Metrovacesa y Colonial caen en bolsa y están en mínimos anuales. Las empresas energéticas quieren que Podemos no logre imponer su programa sectorial. Las eléctricas están preocupadas porque se puedan pasar a gestión públicas de las centrales las hidráulicas en la medida que vayan caducando las concesiones y que se recorte la vida de las nucleares.

El sector de automoción ya sufrió la sacudida meses atrás del anuncio de fecha de caducidad al diesel y del incremento de la fiscalidad a los combustibles fósiles. Hay preocupación en los gestores de los fondos de pensiones, por la propuesta de eliminar los incentivos fiscales, lo que puede recortar el ahorro de las familias a través de esos instrumentos que, finalmente se destinan a inversiones.

Podemos apuesta para que en el mercado haya al menos un operador público en los sectores bancarios y energéticos y mantiene la intervención en el mercado inmobiliario no tanto con mayor inversión pública, sino penalizando fiscalmente al sector privado con concentración de pisos vacíos. Quiere “la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca”, entre otras medidas fiscales.

Hay otras medidas del bloque progresistas que entre los empresarios tienen sus defensores y sus detractores. Es el caso de la subida del salario mínimo. Hay quien sostiene que esa medida retraerá las contrataciones y supondrá mayor carga sobre todo a los autónomos con personal asalariado. Otros consideran que, el aumento se traducirá en más dinero en manos de las familias y, por tanto en una mayor capacidad de compra.

Desde las formaciones liberales y conservadoras se teme que la subida fiscal termine por retraer la inversión, que la economía crezca menos y que se genere menos empleo, lo que traducido a dinero en el sector público supondría caída de ingresos por una menor actividad económica y por menor renta familiar disponible y un incremento del gasto en prestaciones sociales y por desempleo.

Lo cierto y verdad es que el Estado precisa de 32.000 millones para garantizar el Estado del Bienestar, como ya se ha dicho desde estas páginas en varias ocasiones. El déficit de las pensiones se come la mitad de esos fondos y la otra mitad la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Es evidente que hay que buscar el equilibrio del sistema y que este llega a través de los ingresos, de los gastos o de ambos. En cuanto a la reformas estructurales del gasto, Podemos fue la única formación que votó en contra del nuevo acuerdo del Pacto de Toledo, sobre el futuro de las pensiones. Ahora la cosa se complica, con una formación ultraconservadora, Vox, que apuesta por un sistema de capitalización, que puede ser solución de futuro, pero que complica los pagos inmediatos a una generación larga de españoles que están en el mercado de trabajo.

La sanidad tiene en el gasto farmacéutico su principal problema para la sostenibilidad, creciendo por encima del gasto total y por encima del crecimiento económico general. Sirva como ejemplo los más de 1.000 millones que tiene que pagar la Junta de Comunidades cada año y que conforman la factura más grande del presupuesto regional, tras las nóminas del personal y los pagos de la deuda pública. El año pasado el gasto farmacéutico en toda España llegó a los 22.550 millones de euros, un 4,6% más que en 2017.

Pero si España recauda ya más que antes de la crisis ¿dónde está el problema?. Una de las causas está en el elevado coste de la deuda pública. Desde 2008, la deuda pública española se ha casi triplicado y los intereses se han duplicado. De los 440 millones de euros de endeudamiento, España ha pasado a 1,2 billones (agosto de 2019), cuantía esta última a la que hay que sumar otros 200.000 millones de deuda oculta o no contabilizada. Según los últimos datos disponibles de enero de este año, el pago por intereses de estos créditos supera los 32.000 millones de euros anuales. En 2008 el importe fue de mitad: 15.928 millones de euros.
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