Las conclusiones de los dos debates electorales en clave económica

La primera conclusión es, a juzgar por las audiencias, que los debates interesan a los ciudadanos, son necesarios y clarificadores, mucho más que todos los otros elementos de campaña como la publicidad o los mítines. Por tanto acierta Pablo Iglesias cuando propone que se incluyan y se regulen en la ley electoral.

La segunda es que todos los partidos tienen cosas buenas en sus programas, algunas medidas que ocultan, otras que callan, otras de dudosa bondad y otras que se basan en la experiencia de lo que han hecho.

Sin duda el debate entre los dos bloques ideológicos se produjo sobre el modelo económico y social, sobre los impuestos y su repercusión en el gasto público, porque la política se hace con dinero y ese dinero llega de los impuestos. Y dentro de cada bloque hubo matices. El dinero, la riqueza, es limitada y se reparte entre los ciudadanos y empresas por un lado y las administraciones por otro. La subida de impuestos supone un trasvase directo e inmediato de dinero del bolsillo de los ciudadanos a los gobiernos. Y con ese dinero funciona la administración y los servicios públicos. Y ese fue un eje central de los debates. Hubo otro sobre determinados derechos civiles y/o morales.

La posición de liberales y conservadores

Liberales y conservadores mantienen que sin subir o bajando impuestos las empresas invierten y crean empleo y los ciudadanos consumen. Eso supone que se recauda más por IVA, IRPF, e impuestos especiales, que hay más cotizantes a la Seguridad Social y que por tanto sin subir los impuestos se genera tanta o más recaudación para las arcas públicas que subiéndolos y se crea más empleo, se subsidia menos y se estimula la motivación de ciudadanos y empresas.

La postura de la socialdemocracia y de la extrema izquierda

La izquierda mantiene en cambio que es necesaria mayor intervención del Estado vía impuestos para corregir desequilibrios y eso supone que empresas y ciudadanos en general tengan menos dinero, que pasa al Estado para que este lleve a cabo determinadas políticas. El Estado recauda más, pero la consecuencia es que el dinero en circulación termina por ser menor. Aumenta el consumo público y la inversión pública, pero disminuye el consumo privado y la inversión privada. Y en esa medida aparecen nuevos desequilibrios en empresas y familias.

Podemos plantea una subida de impuesto en la legislatura que sobrepase los 50.000 millones de euros anuales y retocar determinados impuestos para colectivos concretos. El PSOE un incremento fiscal que aunque, se valora el primer año en 6.000 millones, terminaría en el segundo en no menos de 24.000 millones, por el programa de políticas sociales a aplicar por las distintas administraciones. Ciudadanos plantea mantener el esquema actual con ligeras modificaciones, como la supresión de determinadas figuras impositivas, como las que gravan sucesiones y donaciones. Y el PP va más allá y propone suprimir más impuestos (también actos jurídicos, patrimonio) y reducir otros (sociedades)

Y en ese juego se dijeron medias verdades, se torcieron cifras y se jugó con la sensibilidad y las necesidades de los ciudadanos para tratar de captar su voto. Hubo quien se dirigió a los autónomos, a las “Kellys”, otros a los propietarios de una segunda vivienda que pone en alquiler, a los mileuristas, a los ciudadanos con empleo precario…

A la búsqueda de la financiación para cubrir las pensiones

Vayamos por partes. Más allá de la parafernalia política, los diez meses de mandato de Pedro Sánchez han tratado de buscar una solución al déficit de la Seguridad Social. Se subieron las bases de cotización de manera importante, se aumentó el salario mínimo (que repercute en los ingresos de la Seguridad Social) y se propuso una subida directa al colectivo de autónomos, que se sublevó y el gobierno tuvo que aplazar esa subida, que ahora quiere hacer mediante el ajuste de la cotización a los ingresos reales. Determinadas medidas sociales, como quitar el copago farmacéutico a los pensionistas con rentas más bajas, se hicieron sin dinero. La decisión la tomó el gobierno central pero la tendrán que pagar las Comunidades Autónomas, que se quejan de que les faltan 16.000 millones anuales (la cifra la puso la Ministra de Hacienda cuando era consejera de Andalucía) para poder prestar lo que ya tienen, como para que el gobierno les eche más gasto encima. Y para otras medidas, que se han adoptado mediante los decretos de los “viernes sociales” no hay dinero. El gobierno espera recaudarlo con varios impuestos: subida del diesel, un impuesto a las transacciones financieras, una tasa a las tecnológicas… También apostó por un impuesto a los bancos, pero finalmente desistió.

Y la búsqueda del dinero para pagar las pensiones llevada a cabo por Sánchez tiene su en la subida de las pensiones ligadas al IPC, que viene en los presupuestos de 2018, que fueron aprobados por el PP y por el PNV y que fueron votados en contra por el PSOE, que discrepaba del conjunto del presupuesto. Unos presupuestos que se han prorrogado. Sabe que esa subida hay que pagarla, que la Seguridad Social no tiene fondos suficientes. De ahí sus primeras medidas para tratar de recaudar más para la Seguridad Social.

Del dicho al hecho

Lo cierto y verdad es que cuando un gobierno necesita dinero tira de los grandes números y eso los aporta el IVA, el IRPF, los Impuestos Especiales (tabaco, gasolinas, alcohol electricidad). Y si no es suficiente recorta gasto (se congelan las pensiones, se baja el sueldo a los funcionarios, se paraliza la inversión y se reduce el personal al servicio de la administración pública). Ambas líneas las llevó a cabo el gobierno Zapatero cuando el fracaso de su política económica se sumó a la grave crisis que venía del exterior. Con facturas sin pagar en los cajones en las administraciones central y autonómica y España al borde del rescate, el gobierno del PP, y su ministro Montoro, acudieron a la deuda pública controlada desde Madrid y no desde Bruselas, para tratar de minimizar el impacto en el sector privado, a riesgo de aumentarlo en el público. Y para evitar esta segunda derivada puso en marcha unas medidas de disciplina fiscal para tratar de cumplir con las obligaciones que deben verificar los gobiernos de la Unión y especialmente todos los que tiene el euro como moneda. También recurrió al incremento del IVA, de impuestos especiales y no llevó a cabo la prometida rebaja de otros impuestos, que sólo llegaría en vísperas de las elecciones de 2016, con el argumento de que el crecimiento de la economía registrado desde 2014 ya lo permitía.

Es cierto como dijo Casado que el gobierno de Rajoy estabilizó la economía y logró que España saliera de la crisis, y que había empezado a dar pasos de recuperación de los recortes en el sector público (pacto salarial con los sindicatos, pactos de equiparación de retribuciones de las fuerzas de seguridad, apertura de la mano para el incremento de plantillas en el sector público…. Pero no es menos cierto que con la crisis se ha producido un cambio social, y que aunque los datos macro sean positivos, las clases sociales media y baja no han terminado de recuperar los niveles precrisis. Los datos micro no terminan de dar. Y es a ese sector al que dirigieron sus miradas el resto de partidos.

Ese es el escenario que deberá afrontar el nuevo gobierno que salga de las urnas tras diez meses de transitoriedad, donde el sector privado ha empezado a retraerse por la desaceleración de la economía, por un lado, por la incertidumbre por otro y por las nuevas medidas fiscales anunciadas o puestas en marcha. Hay que saber si la izquierda tiene margen para aumentar los impuestos sin aumentar el ritmo de desaceleración económica, que de producirse afectaría a los ingresos tantos privados como públicos. Y hay que saber si el bloque liberal y conservador tiene capacidad para bajar determinados impuestos sin que eso afecte a la recuperación del gasto en los servicios públicos. Baste señalar que las medidas de supresión de las figuras impositivas planteadas en el debate por supondrían, en el caso de Castilla-La Mancha (por citar un ejemplo), que la Junta ingresase 400 millones de euros menos cada año. Y que las de subida de impuestos, a la banca por ejemplo, como proponía Iglesias con un argumento aplastante- “que devuelvan los 60.000 millones que han pagado los ciudadanos por el rescate financiero”- se trasladará a las familias y a empresas encareciendo los créditos o las comisiones.

Oídos a unos dirigentes y a otros, se concluye que España necesita una gran renovación fiscal, que dé seguridad al sector privado y a las familias y que permita recaudar al sector público dentro de una horquilla de mínimos y máximos, que asegure la progresividad y la equidad. Una profunda reforma fiscal, que grave a la economía especulativa financiera sin lastrar las inversiones de capital en la economía productiva y que aligere la carga a esa economía productiva, que asuma el gran cambio económico y social sufrido con la evolución tecnológica o el presente y el futuro ambiental. Una reforma que permita recuperar en el sector público la calidad de los servicios públicos y en el privado los niveles sociales previos a la crisis. Y eso se echó en falta. El problema es que al final la experiencia demuestra que cuando se está en el gobierno lo fácil es subir los impuestos que más aportan al Estado, que la equidad se desdibuja por la necesidad y la urgencia de recaudar más para hacer frente a los gastos.

Sirva como ejemplo el IVA, que es junto al IRPF, el que más recaudación aporta al Estado. Los tipos de IVA nunca se han revisado globalmente a la baja, siempre se ha hecho al alza, a pesar de que es un impuesto que pagan por igual ricos y pobres. En 1.986 el tipo máximo era el 12%, en 1992 subió en enero al 13% y en agosto al 15%. En 1995, al 16%, en 2010 al 18% y en 2012 al 21%. El reducido empezó por el 6% y está en el 10% y el súper reducido empezó siendo cero y ya va por el 4%. Nadie habla de bajar los tipos. Tampoco la presión fiscal sobre la factura de la luz que incide en la economía y en las familias, con impuestos especiales sobre la electricidad y el tipo máximo de IVA sobre un suministro básico que están llevando a empresas a cerrar sus plantas por el elevado coste que les supone la energía y que ha generado un alto índice de pobreza energética entre las familias.

En los debates los líderes hablaron mucho de ingresos (impuestos) y gastos, pero al final a unos les faltó concretar, a otros poner fechas, otros escondieron las subidas que tienen previstas y ninguno se refirió a la gran asignatura pendiente que tiene nuestro país, una profunda reforma tributaria para una sociedad moderna que poco se parece a la de hace 40 años, cuando se generalizó el IRPF y el IVA sustituyó a otras figuras que gravaban el consumo o el tráfico mercantil.