A pesar de los intentos de Podemos por tratar de evitar que el gobierno regional utilice la publicidad institucional como instrumento de clientelismo político o de influencia y presión sobre los medios de comunicación, el ejecutivo socialista no está dispuesto a perder el control de este instrumento.
Para ello ha buscado un mecanismo que además de permitirle el control público de la contratación le permitirá contar con una detallada radiografía de cada medio de comunicación de la región, sus finanzas, sus plantillas y sus lectores, una información que puede ser empleada para tratar de doblegar a los medios más críticos con el gobierno y con su presidente García Page.
Podemos abordó ya en el pacto de investidura y en la negociación del Presupuesto de la Junta de Comunidades la necesidad de racionalizar las partidas presupuestarias y los criterios de distribución. Sin embargo, durante el primer año, el ejecutivo ha distribuido los fondos publicitarios de forma arbitraria, contratando las inserciones a su conveniencia.
Los medios deberán rendir cuentas ante el ejecutivo de su situación financiera y hasta de la formación de su personal
Ante la insistencia de Podemos, que ha presentado varias iniciativas parlamentarias en ese sentido, especialmente para que haya transparencia sobre el dinero contratado con cada medio, el Gobierno ha previsto establecer un novedoso sistema en el panorama político y periodístico español que consiste en obligar a los medios a contratar su control de lectores con una empresa privada seleccionada por el propio gobierno: Información y Control de Publicaciones, S.A. Esa información estará al servicio del gobierno. Además, los medios deberán presentar su situación financiera al ejecutivo y el estado de sus plantillas. Los medios que accedan a ello y cumplan otros requisitos marcados por el gabinete de Emiliano García-Page podrán acceder al reparto publicitario que será realizado a través de una fundación, de forma poco transparente sobre supuestos criterios técnicos, que se ajustarán a conveniencia de los criterios del propio Gobierno.
Algunos medios están esperando a que les sea remitido el documento oficial íntegro del contrato para someterlo a estudio. El gobierno anunció que será en un plazo máximo de quince días. No se descarta que alguna de las empresas recurra ante los tribunales este marco, dado que la Junta impone a las compañías periodísticas la contratación de una empresa determinada. El anuncio ha generado malestar en algunas empresas de comunicación que consideran que el diseño que ha hecho el gobierno está dirigido a potenciar y beneficiar a las empresas más grandes, en un sector, que, como dijo el propio vicepresidente, se caracteriza por estar formado mayoritariamente por pymes y micropymes.
Otras comunidades y el gobierno central utilizan agencias independientes que crean planes de medios
Este mecanismo contrasta con el empleado en muchas comunidades autónomas y por los gobiernos de la nación de diferente signo político, que consiste en que las campañas publicitarias (de tráfico, sanitarias, alimentarias, de la renta…) son encargadas íntegramente a agencias independientes que realizan todo el proceso, desde el creativo al plan de medios. Este plan de medios es el que determina qué inserciones van a cada medio de comunicación y por qué cuantía.
La batalla por el empleo de criterios estrictamente institucionales y técnicos fue una de las cuestiones claves que planteó Podemos tras la aparición años atrás en varias legislaturas de cifras escandalosas pagadas a algunos medios. En concreto, en el sector se pone como referencia los 16 millones de euros que el último gabinete socialista contrató y dejó pendiente de pago a un medio, o el entramado diseñado por la dirección de comunicación del gobierno anterior para apoyar a algunos medios a través de una fundación.
Durante el encuentro informativo, fueron numerosas las veces que el vicepresidente dejó al descubierto las carencias y lagunas del sistema de contratación de la publicidad institucional. Guijarro, no fue capaz de dar respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por los periodistas, esgrimiendo en su defensa el carácter novedoso y de prueba (9 meses) del acuerdo y dijo que las carencias y deficiencias se corregirían en los contratos sucesivos.
Si (
No(
