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LA POLÍTICA PUBLICITARIA DEL GOBIERNO AGITA A LOS DIRECTORES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS REGIONALES
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LA POLÍTICA PUBLICITARIA DEL GOBIERNO AGITA A LOS DIRECTORES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS REGIONALES

jueves 30 de marzo de 2017, 11:55h

El Gobierno regional ha encendido la mecha y puede que la bomba le estalle en sus propias narices. La política publicitaria ha provocado, por primera vez desde que hay Comunidad Autónoma, que los directores de algunos de los principales medios de la Región se convoquen a una comida para tratar la situación creada en los últimos días por la dirección general de promoción institucional, que dirige Esther Padilla. También que algún grupo político pida que se aclare la relación de algunas empresas privadas que reciben subvenciones públicas con el entramado publicitario y de promoción del Gobierno, y que dan subvenciones a fundaciones publicas controladas por el ejecutivo.

El detonante de esa convocatoria ha sido el debate sobre los presupuestos de la Comunidad para 2017. El gobierno, en una maniobra sin pies ni cabeza, trasladó a los directores que Podemos y el PP les había dejado sin publicidad al enmendar los fondos a manejar por la Fundación Impulsa. Algunos directores han pedido explicaciones a las formaciones de oposición y tanto el PP como Podemos les han manifestado que es el gobierno el que maneja los fondos publicitarios. El secretario general de Podemos, García Molina insiste en que el uso de esos fondos debe ser transparente y sujeto a criterios objetivos y que es el gobierno el que tiene la facultad de dotar las partidas y de modificarlas a lo largo del ejercicio. Por su parte en el PP están sorprendidos por la tesis que sostiene el gobierno.

La actitud de la dirección general de Promoción Institucional ha provocado que en la formación morada se cuestionen el papel que desempeñan empresas privadas en ese entramado publicitario y promocional del Gobierno, empresas que mantienen relaciones comerciales o son beneficiarias de ayudas públicas de la Junta de Comunidades. Llueve sobre mojado. El pacto de investidura firmado por García Molina y García-Page recogía una cláusula por la que el gobierno informará periódicamente de los gastos publicitarios, su distribución y los criterios empleados. Durante la vigencia del acuerdo, el gobierno no cumplió nunca ese compromiso.

Sólo cuando Podemos dio por muerto el pacto, en el proceso de recomposición del pacto el gobierno facilitó un listado con la publicidad dada a los medios. La sorpresa saltó cuando algunos medios dijeron que las cifras que figuraban en el listado del Gobierno eran falsas. Y curiosamente, no porque estuvieran abultadas, muy al contrario, los directores revelaron que el gobierno había rebajado el dinero que realmente había contratado con algunos medios. El secretario regional de Podemos, formación a la que trató de engañar el gobierno, ha manifestado que era consciente de que eso podía pasar, “pero había que tratar de poner orden y objetividad en el uso de los fondos para publicidad”.

García Molina ha mostrado su preocupación por la actuación poco transparente del ejecutivo, a la vez que cuestionaba que el ejecutivo haya involucrado en su entramado propagandístico a empresas privadas. Tan solo en la campaña de promoción de las actividades del IV Centenario de la muerte de Cervantes, el Gobierno involucró a quince empresas que hicieron donaciones por valor de 1.820.000 euros. Entre estas empresas figuran constructoras, compañías eléctricas instituciones financieras, empresas agroalimentarias…

Alguna de estas empresas tienen expedientes sancionadores abiertos por la Junta de Comunidades que supondrían el desembolso de cantidades millonarias y cuya resolución se ha demorado, otras han recibido importantes subvenciones públicas, otras tienen contratos de obra o servicios.

El partido en el gobierno diseñó un plan de promoción del ejecutivo y su presidente basado en tres pilares: televisión, medios tradicionales de radio y prensa escrita y diarios digitales. Una vez decidido y seleccionados los medios, el ejecutivo que tenía el compromiso de investidura, lo trato de vestir con un manto de objetividad para lo que puso en marcha un acuerdo marco, en el que la combinación de criterios objetivos de reparto de las campañas lo convertían en un sistema muy subjetivo. Además, se exigía a los medios que controlaran sus audiencia por las empresas seleccionadas previamente por el ejecutivo y que presentasen sus datos económicos.

Ese acuerdo con una duración de seis meses prorrogables todavía no ha entrado en marcha y hasta la fecha el plan de distribución de la publicidad ha seguido las pautas marcadas por el plan estratégico diseñado desde el partido. No en vano, la actual directora general de promoción ha ejercido como responsable comunicación del PSOE.

Sea como fuere, los datos de distribución de la publicidad realizada por el gobierno directamente y a través de la Fundación Impulsa son uno de los secretos mejor guardados, a pesar de la ley de transparencia. De hecho, esta fundación llega a ocultar a la Consejería de Hacienda algunos de los datos que está obligada a facilitar. La Fundación depende del secretario general de la Presidencia del Gobierno de García-Page.

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