El gobierno autonómico todavía no ha decidido la forma en que abonará el incremento del 1 por ciento en el salario de los empleados públicos. Las dos alternativas que se barajan son, o bien prorratear la subida anual entre los meses de julio y diciembre, o abonarla como una extra. Esta última opción tendía mayor impacto en el mes en el que se lleve a cabo en el objetivo de déficit.
Tras la reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas, celebrada en la tarde de ayer, los empleados públicos pasarán a cobrar un 1 por ciento más en sus nóminas este año. La subida de sueldo tiene carácter retroactivo y, por tanto, han de abonarse también los primeros tres meses del año.
Esta medida supone que Castilla-La Mancha abonará un alrededor de 30 millones de euros más al año en el pago de las 66.556 nóminas de funcionarios, interinos, eventuales y personal laboral de la Administración de la comunidad autónoma.
De esas 66.556 nóminas, la mayor parte se concentran en educación y sanidad, con el 44 y el 43,4 por ciento del total de nóminas respectivamente. En el presupuesto de la comunidad para 2017, actualmente sometido a debate en las Cortes regionales, se contempla que Educación reciba 1.192,59 millones de euros para gastos de personal y Sanidad 1.369 millones. Esto supone que educación recibe el 39,6 por ciento del presupuesto para el pago de nóminas, y sanidad el 45,4 por ciento. Los altos cargos y asesores del gobierno regional perciben retribuciones por valor de 9,5 millones de euros anuales.
Los sindicatos que proponían que la subida salarial de los empleados públicos para 2017 fuera del 1,2 por ciento, finalmente se conforman con el 1 por ciento y a cambio se llevará a cabo un proceso de consolidación y aumento de plantillas en los próximos tres años, transformando el 90 por ciento del trabajo temporal en fijo, además, la Oferta de Empleo Público cubrirá el 100 por cien de las bajas en varios colectivos y el 50 por ciento en aquellos que se consideran no prioritarios.
Además, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a abordar una mayor subida de retribuciones, previsiblemente en 2018.
Junto con la subida de las retribuciones salariales, el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han pactado la reducción de la interinidad en las administraciones públicas de un 25 por ciento a un 8 por ciento, en un plazo de tres años, mediante la reposición de plazas vacantes de funcionarios. Para ello se creará una convocatoria de empleo público que rondará las 250.000 plazas. Con este plan todas las plazas que lleven más de tres años ocupadas por trabajadores temporales saldrán a concurso. Para sanidad se espera que se convoquen 129.700 plazas en los próximos tres años, otras 98.807 puestos fijos en educación y 8.654 plazas para justicia. También están previstas convocatorias para servicios sociales y otros sectores públicos. El acuerdo permitirá a las Comunidades Autónomas llevar a cabo procesos de consolidación del empleo público.
A estas cifras, los sindicatos suman las 100.000 plazas vacantes por jubilaciones que se prevén en estos tres años, lo que sumaría un total de 350.000 vacantes, datos que califican de “acuerdo histórico que va a ayudar a acabar con la precariedad del empleo público”. El presidente de Castilla-La Mancha aseguraba ayer que “el 88 por ciento de toda la oferta pública de empleo regional para los próximos años será para sanidad y educación.”
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