El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto que va a permitir que más de 93.500 empleados públicos de la Administración regional puedan ver ya en la próxima nómina correspondiente a noviembre el incremento adicional de su salario del 1,5%, lo que repercutirá en un gasto de 62,5 millones de euros a las arcas autonómicas.

Los empleados públicos que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año hayan cambiado de destino dentro del sector público estatal y aquellos que hayan pasado a prestar servicios en una administración pública distinta tendrán que solicitar el abono del alza salarial adicional del 1,5% aprobada por el Gobierno recientemente, por lo que no se les ingresará de oficio.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llevará a cabo en Madrid este sábado, 24 de septiembre, la primera gran manifestación sindical contra el Gobierno de España, en la que tomarán parte más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de la región.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha reclamado al Ministerio de Hacienda y Función pública la apertura "inmediata" de la negociación salarial en las administraciones públicas, tras conocerse el dato de Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto (10,5%).

El sindicato mayoritario en el sector público, CSIF ha convocado movilizaciones para el próximo día 24 para reclamar a la Administración que se siente a negociar la subida salarial para compensar el incremento de la inflación. Este incremento debería recogerse en los Presupuestos Generales del Estado, que ya están en elaboración, sin que el gobierno se haya sentado a la mesa con los sindicatos para negociar esa subida.

A día de hoy, no se conoce en qué cuantía tiene previsto el gobierno aumentar el salario a los empleados públicos. La cosa tiene su aquel, porque el gobierno quiere que haya un Pacto de Rentas entre empresarios y sindicatos. Y la cifra que determine el gobierno para los empleados públicos puede servir de referencia para la negociación en el sector privado. A fin de cuentas, el gobierno ejerce de patronal del sector público porque la cuantía que determine en los Presupuestos Generales del Estado afecta a todas las administraciones públicas, que suman 2,6 millones de empleados.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado por escrito a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que habilite un crédito específico en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para actualizar los sueldos de los empleados públicos a fin de compensarles por la subida de los precios que se registre en 2022.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha llamado este miércoles en el Congreso a empresarios y sindicatos a alcanzar un pacto de rentas ante los efectos de la inflación, en el que también ve necesario incluir a pensionistas y funcionarios, al asegurar que la pérdida de riqueza ante este fenómeno "es ineludible": "Lo único que podemos hacer es repartirla".