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EL GOBIERNO INTRODUCE EN PRESUPUESTOS LA POSIBILIDAD DE SUBIR SUELDOS POR ENCIMA DEL LÍMITE LEGAL
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EL GOBIERNO INTRODUCE EN PRESUPUESTOS LA POSIBILIDAD DE SUBIR SUELDOS POR ENCIMA DEL LÍMITE LEGAL

lunes 14 de noviembre de 2016, 23:00h

El gobierno tiene desde el pasado día 29 de septiembre el dictamen del Consejo Consultivo sobre el anteproyecto de ley de presupuestos generales de la Junta de Comunidades para 2017. El gobierno negó reiteradamente la pasada semana que hubiera solicitado ese informe al Consultivo. El portavoz, Nacho Hernando, en rueda de prensa y en reiteradas ocasiones a preguntas de clm21.es dijo que sólo habían remitido a ese órgano “el techo de gasto”, no habían remitido el anteproyecto de presupuestos y que por tanto no había informe.

La existencia de ese informe permitía al ejecutivo haber presentado el proyecto de ley de presupuestos en tiempo y forma, tal y como anunció reiteradamente que iba a hacer y que finalmente no hizo.

El documento del Consejo Consultivo, de 37 páginas, va numerado como 315/2016 y está fechado el 28 de septiembre. En él, se testimonia que el gobierno sí remitió el anteproyecto de ley de presupuestos para su dictamen jurídico al Consejo Consultivo. Este hecho se produjo el 7 de septiembre. Entre la documentación que el gobierno remitió al Consejo Consultivo figura un certificado del vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, que acredita que el gobierno, en su reunión del seis de septiembre, aprobó el anteproyecto y acordó también solicitar el dictamen al Consultivo y que se hiciera “con carácter de urgencia” para poder presentar el proyecto de ley antes del 1 de octubre, como fija el Estatuto de Autonomía.

En cuanto al contenido del informe, destaca la “observación esencial” que el Consejo Consultivo hace al proyecto del ejecutivo, referida a las competencias que el gobierno se arroga en el artículo 42.1 para poder subir las retribuciones de altos cargos, asesores, personal funcionario, laboral o estatutario mediante acuerdos, convenios pactos o instrumentos similares. Bastaría con contar con un informe favorable de la dirección general de presupuestos: “…Los términos en los que está redactado el apartado contemplan la posibilidad de que el titular de la aludida dirección general –dice el dictamen- pueda pronunciarse en sentido favorable –o no- al pacto o convenio proyectado, aún cuando dicho instrumento rebase el aludido límite. Tal posibilidad debería eliminarse del texto”.

El Consejo Consultivo además realiza otras observaciones de menor trascendencia a 13 artículos, seis disposiciones adicionales, a la disposición derogatoria y a la exposición de motivos. El anteproyecto de ley consta de 68 artículos, 21 disposiciones adicionales una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y cinco anexos.

El Consejo Consultivo reprende al gobierno por remitir, un año más, solo el articulado y cinco anexos simples y saltarse lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Regional, que le obliga a presentar las memorias explicativas de contenidos, la ejecución del presupuesto de 2016, el informe económico-financiero, las inversiones públicas, el inventario y la plantilla presupuestaria del personal.

De esa posibilidad se podrían beneficiar todo el personal, incluidos altos cargos y asesores

Por lo que respecta al texto remitido, el máximo órgano consultivo en materia legislativa de la Comunidad Autónoma, que tiene carácter independiente, advierte al Gobierno del presidente García-Page de las graves e importantes carencias que presenta el articulado: “…Asimismo, en el articulado de la disposición proyectada se advierte la omisión de diversos datos numéricos, a consignar con posterioridad, concernientes a importes de créditos, transferencias y financiación de estos, -artículos 2 y 3-, los importes estimados de los beneficios fiscales sobre los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha posee capacidad normativa -artículo 5-, a la autorización de costes de personal de la Universidad de Castilla-La Mancha -artículo 61-, al límite de endeudamiento por operaciones a largo plazo -artículo 62-, todos los referidos en los diferentes anexos -créditos por funciones, presupuestos de explotación y capital de entes, empresas, fundaciones y entidades instrumentales, retribuciones, módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados e importe destinados a paliar las diversas actuaciones de emergencia ciudadana-, así como los correspondientes a los estados de ingresos y gastos que integran el Presupuesto para el año 2017”.

Esas carencias marcadas por el Consejo Consultivo dejaban cojo el anteproyecto de ley, ya que el Gobierno desconocía de cuántos fondos iba a disponer, lo que le imposibilitaba determinar los estados de ingresos y gastos. Tampoco incluía los costes de personal de la Universidad, lo que refleja que el gobierno es consciente de la deficitaria financiación que realiza a la Universidad y que dejó pendiente esa cuantía pendiente de los estudios y negociaciones con la Universidad. La financiación de la enseñanza concertada, cuyos datos para el año que viene tampoco se recogen entre otras cosas porque necesitan de datos que se determinan en la normativa estatal, ya provocó este año una fuerte contestación desde diferentes sectores educativos, políticos y sindicales. La no inclusión de los créditos de emergencia ciudadana viene a dar la razón a Podemos cuando rompió el pacto de investidura porque no existía diálogo y negociación en torno a los temas acordados para investir presidente a García-Page, entre ellos el plan de rescate ciudadano y de emergencia social. Tampoco establecía el límite de endeudamiento, que es uno de los objetivos fiscales de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, junto a la regla de gasto y déficit público.

Todas estas carencias vienen a confirmar la tesis mantenida por el Partido Popular y negada por el Gobierno de que el ejecutivo carecía de los elementos esenciales para poder elaborar con rigor el presupuesto para 2017.

Por otra parte, en materia de personal, el texto vincula el crecimiento de las retribuciones al que establezca la legislación del Estado, aunque introduce la salvedad mencionada y recogida en el artículo 42. Y también se pliega en materia de oferta pública de empleo a lo que se regule en la ley de presupuestos generales del Estado.

En verano el gobierno ya había decidido no pagar el resto de la extra a los funcionarios hasta 2017

El anteproyecto, por último, revela que el gobierno ya había decidido en agosto no pagar este año el 25% restante de la paga extra de 2012, incumpliendo así el compromiso adquirido con funcionarios y sindicatos de hacer el pago antes de acabar 2016. El anteproyecto de 2017 introduce una disposición adicional décima con la rúbrica “Recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012”, en la que establece que ese dinero se pagará en el mes de enero. De hecho, el gobierno planteó en septiembre esta situación como una posibilidad, en función de la evolución del déficit público, cuando ya había decidido no pagar este año, lo que le permitiría rebajar sus necesidades de financiación.
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