A falta de unos días para terminar el año, los datos económicos oficiales revelan que al ejecutivo regional que preside Emiliano García-Page se le han descuadrado los ingresos y los gastos. El riesgo de superar el límite del déficit público, lo que hubiese supuesto una dura sanción y el preaviso de intervención de la Comunidad Autónoma, ha llevado al ejecutivo a recortar o ralentizar buena parte de la larga lista de planes de mejora de los servicios públicos que ha publicitado reiteradamente a lo largo del año y que se van a quedar en simples anuncios.
La política expansiva del gasto no ha tenido respaldo en los ingresos y el gobierno ha acudido a los ajustes
Con una mejor situación económica desde finales de 2014, el actual gabinete de García-Page dio por sentado el final de la crisis y se lanzó a una política expansiva del gasto, que trató de reforzar con una subida de la presión fiscal en los tributos autonómicos. Este error de apreciación ha supuesto una caída de ingresos y un exceso de gasto que se ha traducido en tensiones financieras que se han tratado de suavizar con recortes en los servicios públicos. Aunque el ejecutivo actual, que criticó duramente al gobierno anterior por los ajustes realizados en los años duros de la crisis, trata de huir de esa imagen en una época donde la crisis no golpea con fuerza y en la que se están asentando los brotes verdes. El ejecutivo anterior del Partido Popular tuvo que enfrentarse a los años duros de la crisis, en los que cayeron drásticamente los ingresos de todas las administraciones públicas y en el que el afloramiento de 4.000 millones en deuda comercial obligó a destinar una buena parte del presupuesto de gasto al pago de los gastos de conversión de esa deuda en financiera.
El ejecutivo de García-Page ya fue advertido por el Ministerio de Hacienda en el mes de abril por los incumplimientos de 2015 y tuvo que presentar un plan financiero en el que se obligaba a congelar 25 millones de los que tenía previsto gastar. Las advertencias fueron reiteradas por una carta del ministro Montoro a Ruíz Molina el 1 de agosto, al conocerse el incremento del déficit autonómico. La situación desembocó en una reunión entre los equipos directivos del Ministerio y de la Consejería de Hacienda a mediados de septiembre.
Las necesidades de financiación se dejaron sentir durante dos meses consecutivos en la demora en el pago de las facturas a los proveedores, por encima del plazo máximo legal de 30 días, lo que le valió a nuestra Comunidad una advertencia pública del Ministerio, y el aviso de que llevase a cabo unos planes de reequilibrio de la tesorería. El gobierno tuvo que acudir a una fuerte operación de crédito por importe de 527 millones de euros ese mismo mes de septiembre para poder hacer frente a sus compromisos de gastos.
Esta medida aunque alivió los problemas de tesorería puso definitivamente en riesgo el cumplimiento de otro de los objetivos fiscales al que viene obligado nuestra Comunidad al elevarla hasta el 35,9 por ciento del PIB. Al final de año, Castilla-La Mancha incumplirá el objetivo de endeudamiento establecido en el 33 por ciento de su PIB, lo que puede estrangular la financiación de los planes de inversión durante los próximos años, lo que haría peligrar el balance de gestión del gobierno socialista en esta legislatura. Si el Gobierno central aplica el cumplimiento en sus términos de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el gobierno de Castilla-la Mancha no podrá ir a más endeudamiento neto hasta que equilibre sus pasivos financieros de acuerdo a los objetivos.
El riesgo de incumplimiento del déficit y los problemas de tesorería han marcado la acción del ejecutivo
La situación tiene su origen en varias causas. En el capítulo de ingresos, el gobierno llevó a cabo una reforma fiscal con un aumento de la presión fiscal con la que tenía previsto ingresar por tributos autonómicos 436,38 millones de euros y, al final de año se quedará en torno a los 316, estará en torno a los 120 millones menos. También el retraso en la gestión de los planes de empleo y en los programas de inversión económica, va a suponer una caída de los ingresos provenientes del Fondo Social Europeo y del Estado en más de 100 millones de euros. Otro tanto sucede con la falta de gestión en Agricultura que a finales de noviembre presentaba un déficit de ingresos de 300 millones de programas de la Unión Europea. Y las inversiones financiadas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional arrojaban también dejaban pendiente de ingreso otros casi 25 millones de euros.
En total a finales de noviembre la caída de ingresos por estas tres vías: tributos propios, Economía y Agricultura sumaba más de 650 millones de euros. Los mayores fondos que ha enviado el Estado a la Comunidad Autónoma por un mejor comportamiento del IVA, del IRPF y de algunos impuestos especiales y sobre todo por la liquidación de la financiación de 2014, aunque han venido a suavizar el fracaso de la reforma tributaria no han podido compensar la caída de ingresos por esta reforma y por el retraso en la gestión. En el ejecutivo le restan importancia a los fondos europeos, porque “son partidas finalistas” y confían en cumplir los planes, aunque con retraso.
Descontados estos fondos finalistas, el problema está en un exceso de gasto en el resto de programas. Esta es la otra gran causa. No había dinero para afrontar todos los proyectos, algunas de las partidas estaban infradotadas y en otras se ha descontrolado el gasto.
El retraso en la gestión de proyectos europeos deja sin recaudar a final de noviembre más de 500 millones de euros
Este cóctel ha llevado al gobierno a paralizar la ejecución de algunas partidas, como el pago del resto de la extra pendiente de 2012 a los funcionarios. Y si esa era la principal medida de ajuste en materia de personal, las inversiones públicas también se han resentido por la tijera. A finales de noviembre no alcanzaban el 40 por ciento de lo que el gobierno tenía previsto. Pero no sólo se ha ralentizado la gestión, en otros casos se han dado de baja inversiones que estaban previstas. El recorte principal se ha producido en inversiones sanitarias. Otro tanto ha ocurrido con las subvenciones a empresas y ayuntamientos para cofinanciar proyectos de inversión.
Ese bloqueo en el gasto, ese recorte en los servicios públicos básicos, trata de evitar que se dispare el déficit público por encima del 0,7 por ciento, que es límite definitivo para las Comunidades Autónomas en 2016 (cuando el gobierno hizo el presupuesto el límite estaba fijado en el 0,3 por ciento). A final de noviembre, el saldo no financiero que es la base para el cálculo del déficit ascendió a 201,24 millones de euros, lo que sitúa el déficit en relación Al PIB regional en el 0,52 por ciento, antes de aplicar los ajustes de contabilidad nacional.
El gobierno es consciente de que los incumplimientos de déficit y de deuda le situarían en una situación muy delicada y podría suponer, de hecho, no sólo paralizar sus planes, sino tener que recortar drásticamente en los servicios públicos.
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