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CLM obligada a un ajuste del gasto de 330 millones en el último trimestre para cumplir con el déficit
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CLM obligada a un ajuste del gasto de 330 millones en el último trimestre para cumplir con el déficit

  • A finales de septiembre el déficit era de 600 millones (1,38% del PIB), de los que 226 se compensan con la actualización de las entregas a cuenta de 2019
  • Parte del ajuste está provocado por la retención de 130 millones de euros por parte del Ministerio de la liquidación del IVA de 2017

domingo 01 de diciembre de 2019, 20:30h
El gobierno regional debe aplicar ajustes al gasto durante este último trimestre por valor de 330 millones de euros para tratar de cumplir por segundo año con el objetivo de estabilidad presupuestaria, situado en el 0,1% del PIB para las Comunidades Autónomas, lo que en el caso de Castilla-La Mancha supone que la Junta no podrá tener una desviación del gasto sobre los ingresos superior a 43,34 millones de euros. El déficit de Castilla-La Mancha al final del tercer trimestre del año alcanzaba los 600 millones de euros, lo que equivale al 1,38% del PIB regional, según los datos que acaba de hacer públicos la Intervención General del Estado. Un año antes, las necesidades de financiación eran de tan sólo 39 millones de euros, el 0,39 del PIB. En el ejercicio actual parte de la desviación se debe a que en la fecha de referencia el gobierno central todavía no había realizado las transferencias de los 226 millones fondos por la actualización de la financiación anual, cuyo libramiento se aprobó en octubre.
Además, el gobierno central adeuda a Castilla-La Mancha otros 130 millones de euros por la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017. Cuando se aprobó el libramiento de la actualización de las entregas a cuenta, la ministra de Hacienda declaró que no se puede llevar a cabo esa actualización del IVA a las Comunidades Autónomas hasta que exista un nuevo presupuesto. O lo que es lo mismo, en el mejor de los casos hasta la primavera del año que viene, contando con un escenario en el que se forme gobierno nacional y que esté presente con diligencia a las Cortes Generales un presupuesto cuya tramitación parlamentaria dura dos meses.

De producirse ese libramiento de aquí a final de año, el ajuste sobre el gasto público regional tendría que ser de 200 millones de euros.

Los datos de la contabilidad nacional reflejan el desajuste que las retenciones de fondos por parte del gobierno central han ocasionado en las cuentas de Castilla-La Mancha y del resto de Comunidades. Así el capítulo de ingresos de Castilla-La Mancha en septiembre cae un 0,3% en tasa interanual, reflejo de esa congelación de los fondos y del moderado comportamiento de los impuestos sobre el capital que gestiona la Hacienda regional (-4%).

En paralelo a ese descenso de ingresos del 0,3% se ha registrado un incremento anual del gasto del 11%, impulsado por la expansión de todos los gastos, a excepción del coste en intereses de la deuda pública. Los de personal, los de mayor importancia por volumen, se incrementan en los nueve primeros meses un 6% (158 millones de euros), los consumos intermedios de la Junta (suministros de servicios y bienes que no son de inversión) que son los segundos de más peso, crecen un 12,2% (95 millones de euros) y los terceros de mayor volumen, las transferencias sociales en especie (denominación que engloba gastos como estancias hospitalarias, tratamientos médicos, medicamentos dispensados en farmacias, prótesis, las ayudas a la vivienda, guarderías infantiles, gasto en colegios concertados, descuentos en el abono transporte con fines sociales y otros bienes y servicios similares proporcionados en el marco de los riesgos y necesidades sociales) crecen un 3%.

Otros gastos, aunque de menor peso registran incrementos por encima del 50%. Tal es el caso de la formación bruta de capital (inversiones propias de la Junta y ayudas a la inversión de terceros), que sube un 54,9%, o las subvenciones, que lo hacen un 67%.

En total, en los nueve primeros meses, Castilla-La Mancha contabiliza unos ingresos de 4.922 millones de euros y unos gastos de 5.522 millones.

En su conjunto, las Comunidades Autónomas presentaban a finales de septiembre un déficit de 3.684, equivalente al 0,29% del PIB, muy alejado del superávit de 1.591 millones de euros (0,13% del PIB) de un año antes. Contabilizan unos ingresos de 132.803 millones (1,5% más que el año anterior) y unos gastos de 136.487 (5,6% más). El desfase del conjunto autonómico se equilibra con los fondos de actualización de la financiación retenidos en esa fecha por el Ministerio.

En esa visión global de los gobiernos regionales, destaca el incremento en año electoral de las subvenciones en un 30,8%. Los gastos de personal se quedan en el 5,8%y los consumos intermedios en el 3,5%.

De las 17 regiones, cuatro estaban en superávit, entre ellas País Vasco (0,69%) y Navarra (0,18%) que tienen un régimen especial de financiación y no dependen de las entregas a cuenta del Estado. Las otras dos son Canarias (1,10%) y Baleares (0,15%). El resto, todas están en déficit, siendo los más elevados los de Castilla-La Mancha (1,38%), Extremadura (1,12%), Murcia (1,07%) y Valencia (1%). Aún estando en déficit, La Rioja cumple con el objetivo del 0,1% al contabilizar un desfase del 0,06%. Tras ella, las que presentan mayor equilibrio financiero son Madrid (déficit del 0,18%), Cataluña (0,21%), Asturias (0,22%) y Andalucía (0,66%).

En cuanto a la regla de gasto, que limita el incremento del que pueden realizar las Comunidades Autónomas en 2019 a un 2,7% sobre el computable realizado en 2018, sólo Baleares (-0,2%), Andalucía (2,1%) y La Rioja (2,4%) cumplen con esta obligación fiscal. El incremento medio de las regiones españolas es del 5,7%, tres puntos por encima del límite. Lideran los aumentos Castilla-La Mancha (11,9%), Extremadura (7,9%), Valencia (7,5%) y Madrid (7,4%).
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