Las cifras vienen a poner en cuestión la viabilidad de la agenda social del gobierno de coalición, que se verá obligado a hacer ajustes durante 2020 por valor de los 10.750 millones de euros por el exceso de 2019 y de otros 12.000 millones para llegar al equilibrio presupuestario obligatorio en 2020. Esos ajustes de 22.750 millones deberán venir bien por un aumento de los ingresos, bien por un ahorro en los gastos. Esa adecuación limita la política expansiva del gasto social anunciada por el gobierno de coalición.
En 2020 el gobierno central tiene que hacer ajustes por 22.750 millones de euros para cumplir con la regla de déficit
Sólo una modificación de la senda de déficit permitiría suavizar el impacto en las cuentas de 2020. El gobierno ya intentó esa modificación a priori para el periodo 2019-2021, en diciembre de 2018, aumentando la senda en una décima y demorando en un año la obligación de alcanzar el equilibrio presupuestario. Pero su propuesta fue tumbada en el Senado y, hasta la fecha, sigue vigente la trazada el 7 de julio de 2017.
Hay que tener que el desajuste se produce a pesar de que la Hacienda estatal ha ahorrado 1.236 millones en intereses por deuda pública por un mejor comportamiento de los mercados. El gobierno central también ha recortado la inversión pública. La formación bruta de capital fijo cae 625 millones de euros respecto al mismo periodo del año pasado. También ha recortado las subvenciones en otros 520 millones de euros.
El gobierno central recortó las inversiones y las subvenciones y se benefició de la caída reducción de la factura de intereses
En octubre la Unión Europea dio un toque de atención al gobierno central por el incumplimiento observado y porque con la información enviada sobre 2020, se corre el riesgo de incumplir las normas fiscales europeas. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor déficit (tras Chipre, Rumanía y Francia). Además el déficit estructural (el que no depende de los ciclos económicos) es el cuarto mayor de Europa. Ese déficit se sufraga con deuda, lo que dificulta que España consiga rebajar su endeudamiento al límite establecido por la UE en el 60%. Además el elevado endeudamiento es un riesgo en situaciones de desaceleración y/o recesión económica o subida de tipos de interés. Hay que tener en cuenta que España en los 11 primeros meses del año pasado llevaba pagados en intereses por su deuda casi 25.000 millones de euros.
Por otro lado la magnitud del agujero viene a confirmar las sospechas de los gobiernos autonómicos de que el gobierno pretendería dar por caducado los derechos de las Comunidades sobre los 2.500 millones que les retuvo el año pasado, por lo que cada vez cobra más fuerza la vía jurídica. Sólo la negociación con el gobierno catalán, que ya ha reclamado esos fondos en los tribunales, abriría la puerta a que todas las regiones pudieran cobrar.
Castilla-La Mancha cerró noviembre con unas necesidades de financiación de 504 millones de euros, el 1,17% de su PIB
Lo que el gobierno central ha hecho con esa retención es trasladar parte del agujero a las administraciones autonómicas y hacer que estas incurran también en un déficit excesivo. En concreto los gastos de las Comunidades superan en 3.125 millones a los ingresos, cuando el límite legal está en los 1.250 millones de euros. Si el gobierno central hubiera cumplido sus obligaciones con el Estado Autonómico, el conjunto de las regiones españolas habrían cerrado noviembre con un déficit de 625 millones de euros, justo en la mitad de lo que tienen autorizado. Para hacerse una idea del agujero en las cuentas del gobierno central, este equivale a la suma de los gastos en funcionamiento y servicios públicos de tres o cuatro Comunidades Autónomas (por ejemplo Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias).
La buena noticia de los datos de la Contabilidad Nacional la aportan los fondos de la Seguridad Social, que aunque presenta un desajuste de 5.627 millones de euros, este se ha reducido un 17% en relación al año anterior y además, con una equivalencia del 0,45% del PIB, es la mitad del autorizado para todo el año (0,9%).
Paradójicamente ese mejor comportamiento de las cuentas de las pensiones, por un lado, y el celo puesto por las Comunidades Autónomas en la gestión de sus fondos a pesar de que 2019 fue año electoral permiten tapar parte del agujero y dejar el déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas en el 1,66% del PIB, todavía por encima del límite establecido en el 1,3%.
A finales de noviembre de 2019, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, sin incluir las Corporaciones Locales, fue superior en un 18,1% al del mismo periodo de 2018, situándose en 20.746 millones. En términos del PIB, el aumento es de 0,20 puntos porcentuales, al pasar de una ratio del 1,46% al 1,66%. Ese déficit se reparte en 11.994 millones del gobierno central, 3.125 millones de las Comunidades y 5.627 millones de los fondos de la Seguridad Social.
Los 5.627 millones de déficit de los fondos de la Seguridad Social se producen por un déficit del sistema de pensiones de 7.221 millones, un superávit del Servicio Público de Empleo de 1.459 millones y otro del FOGASA de 135 millones.
En el caso de Castilla-La Mancha, el déficit a finales de noviembre se situaba en 504 millones de euros, equivalente al 1,17% del PIB. El libramiento de los fondos retenidos por el gobierno de Pedro Sánchez dejaría el déficit de la Comunidad en 368 millones de euros, el 0,85% del PIB.
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