Hay que tener en cuenta que la Junta, con un gasto no financiero de 8.000 millones de euros en cifras redondas, es la principal empresa de la Comunidad. El flujo de deuda comercial varía según los meses. A finales de 2014, las facturas pendientes de pago estaban en 317 millones de euros sobre un presupuesto no financiero inicial de 6.120 millones de euros. En 2018, con un presupuesto sustancialmente más elevado, de 8.000 millones de euros, la deuda comercial al finalizar el año era de 185 millones de euros. Falta por conocer la cifra de 2019. El Ministerio de Hacienda tenía que haber publicado hace diez días los datos de todas las administraciones autonómicas, pero ha retrasado la difusión del informe.
Habitualmente, la Junta ya venía priorizando el pago a las pymes y autónomos en detrimento de sus principales proveedores, la mayoría de ellos relacionados con el sector sanitario. Ahora, esa prioridad es aún mayor.
En la crisis de 2008, la deuda de la Junta con proveedores se acercó a los 4.000 millones y se llevó por delante a pymes y autónomos
La medida anunciada requiere, además de una adecuada ordenación de pagos, de una tesorería saneada, para lo que son necesarios dos elementos fundamentales, que el gobierno central libre en tiempo las entregas a cuenta con las que se financia buena parte de la actividad de la Junta y que el Ministerio de Hacienda agilice las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir de los créditos. Al Ejecutivo Autonómico siempre le cabe canalizar parte del pago a proveedores con cargo al FLA y que sea el Ministerio el que se haga cargo del pago directo de las facturas. Hay que tener en cuenta que la administración castellano-manchega, al igual que las de otras Comunidades, no puede acudir por propia iniciativa a endeudamientos a largo plazo, aunque sí puede jugar con operaciones financieras a corto para aliviar las tensiones de tesorería.
La situación mejoraría si el gobierno central librase los 165 millones de euros que adeuda a Castilla-La Mancha por la liquidación del IVA de 2017 que tenía que haber transferido a la Comunidad el año pasado y que el Ministerio se quedó en sus arcas. La retención de estos fondos y de la subida de las entregas a cuenta (estas últimas durante once meses) provocó tensiones de tesorería y aumentaron la deuda comercial a lo largo de buena parte del ejercicio.
García-Page ha demostrado que no quiere caer en los errores que cometieron sus antecesores en la gestión de la crisis. La cuestión va a residir en el músculo financiero del que pueda dotarse la Junta. García-Page y Ruiz Molina son conscientes del peso de los autónomos y de las infrapymes en la economía regional. Una situación que ha obviado el gobierno central en su primer decreto de medidas económicas tras la declaración del estado de alarma. Una laguna que terminará por corregirse en los próximos días, tras las denuncias de las organizaciones de autónomos, de la empresa de economía familiar y del mundo de los expertos en análisis económico y financiero. No en vano los autónomos representan el 21% del total de trabajadores.
El gobierno central va a tener que dotar de mecanismos financiero a las Comunidades para que la cadena funcione adecuadamente. El Banco Central Europeo ya ha dado el visto bueno al programa de compra de deuda por valor de 750.000 millones de euros, una medida que nada más adoptarse rebajó la prima de riesgo española en casi un 40%, tras unos días en los que se había disparado por las reticencias de la presidenta del Banco Central Europeo a medidas ambiciosas de estímulo financiero. El gobierno central debe trasladar parte de los recursos a las Comunidades Autónomas, que son las que han tenido que hacer frente a los primeros grandes gastos en la lucha contra el coronavirus, tanto en farmacia y material sanitario, como en la contratación de personal, además de otras medidas sociales adoptadas como consecuencia de la crisis.
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