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FEDEA apuesta por renta mínima transitoria, agilizar ayudas, ERTEs modulables y considerar la condonación de deuda avalada
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FEDEA apuesta por renta mínima transitoria, agilizar ayudas, ERTEs modulables y considerar la condonación de deuda avalada

martes 21 de abril de 2020, 11:57h

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) publica hoy el primero de una serie de boletines mensuales de seguimiento de la crisis del Covid, elaborado por prestigiosos economistas e investigadores del país, que aconsejan el establecimiento de forma inmediata una renta mínima de último recurso de carácter transitorio, sustituir trámites y comprobaciones previos por controles a posteriori para agilizar la gestión de las ayudas, apostar por ERTEs modulables y considerar la posibilidad de condonaciones a posteriori de la deuda avalada en los sectores más afectados por la crisis.

Este primer boletín ha sido coordinado por Florentino Felgueroso (FEDEA) y Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC) y ha contado con la colaboración de José E. Boscá (Universidad de Valencia y FEDEA), Rafael Doménech (BBVA Research y Universidad de Valencia), Javier Ferri (Universidad de Valencia y FEDEA) y Diego Rodríguez (UCM y FEDEA) y con una tribuna invitada de Javier Andrés (U. de Valencia) sobre el papel de la Unión Europea en la respuesta a la crisis.

También proponen una batería de indicadores para el seguimiento de la dimensión económica de la crisis y ofrecen un análisis detallado de la evolución del mercado de trabajo durante el mes de marzo, con los flujos y diferencias entre marzo 2019 y marzo 2020 en cada división de actividad.

Consideran que el grueso de las principales medidas que el Gobierno ha ido tomando para paliar los efectos económicos y sociales de la epidemia “ ha ido en la dirección correcta”, buscando ayudar a trabajadores y empresas a capear el temporal con los mínimos daños posibles para reducir los costes sociales y económicos de la crisis y acortar su duración,

Sin embargo, a su juicio, las medidas tomadas hasta el momento presentan dos limitaciones importantes en opinión de los autores. “La primera es que dejan algunos huecos preocupantes de cobertura que afectan a colectivos especialmente vulnerables, como los parados de larga duración. La segunda tiene que ver con su diseño y gestión, que no está resultando tan ágil como sería necesario y no incorpora la suficiente flexibilidad, especialmente de cara a la terminación de las ayudas”

Para solventar el primer problema los investigadores consideran necesario establecer de forma inmediata una renta mínima de último recurso de carácter transitorio, restringida a aquellos que hayan agotado todas las demás prestaciones. “No parece aconsejable –señalan- esperar a que se ponga en marcha el ingreso mínimo vital de carácter permanente previsto en el programa de Gobierno porque eso podría retrasar demasiado una medida que busca cubrir necesidades urgentes. Y tampoco sería buena idea acelerar demasiado la puesta en marcha de un programa tan complejo e importante, que exigirá un cuidadoso diseño y un exhaustivo control de las transferencias públicas recibidas por los hogares para evitar desincentivos al trabajo y otros efectos secundarios adversos, así como una complicada negociación con las comunidades autónomas, que son las que tienen en principio las competencias sobre la materia y ya gestionan programas similares”.

En cuanto a la segunda cuestión, para mitigar los retrasos en la llegada de las ayudas, los autores del informe estiman que deberían reducirse al mínimo los trámites y comprobaciones previos, sustituyéndolos por controles a posteriori acompañados de fuertes sanciones para los que incumplan los requisitos anunciados. Los autores del estudio proponen como opción a considerar si los retrasos persisten que el gobierno se apoyase en las propias empresas para que actúen como intermediarias en el pago de las prestaciones a sus trabajadores, “como se está haciendo en Dinamarca”.

A juicio de los expertos, otro aspecto crucial, de la gestión de los mecanismos de apoyo a empresas y autónomos es su flexibilidad, especialmente de cara a su terminación. Así proponen que “los ERTEs, en particular, deberían ser fácilmente modulables, en el tiempo y en su cobertura, para permitir una vuelta gradual a la actividad cuando sea posible, especialmente en aquellos sectores en los que la recuperación será más tardía e incierta. En la misma línea, se podría introducir a posteriori un componente de ayuda directa en la línea de avales a empresas y autónomos mediante la condonación parcial de los préstamos con cargo al Estado en los sectores más afectados si las circunstancias así lo aconsejan”.

Finalmente, se hace una llamada a la prudencia fiscal: “Aunque limitar el déficit público no puede ser ahora una prioridad, hemos de ser conscientes de que los recursos con los que contamos, incluyendo los que podamos tomar prestados en los mercados o de las instituciones europeas, son limitados y tendrán que cubrir muchas necesidades en los próximos meses. Es importante, por tanto, utilizarlos bien, dirigiéndolos a donde son más necesarios, y no desperdiciar munición en ayudas que recaerían en buena parte sobre colectivos que no las necesitan”.

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