La tercera propuesta recoge que El Estado cofinanciaría (posiblemente al 50%, con un tope máximo por beneficiario) las rentas mínimas autonómicas, al menos durante la crisis. A cambio, podría exigir que estas prestaciones cumplan ciertas condiciones mínimas de cuantía y cobertura. Una vez superada la crisis habrá que valorar las posibles ventajas de mantener un esquema de este tipo frente a la introducción de un ingreso mínimo estatal.
Como cuarta propuesta se apunta a una revisión del sistema de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta de los impuestos compartidos por el Estado y las CCAA que son gestionados por la AEAT reflejarían la evolución de la recaudación real en cada territorio. Sin embargo, las comunidades tendrían derecho a percibir durante 2020 la cantidad restante hasta el importe inicialmente previsto de tales entregas a través de préstamos del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas.
La quinta medida contemplada en el estudio es la revisión de las retenciones por IRPF. Las retenciones del IRPF se ajustarían a los diferentes tipos autonómicos de manera inmediata y se trasladarían en tiempo real a las entregas a cuenta a las CCAA, de forma que las posibles subidas o bajadas del tramo autonómico del impuesto se trasladen inmediatamente a los contribuyentes y a las comunidades (y no con el retardo de dos años que ahora impone el sistema hasta la llegada de la correspondiente liquidación).
Como sexto punto se aboga por la libertad de acceso de las CCAA a los mercados de deuda o a la financiación bancaria dentro de límites agregados. El reforzamiento de los instrumentos de nivelación del SFA busca reducir las desigualdades existentes entre comunidades en términos de financiación por habitante ajustado, y por tanto en su capacidad de ofrecer servicios y prestaciones a sus ciudadanos en un momento de emergencia. El Fondo Social transitorio y la cofinanciación de las rentas mínimas autonómicas persiguen reforzar la red de seguridad de último recurso para los ciudadanos que no estén cubiertos por las prestaciones de sustitución de rentas que ofrece el Gobierno central. Se busca alcanzar este objetivo de la forma más eficiente posible y respetando el reparto existente de competencias. Puesto que la asistencia social es una competencia de las CCAA y que estas administraciones son las que mejor acceso tienen a los colectivos más vulnerables a través de sus servicios sociales, resulta lógico que sean ellas las que gestionen estas prestaciones de último recurso. Dada la gravedad de la crisis, será necesaria una inyección de recursos estatales para que las ayudas puedan llegar a todos los que las necesiten, pero es importante que las comunidades soporten parte del coste de las mismas para que tengan incentivos para gestionarlas bien.
El cambio en el funcionamiento de las entregas a cuenta busca que las CCAA perciban correctamente la evolución de sus ingresos tributarios y déficits presupuestarios y que sus cuentas lo reflejen en tiempo real. De esta forma, los Gobiernos regionales tendrán la información necesaria para elaborar planes realistas de respuesta a la crisis y experimentarán una mayor presión para comenzar a hacerlo de inmediato. Con ello se pretende evitar la repetición de lo sucedido durante 2008 y 2009, cuando el sistema protegió durante dos años a las CCAA de la caída de ingresos, lo que les llevó a posponer más de lo razonable sus planes de ajuste. Al mismo tiempo, se quiere garantizar que las CCAA tendrán acceso a recursos suficientes para hacer frente a la crisis, dándoles la posibilidad de obtener todos los fondos con los que contaban a priori a través de un incremento de su deuda con el Estado, pero no obligándoles a proceder de esta forma. Las dos últimas medidas buscan aumentar el margen de actuación de los gobiernos regionales, permitiéndoles modular sus ingresos tributarios sin el enorme retardo que ahora impone el sistema, así como recurrir a fuentes alternativas de financiación dentro de ciertos límites si lo consideran necesario.
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