El martes se conoce que oficialmente más de 6,9 millones de españoles están en paro o en regulación temporal de empleo. Son 3.831.203. españoles en paro y 3.074.462 en ERTEs. De ellos 199.091 castellanos manchegos en paro y 93.571 en ERTEs.
El martes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ufana su cuenta en la red social de Twitter de que «en abril se han reconocido 3.333.700 nuevas prestaciones, alcanzando un total de 5.197.451 prestaciones pagadas, cifra histórica que revela el incremento de la protección social, articulada por este Gobierno, y que pone en valor la labor de @empleo_SEPE». Hay casi 5,2 millones de prestaciones por desempleo. No se contabilizan en esta cifra a los autónomos que reciben prestaciones y que se calculan en otros 1,3 millones.
El martes la Dirección General del Tesoro, que depende de la ministra y vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sale a pedir dinero prestado a los mercados con letras a 6 y 12 meses. Quiere obtener un mínimo de 6.500 millones y un máximo de 7.500 millones. Finalmente obtiene 7.595,32 millones. Es la cuantía en la que sube en un día la deuda pública para poder hacer frente a los gastos del gobierno. Es la mayor subasta desde 2010. El jueves, día 7, el gobierno vuelve a acudir a los mercados con bonos a 3 y 5 años y obligaciones del estado a 7 y 30 años. El importe mínimo 5.500. El máximo 6.500. A esa cuantía suma otra emisión de entre 250 y 750 millones en obligaciones del Estado a 15 años.
El martes el Tribunal Constitucional Europeo abre una brecha institucional en la Unión. La brecha tiene origen y repercusión económica. Considera que la compra de bonos por el Banco Central Europeo debe ser modificado, debe recortarse. Esa compra es la que permite financiarse a los países con más debilidad y hacerlo también a tipos más bajos (reduciendo su prima de riesgo). En ese grupo está España.
El martes, el ministro de Seguridad Social anuncia de que este mes saldrá adelante la renta mínima garantizada. Estima que el coste para el Estado será de 3.000 millones anuales
Con tensión o sin ella, la capacidad de endeudamiento de España, lo mismo que le sucede a cualquier familia, depende de sus ingresos, de lo que ya debe y de su capacidad de pago. Los ingresos dependen, a su vez, de la actividad económica: Sociedades (impuesto sobre el beneficio de las empresas), IVA (consumo) y Renta (por el trabajo y el ahorro) son las principales fuentes de ingreso del Estado. La actividad está casi paralizada. El gobierno cree que este año ingresará 25.700 millones menos que el año pasado (-5,3%) y que gastará 55.000 millones más (10,5%) que en 2019 y que su déficit será de 115.671 millones de euros, una cuantía que deberá cubrir con créditos.
Los gestores de riesgos señalan que España no tiene capacidad para endeudarse tanto y que los préstamos terminarán estando condicionados porque los que prestan quieren garantizarse que van a cobrar. Es lo que se denomina rescate.
Y el rescate lleva aparejadas medidas de recortes en gasto público: nómina de funcionarios, pensiones y prestaciones sociales, acompañados de una subida de impuestos. Ocurrió en Grecia, en Portugal…
En esa crisis de 2008-2014, España no llegó a pedir el rescate país, aunque sí necesitó un rescate de su sistema financiero mediante un préstamo, cuyos pagos supusieron un recorte de gastos en todas las administraciones y en la limitación de la subida de las pensiones. Las medidas fueron más suaves que las que se dieron en otros países.
El gobierno de España todavía no ha presentado su plan de reconstrucción de la economía. Hasta ahora ha aprobado medidas de hibernación del tejido productivo y de protección social. Y el futuro país depende de ese plan de reconstrucción. Hace más de un mes se anunciaron unos pactos de La Moncloa, que no llegan. El gobierno no ha definido la hoja de ruta de su política económica para salir de la crisis. Hasta la fecha se toman decisiones aisladas. Algunas de ellas de nueva implantación que suponen un aumento del gasto.
Castilla-La Mancha sí ha reaccionado con rapidez. Lo ha hecho con un Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación económica, que prioriza a pymes y autónomos (el grueso del tejido productivo de la Comunidad) y a trabajadores afectados por el Covid 19 para llegar a más de 120.000 beneficiarios, con un gasto de 232 millones de euros. Pero el grueso de la actuación depende del modelo y las medidas que trace y adopte el gobierno central. Y España sigue esperando.
Si (
No(
