El gobierno ha contratado a una empresa consultora para que elabore un estudio sobre el impacto de género que tendrán los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017. Esta contratación tiene su base en la decisión de que los presupuestos se hagan con perspectiva de género, y se evite que con ellos no se discrimine a la mujer.
La ley autonómica de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, vigente desde 2010, establece que “todos los anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general y planes que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha deberán incorporar un informe sobre impacto por razón de género que analice los posibles efectos negativos sobre las mujeres y los hombres y establezca medidas que desarrollen el principio de igualdad”.
Cuando se aprobó el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales para 2017 no existía todavía el dictamen de esta empresa. Aún así, el anteproyecto aprobado por el ejecutivo cuenta con un informede evaluación de impacto de género emitido el 5 de septiembre por la Dirección General de Presupuestos, con el único fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, ya que este informe interno no se pronuncia sobre el eventual impacto de género que conllevará la norma. El documento de la dirección general recoge las actuaciones que el ejecutivo piensa llevar a cabo en el corto plazo, para evaluar el impacto de género en el futuro.
Entre las medidas previstas por el gobierno figura la de crear una Comisión de Igualdad como órgano bipartito, formado por representantes de la Consejería competente en materia de Hacienda y del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, cuya misión primordial será dotar la elaboración de los presupuestos generales de una perspectiva de género. Además, el gobierno quiere que esta Comisión impulse y fomente la preparación de los presupuestos en cada sección (Consejería) con perspectiva de género, y colabore con los distintos órganos del sector público regional para incorporar la perspectiva de género en la planificación económica. Igualmente, el gobierno tiene previsto constituir con carácter estable una red de análisis de género a través de las Unidades de Igualdad, identificando los actores implicados en cada Consejería, cuya finalidad será “promover la efectiva transversalidad de la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de la realidad y la planificación de acciones públicas que dependan de cada departamento”.
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