Dice el refrán que tan malo es pecar por exceso como por defecto. Sin embargo, en la gestión pública, este dicho no reza. Peca sobre todo el que se queda corto. Y en el gobierno de Castilla-La Mancha, el órgano que se quedaba más rezagado, según los datos a falta de un mes para terminar el año, era la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas. Le encomendaron las Cortes la gestión de 169 millones de euros y en los once primeros meses del año solo se había gastado -que no pagado- 57,5. Para los amantes de los porcentajes, eso representa el 34,03 por ciento, poco más de la tercera parte.
Entre los que se exceden, unos faltan y otros van a la gloria. En el primer grupo se encuadran los que se exceden en los gastos de gestión, en los no productivos. En el segundo, los que ponen especial celo en la actuación que repercute en mejora de los servicios al ciudadano. Entre los primeros, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que se encarga de la gestión y coordinación de los servicios de la Presidencia, incluida la organización de actos. Las Cortes le aprobaron su propuesta -según la calificaron- de austeridad, con un gasto para este año de 5,57 millones de euros. A finales de noviembre llevaba consumidos 11,26. Reajustes, errores en las previsiones, excesos…. Nadie ha ido al Parlamento a explicarlo. Y a estas alturas, a punto de que se debata el presupuesto para 2017, los datos y el silencio restan credibilidad. Le sigue en porcentaje el gabinete del presidente, con una ejecución del 123,01 por ciento. Los gastos que se imputan al gabinete sólo son de personal. Ambos órganos gestores provocan que el departamento que más peca por exceso sea el del Palacio de Fuensalida.
Sólo le ha superado en el exceso Economía, Empresas y Empleo. Tiene esta Consejería un comportamiento irregular. Con un 113,06 por ciento gestionado sobre los fondos previstos inicialmente, sobre el papel contrasta el 183,7 por ciento de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral frente al 39,2 de la Viceconsejería de la que depende, claro que los datos indican que es porque esta Viceconsejería se ha ahorrado más de 7 millones de euros en estudios y trabajos técnicos a realizar por empresas externas.
Buenos datos los de la Dirección General, responsable de atajar el mayor problema, el del paro. Claro que, al leer la letra pequeña, uno se encuentra una lista de pecados de este departamento, formada fundamentalmente por lo que no ha hecho. Y así, en el programa de relaciones laborales tiene congelados 700.000 euros destinado a rentas de subsistencia. En el de “Formación profesional para el empleo”, cuyos fondos iniciales ha duplicado, se resiente el proyecto de formación a través de las empresas y las becas de centros de formación a través de ayuntamientos.
Y si Patricia Franco presenta más luces que penumbras, y se come lo que otros no pueden digerir, lo del departamento de Agricultura es para un análisis detallado. El tercer departamento con mayor presupuesto -1.383 millones aprobados por las Cortes- necesita mejorar, como diría una cartilla de evaluación escolar. Vamos, lo que antiguamente era un muy deficiente. A la mencionada Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, la que peores resultados presenta de todo el Gobierno, se suma la de Desarrollo Rural, que de los 223,5 millones iniciales, a finales de noviembre sólo había autorizado gasto por valor de 105,7. Su 47,28 por ciento de grado de ejecución la sitúa como segunda por la cola, descontada la Viceconsejería de Empleo, por las causas señaladas que convierten la baja gestión de Empleo en un dato positivo. Desarrollo Rural falla en el programa de ayudas a regadíos. De los 37,7 millones ha comprometido 5,6. En investigación y experimentación agrarias, reduce los 3,35 millones que le aprobaron las Cortes a 2,84, pero a finales de noviembre sólo había reconocido obligaciones por poco más de medio millón. Pero sin duda el programa en el que se produce mayor retraso es en el de las ayudas de la PAC. Dotado inicialmente con 141,2 millones, lo reduce a 132,7, autoriza gasto por 53, pero sólo ha comprometido 29 millones.
Por lo que respecta al resto de departamentos, las direcciones generales de Tributos (100,31 por ciento), Urbanismo y Vivienda (110,42), y Juventud y Deporte (103,08), son las que mejores datos presentan en gestión. El otro extremo se completa con: Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos (55,73 por ciento), Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación (66,83), Empresas, Competitividad e Internacionalización -una de las sombras de Patricia Franco- (60,71), Agricultura y Ganadería (67,24) y Atención a la Dependencia (67,01).
Entre las Secretarías Generales, que son las encargadas de la gestión interna de las diferentes Consejerías (personal, presupuestos, sedes, apoyo a los consejeros y resto de departamentos…) y que tienen encomendada la gestión de los programas de servicios generales, el éxito está en obtener el porcentaje más bajo, porque habrá supuesto mayor ahorro. Además de la ya citada de Presidencia (202,12 por ciento), la de Fomento supera la barrera del 100 (102,52 por ciento). El resto por orden de menor a mayor son: la de Economía, Empresas y Empleo (80,14 por ciento a finales de noviembre), Educación, Cultura y Deporte (87,83 por ciento), Sanidad (89,60), Agricultura (90,08), Hacienda y Administraciones Públicas (92,61) y Bienestar Social (94,06).
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