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ejecución presupuestaria

El gobierno metió el acelerador a los programas de sanidad, educación, vivienda, medio ambiente y cultura durante la primera mitad del año. A finales de junio, el Ejecutivo llevaba comprometido el 80,25% de los fondos y obligado el 44% de los fondos destinados a estas actuaciones englobadas bajo la denominación común de “producción de bienes públicos de carácter social”. En contraste, los programas orientados al fortalecimiento de los sectores productivos (agricultura, industria y servicios) llevaban unos niveles de compromiso del 23,2% y de ejecución del 16,4%.

Las actuaciones de reestructuración de la deuda para reducir la carga de intereses y la cobertura de las amortizaciones previstas han disparado el presupuesto financiero de la Junta de Comunidades durante el mes de mayo, en el que el Gobierno regional ha captado 500 millones de euros en créditos a largo plazo.

  • El mejor comportamiento del IRPF y el fondo especial Covid permitieron hacer frente a la pandemia
  • El gasto se elevó a 7.854 millones empujado por los costes extraordinarios de la lucha contra el Covid, que en sanidad superó los 275 millones

Nunca antes la Junta había manejado tanto dinero como en 2020. El año pasado la Hacienda Regional tuvo más de 8.000 millones de euros. Esa cuantía le permitió afrontar los gastos extraordinarios del Covid y terminar con superávit por segunda vez.

  • Dos de cada tres euros de esos 5.500 millones gastados por la Junta en la primera mitad del año fueron para pagar los créditos y la atención sanitaria
  • Ambos programas registran una fuerte subida respecto al año pasado

La lucha contra el Covid-19 y el peso del endeudamiento están detrás del fuerte aumento del gasto público de Castilla-La Mancha en el primer semestre del año, que fue del 11,26% respecto al mismo periodo del año pasado y ascendió a 5.500 millones de euros.

  • El Plan de Garantías Ciudadanas impulsado y coordinado por los altos cargos y eventuales de la formación morada cerró con 57 millones sin gestionar

Cinco meses después de su salida del gobierno apenas si quedan rastros de su paso por el Ejecutivo y por la política regional. Los líderes de Podemos han desaparecido de la escena que tanto acapararon y buena parte de sus votos han emigrado a otras opciones políticas. El primer pacto de gobierno PSOE-Podemos, el que se dio en Castilla-La Mancha, duró menos de dos años, y puso en evidencia una relación inversamente proporcional entre los deseos de mandar de los dirigentes regionales morados y su capacidad de gestión. La experiencia de aquel pacto recobra actualidad ahora que se avanza en el acuerdo de Ejecutivo de coalición a nivel nacional. En Castilla-La Mancha, Podemos se hizo con una vicepresidencia y con una Consejería, que sería la encargada de su medida estrella: la coordinación del que denominaron Plan de Garantías Ciudadanas, la columna vertebral de su programa de gobierno. Un plan en el que se recogían garantías de vivienda, suministros básicos y rentas (de empleo, educación y servicios sociales) para los castellano-manchegos.

A finales de mayo Castilla-La Mancha había gastado 2.579 millones de euros e ingresado 2.441 según la ejecución presupuestaria en términos homogéneo de las Comunidades Autónomas. Esa gestión dejaba un saldo presupuestario deficitario de 138 millones de euros.

  • Los pagos de facturas a clínicas privadas superan en un 44% los fondos aprobados por las Cortes
  • El gobierno dejó sin gastar el 33,5 % de los presupuestos para la contratación de personal sanitario de refuerzo en la sanidad pública

Durante 2017 el gobierno del presidente García-Page redujo los fondos para la contratación de personal de refuerzo y de sustitución en la sanidad pública (médicos, técnicos, enfermeras, celadores…), al tiempo que incrementó los fondos para derivar pacientes a las clínicas privadas. Esa actuación se produjo tanto en relación a 2016 como sobre las previsiones establecidas por el propio Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para 2017.

Castilla-la Mancha, entre las regiones con mayores desequilibrios en su gestión presupuestaria

Durante el primer semestre del año el gobierno regional fue de los más lentos en gestionar sus ingresos. Esta situación, junto a figurar en el grupo de las regiones con mayor nivel de gasto, provocó que el gobierno regional cerrara sus cuentas del primer semestre del año con un déficit presupuestario de 2,83 puntos. En términos homogéneos, las cuentas del gobierno de García-Page son las cuartas de España con mayor desajuste entre ingresos y gastos, sólo superadas por Navarra (3,42 puntos), Baleares (4,53) y Cantabria (6,06).

El aumento de los vencimientos de deuda de la Comunidad Autónoma en los dos primeros meses del año en un 60% anual frente al 23,87% del resto de Comunidades ha provocado que la gestión de los fondos no financieros, que son los destinados al pago de los servicios públicos en nuestra Comunidad cayeran un 8,74% anual frente al incremento del 11,34% del conjunto del sector autonómico.

2021 ha arrancado en las finanzas públicas de Castilla-La Mancha con mayores vencimientos de deuda, con un importante incremento de los gastos de personal y con una reducción de los costes de los intereses financieros. En el apartado de ingresos, la tesorería de la Comunidad nota la menor entrega a cuenta por parte del Estado de dinero procedente del IVA y del impuesto especial de hidrocarburos.

Puestas de manifiesto en la ejecución de los fondos públicos

  • En marzo Illa multiplicó por 6 el presupuesto de Sanidad para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia y se gastó más de la mitad del total
  • A 31 de marzo, de los 1.151 millones para servicios sociales, incluidos los 300 de emergencia anunciado por Iglesias, sólo se habían gastado 19

La pandemia ya deja rastro en los Presupuestos del Estado. El gobierno se vio a corregir los presupuestos iniciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. En el primer trimestre del año llevó a cabo modificaciones y ampliaciones de crédito para poder hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. Los fondos destinados a la adquisición de material y suministros se incrementaron un 214% y alcanzaron los 1.278 millones de euros, 872 millones más que en el mismo periodo de 2019.

  • La cifra representa el 75% del gasto no financiero y equivale al 12,2% del PIB
  • Destinó otros 1.703 millones al resto de políticas públicas (4,06% del PIB) y 2.102 millones (5,01% del PIB) a deuda pública

El gobierno de Castilla-La Mancha gastó 6.832 millones de euros en la prestación de los servicios públicos durante 2018. La cifra, que equivale al 16,3% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. El 75% de estos fondos (5.129 millones de euros) los destinó a políticas sociales. Sanidad, Educación y programas de Bienestar, con un gasto equivalente al 12,23% del PIB regional. El gasto total del gobierno regional se situó 477 millones de euros (6,5%) por debajo de sus previsiones iniciales y 206 millones de euros (3,03%) por encima del gasto efectuado en 2017.

  • El 85% de las ayudas al alquiler no llegaron a los destinatarios
  • En el programa de empleo se dejaron sin gastar 20 millones, el 27% de los fondos destinados a luchar contra una tasa de paro del 22%

Los papeles económicos del gobierno sobre la gestión en 2017, que han permanecido diez meses ocultos, revelan que el ambicioso Plan de Garantías, la agenda social con la que Podemos llegó al gobierno, dejó sin gastar 44 millones de los 141,32 (uno de cada cinco euros) que tenía este programa destinados a los más desfavorecidos y que debía gestionar y coordinar desde el gobierno la consejera de Podemos, Inmaculada Herranz, como eje central de la política a seguir por su departamento. Dentro de la formación morada existe una corriente crítica con la permanencia del partido en el gobierno y con la actuación de algunos miembros de la formación.

Los recortes persisten, a pesar del crecimiento económico

  • Los programas sociales sufrieron un recorte de 336 millones de euros
  • Economía, Empresas y Empleo dejó sin gestionar el 44% de sus fondos, Agricultura el 23% y Bienestar Social el 11%

Clm21.es ha accedido al documento que el gobierno ha tenido guardado durante diez meses y en el que se detalla la gestión que el gabinete del presidente García-Page hizo durante el año pasado. Los papeles económicos de la Junta, el listado de la ejecución económica de cada uno de las partidas a finales de diciembre, revela que el Ejecutivo dejó sin gastar 500 millones de euros en relación al presupuesto inicial y 688 respecto al presupuesto definitivo. Ese tijeretazo afectó a los programas de protección y promoción social en 226 millones de euros, fundamentalmente de servicios de protección a los más desfavorecidos: discapacitados, dependientes, mayores… y de promoción del empleo. Otros 110 millones que se quedaron sin gastar afectan a la producción de bienes de carácter social, que encuadra los programas de sanidad, educación y vivienda.

A primeros de agosto, el gobierno sólo había invertido 38,4 de los 196 millones previstos

Los datos económicos de la gestión de las inversiones en servicios públicos hacen que las declaraciones de los diferentes miembros del gobierno regional sobre las obras y equipamientos en educación, sanidad o bienestar social se queden en un catálogo de buenas intenciones. Los expedientes administrativos y los datos de ejecución presupuestaria revelan un gran retraso de los proyectos que, en algunos casos, incluso operan como comodín para tratar de nivelar los desajustes presupuestarios de la Junta de Comunidades. Ello a pesar de estar a falta de poco más de seis meses para iniciar el periodo electoral de las autonómicas de mayo de 2019.