El gobierno regional gastó el año pasado 8.202 millones en la prestación de servicios públicos

Castilla-La Mancha gastó durante el año pasado 8.202 millones de euros en la prestación de servicios públicos (7.982 en 2021) y otros 3.581 millones de euros en operaciones financieras, de las que 3.579 millones fueron para amortizaciones y renovaciones de su deuda. Los datos constan en la ejecución del presupuesto homogeneizado de las Comunidades Autónomas, que elabora la Intervención del Estado a partir de la información de los propios gobiernos regionales.

En el capítulo de ingresos, el gobierno obtuvo 7.715 millones de euros en operaciones no financieras frente a los 8.502,5 de 2021, y otros 3.576 en operaciones de crédito. Estas últimas permitieron cubrir la totalidad de las operaciones de amortizaciones de préstamos, mientras que los ingresos no financieros dejaron un saldo presupuestario deficitario de 486 millones de euros.

La cifra mejora los propios estados iniciales ya que el gobierno sobre el papel partía con un déficit entre ingresos y gastos de financiación ordinaria de 1.018 millones de euros. Esta rebaja del déficit fue posible gracias fundamentalmente a la contención del gasto en las operaciones de capital (inversiones propias y ayudas a las inversiones privadas y de ayuntamientos)

Si inicialmente, el gobierno hizo unas previsiones de operaciones no financieras de gasto por valor de 9.034 millones de euros y de ingresos de 8.015, finalmente redujo los gastos en 831 millones de euros, tras anotar una caída de los ingresos estimados de 300 millones de euros. Con todo, el gobierno logró una ejecución de sus ingresos no financieros del 96,26%, mientras que en el caso de los gastos, el porcentaje se quedó en el 90,79%. A nivel global, el conjunto de las Comunidades Autónomas españolas presentaron grados de ejecución superiores a sus previsiones iniciales, con el 101,64% en el caso de los ingresos y de 100,63% en el caso de los gastos, reflejando una mayor adecuación entre lo previsto inicialmente y lo realizado a final de año.

En total, las Comunidades Autónomas gastaron en prestación de servicios públicos (operaciones no financieras) 196.850 millones de euros, 10.326 millones de euros más de lo que ingresaron.