Por regiones, Cataluña era la que tenía mayor volumen de dinero pendiente de abono, tanto en valores absolutos: 940,2 millones (el 27,3% del total adeudado por los gobiernos autonómicos), como en relativos: 0,35% de su PIB. Galicia, con un 0,08% de su PIB (60 millones en términos monetarios) era la región que menos debía a sus proveedores, seguidas de Madrid y Extremadura, ambas con un 14% de su PIB.
Además de estar en el grupo de regiones con menos deuda comercial, Castilla-La Mancha también cerró el primer trimestre entre las Comunidades con un Periodo Medio de Pago más bajo, es decir, entre las más ágiles en hacer efectivas sus facturas. En concreto, la Hacienda Autonómica hacía efectivos los pagos en menos de tres semanas (20,89 días), mientras que la media territorial era de 24,11. La región más rápida en pagar es Extremadura, con un promedio de 8,39 días y la más morosa, Murcia, con plazos de 69,56 días, superando el límite de 30 días que establece la ley antimorosidad que obliga a los gobiernos regionales a saldar sus deudas en un tiempo máximo de 30 días, barrera que también sobrepasan Canarias (35,10), Aragón (31,94) y Baleares (31,24).
Respecto al origen de la deuda con proveedores de las Comunidades Autónomas, el grueso es con los del sector sanitario, a los que deben 2.290 millones de euros, es decir dos de cada tres euros que tienen pendientes de pago. En el caso de Castilla-La Mancha, de los 99,75 millones en facturas, 68,68 millones eran con este sector, que es el que mayor volumen de compras por parte de todos y cada uno de los gobiernos autonómicos.
En cuanto a la evolución de la deuda con proveedores, la Junta de Comunidades la ha reducido en marzo en un 15,69% (18,57 en términos monetarios) millones respecto al mes de febrero. En el caso del conjunto del sector autonómico, esa reducción se queda en el 1,45% (50,5 millones de euros). En términos anuales, la deuda comercial de la Junta de Comunidades crece en 46,34 millones de euros (86,76%). En total, las autonomías deben 453 millones más que a finales del primer trimestre de 2022 (+15,14%).
Además de esa deuda comercial, los gobiernos autonómicos también tenían pendientes de pago de otros 8.100 millones de euros en subvenciones y ayudas. La suma de las cantidades pendientes por estos conceptos y de facturas de proveedores alcanzan los 11.547 millones de euros. Es lo que se conoce como deuda no financiera y equivale al 0,82% del PIB nacional. En el caso de Castilla-La Mancha la deuda no financiera es de 389,26 millones de euros (0,79% del PIB) de los que 99,75 son por facturas y los otros 289,51 millones en el apartado de subvenciones, ayudas y convenios.
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