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periodo medio de pago

30/11/2022@21:33:23

El ente público de la Radio y la Televisión de Castilla-La Mancha y sus dos sociedades (la de televisión y la de radio) son los únicos organismos de la Comunidad Autónoma que pagan a sus proveedores por encima del plazo de 30 días. Los datos de octubre, que acaban de hacerse públicos, revelan que la Comunidad tiene un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 24,85 días. En el caso concreto de las consejerías ese plazo se reduce a 16,43 días.

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas lleva ya 19 meses consecutivos por debajo de los 30 días, plazo máximo establecido por la normativa, después de que en junio registraran un plazo de 22,34 días, ligeramente superior a lo observado en mayo (21,92 días). En Castilla-La Mancha el periodo medio de pago se situó en 17,58 días.

El plazo medio de pago en el que las empresas españolas hacen efectivas sus facturas fue de 95,90 días en el segundo trimestre de 2022, según el 'Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas' publicado por Informa D&B.

A finales del primer trimestre, el gobierno autonómico mantenía un Periodo Medio de Pago a sus proveedores por debajo de los 15 días. A pesar de que el primer trimestre suele ser el de mayores tensiones de tesorería, la hacienda regional ha logrado no distanciarse de los periodos de abono de finales de 2021, cuando alcanzó los mejores tiempos de la serie histórica en cuanto a agilidad de pago a proveedores (14,05 días).

Una de cada cinco empresas ha experimentado un aumento de la morosidad en el último año, según el Barómetro de la pyme sobre morosidad de Cepyme, en el que se recogen las opiniones de cerca de 650 empresas, sobre todo de micro y pequeñas empresas.

Castilla-La Mancha registró a finales de 2021 los mejores datos de la serie histórica en cuanto a agilidad de pago a sus proveedores. El Periodo Medio de Pago (PMP), se situó en 14,05 días. Sólo las dos empresas de la Junta de Comunidades, la de la radio y la de la televisión regionales, incurrían en mora al hacer los abonos en más de 30 días.

Solo un 31% de las empresas cuenta con un código ético para fomentar la cultura del pronto pago, un porcentaje un 17% inferior al 48% del año pasado, según un estudio elaborado por Intrum.

Los datos de facturas pendientes de pago y de deuda comercial de noviembre reflejan el proceso de saneamiento de las finanzas de Castilla-La Mancha y de su tesorería que ha acometido la Hacienda regional y en el que ha sido determinante el incremento de ingresos. A finales de noviembre, la Junta tenía facturas en trámite pendientes de abono a sus proveedores por valor de 107,9 millones de euros. Es la cuantía más baja para un mes de noviembre de los últimos años. En concreto está 70 millones por debajo (-39,5%) de la de un año antes.

A lo largo de los tres primeros meses del año la desaceleración de la recuperación de la economía española y el adverso impacto de la inflación sobre las cuentas empresariales han afectado negativamente a la evolución de la morosidad empresarial, según recoge el Observatorio de morosidad de CEPYME. No obstante, en este entorno hostil las empresas castellano-manchegas han conseguido no sólo mantener su periodo medio de pago (PMP) por debajo del límite de 90 días, sino que han logrado mejorar su rapidez de pago con respecto al mismo periodo de 2021.

Castilla-La Mancha se consolida como una de las Comunidades más ágiles en el pago a sus proveedores. En abril, las facturas pendientes de abono sumaban 58,87 millones de euros, equivalentes al 0,13% del PIB regional) y el Periodo Medio de Pago (PMP) era de 15 días. Los datos reflejan el mejor abril de la serie histórica, con una reducción del volumen respecto al año pasado de 92 millones de euros (-60,95%) y un plazo de pago de casi la mitad. De los 58,87 millones pendientes de pago, 40 eran con el sector sanitario.

El plazo medio de pago en el que las empresas españolas hacen efectivas sus facturas sube hasta 96,99 días en el primer trimestre de 2022, según el 'Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas' publicado por Informa D&B.

Al cierre de 2021, el gobierno regional adeudaba a sus proveedores 146,34 millones de euros

La deuda del gobierno regional con sus proveedores ascendía a finales del año pasado a 146,34 millones de euros. Son 24,7 millones de euros más (20,3%) en facturas pendientes de pago que al cierre de 2020.

En octubre de 2018, el Banco de España encendía las luces rojas “la mayor parte de las Administraciones Públicas continúa presentando todavía, de manera persistente, plazos de pago de sus facturas superiores a los que contempla la ley y advertía de que “un retraso importante en los pagos de las deudas comerciales de un número significativo de administraciones públicas, como sucedió durante la crisis, tendría un elevado efecto sobre la actividad económica”. Ese mismo mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisaba sobre la deuda y el riesgo de sostenibilidad financiera y decía: “es muy alto las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, comunidades que actualmente registran un endeudamiento muy elevado (y alejado de porcentaje de referencia legal del 13%), y que, bajo un escenario de política no cambiante, no se reduce significativamente en la próxima década”.

Las tensiones sufridas en los abastecimientos sanitarios durante 2020 y en parte de 2021 han sido un elemento clave para reducir la deuda de las Comunidades Autónomas con sus proveedores. Antes de la pandemia, tres de cada cuatro euros adeudados eran a laboratorios y compañías sanitarias y farmacéuticas. En noviembre de 2021 la deuda con estas empresas suponía el 68,3% del total, cinco puntos menos que dos años antes. En términos monetarios, las cantidades pendientes de abono al sector sanitario sumaban 2.667,6 millones de euros, muy lejos de los 3.730,2 de dos años atrás.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dispuesto un mecanismo extraordinario para el pago a proveedores de las entidades locales en el año 2022, lo que permitirá cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, que es el máximo establecido por la ley.