periodo medio de pago

Se acabaron las trampas en el solitario. Los plazos de pago a proveedores por las administraciones públicas españolas, incluidas las Comunidades Autónomas, deberán computarse conforme a la ley de morosidad, es decir, en días naturales y por tanto la administraciones públicas españolas deberán pagar en menos de 30 días naturales. A partir de esa fecha, los proveedores podrán exigirles intereses de demora. La medida ha sido adoptada por el gobierno central, tras las advertencias de la Unión Europea, que tiene a nuestro país bajo vigilancia por el Procedimiento de Déficit Excesivo y que se ha hecho eco de las quejas presentadas por varias asociaciones españolas contra la morosidad.

La deuda no financiera de la Junta (la que tiene con proveedores y con instituciones por subvenciones o convenios) ha aumentado en 42 millones (15,64%) de agosto a septiembre y a final del tercer trimestre debía 311 millones de euros, que equivale al 0,78% del PIB regional.

La deuda no financiera de la Junta a finales de agosto era de 269,19 millones de euros. De ese dinero, el gobierno debía 140,66 millones de euros a sus proveedores y el resto a entidades y empresas beneficiarias de subvenciones y convenios. El Periodo Medio de Pago de la Junta a sus proveedores se situó en 37,81 días naturales (7,81 oficiales).

Las regiones españolas (sin considerar País Vasco) redujeron su deuda con proveedores en el mes de julio en 290 millones de euros respecto a junio. Julio cerró con 6.361 millones de facturas pendientes de pago por los gobiernos autonómicos, el 0,54% del PIB. A esa cuantía hay que sumar otros compromisos pendientes de pago (fundamentalmente en subvenciones) por 4.125 millones de euros, lo que sitúa el total de la deuda no financiera autonómica en 10.486 millones de euros, el 0,96% del Producto Interior Bruto.

Las facturas que el gobierno regional tiene pendientes de pago se dispararon en junio un 48,99% y alcanzaron un volumen de 233,08 millones de euros. Castilla-la Mancha fue la región española en la que más crecieron porcentualmente las facturas pendientes de pago.

La Fundación Impulsa y el grupo Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha son las entidades públicas regionales con mayor demora en el pago a sus proveedores e incumplen la ley sobre morosidad de las administraciones públicas, que establece un plazo de 30 días para el abono de las facturas. La fundación paga a 51,39 días y el ente público a 54,67. A ellos se suma la empresa pública de gestión ambiental GEACAM, con un Periodo medio de Pago de 33,85 días.