Estos datos están recogidos en el informe sobre “Plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las Comunidades Autónomas”, elaborado por el Ministerio de Hacienda. Una vez se han hecho públicos, el gobierno regional ha emitido un comunicado en el que elude referirse a la deuda que mantiene con sus proveedores y con los beneficiarios de subvenciones y se centraba tan sólo en el PMP.
La nota señala que el Gobierno de García-Page paga en 7,81 días a los proveedores de la Administración regional, tres semanas antes que la media nacional, que se sitúa en 28,25 días, y solo por detrás de Andalucía” en las Comunidades de régimen común, ya que las forales Navarra y País Vasco, son más ágiles en sus pagos y tienen un PMP negativo al abonar sus facturas en menos de 30 días naturales.
El Periodo Medio de Pago empieza a computar a partir del mes desde que el proveedor presentó la factura, por lo que en realidad a las cifras oficiales del PMP hay que sumarles 30 días. En el caso de Castilla-La Mancha eso supone que el gobierno de García-Page está pagando a sus proveedores a 37,81 días desde que se presenta la factura. El gobierno afirma en su comunicado que paga en 7 días y en su comunicado confunde el concepto de plazo legal con el concepto Periodo Medio de Pago, y así mantiene que “la región ha cumplido prácticamente cada mes el plazo legal de pago a proveedores, establecido para las administraciones públicas en 30 días”. El plazo legal según la ley de morosidad que es la que rige frente a terceros es de 30 días naturales desde la presentación de la factura. A partir del día 30, los proveedores pueden pedir intereses de demora a la administración de turno. El Periodo Medio de Pago (PMP), es un concepto económico diferente, que establece a efectos internos de la administración un sistema de contabilizar las operaciones pagadas y las pendientes de pago, mediante una serie de fórmulas matemáticas. Confusiones aparte -interesadas o no- el dato es que la Comunidad fue en agosto la cuarta administración autonómica en agilidad en el pago a sus proveedores.
En cuanto al apartado del informe que el gobierno regional ha silenciado y que se refiere a las facturas y compromisos pendientes de pago, se constata que la mayor parte de los 140,66 millones de la deuda con proveedores que tiene el gobierno regional es con las empresas del sector sanitario, a las que debe 76,75 millones de euros. En comparativa interanual el año pasado, el gobierno regional debía a sus proveedores en julio 130 millones y 190 millones en agosto. Este año, en julio eran 155 y en agosto 140 millones.
El gobierno también elude referirse al origen de la deuda con otras entidades.La otra línea que junto a las facturas compone la deuda no financiera es la de pago de subvenciones. Si el año pasado en agosto, esa deuda era de 114 millones, en agosto de este año era de casi 120 millones. El gobierno no ha informado de a qué entidades ni en qué conceptos adeuda esos 120 millones.
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