Si usted es proveedor de bienes, servicios u obras de algunos de los entes dependientes de la Junta de Comunidades, le conviene saber que de todos el que mejor paga es el Jurado Arbitral y el que peor el Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. También que hay otros organismos que, a pesar de la obligación legal, no facilitan sus datos, como la Fundación Impulsa, cuyo presidente es el secretario general de la Presidencia del Gobierno de Castilla-la Mancha.
El grupo Radiotelevisión Castilla-La Mancha y las empresas gestión Ambiental (GEACAM) y Gestión de Infraestructuras (GICAMAN) se revelaron en enero como los organismos públicos que pagan con más retraso a sus proveedores, mientras que el Jurado Arbitral, el Instituto de Finanzas y el de Promoción Exterior, son los entes públicos regionales más ágiles en abonar las facturas.
El Periodo Medio de Pago (PMP) Global de la Comunidad Autónoma se cerró en enero en 11,63 días sin que algunas entidades vinculadas al Gobierno, como la Fundación Impulsa facilitasen los datos de sus pagos a proveedores, a pesar de estar obligado a ello por la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El ente Público paga casi a 90 días naturales y el Jurado Arbitral en tan sólo dos
El periodo medio de pago es un instrumento que mide el retraso en el pago de la deuda comercial de las administraciones públicas. Se calcula mediante una fórmula en la que se toman como referencia las operaciones pagadas y no pagadas y sus respectivos importes. En ese cálculo se entiende por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
Según esto y para hacernos una idea aproximada de los plazos en los que abona sus facturas la administración regional bastaría sumar 30 días al PMP, por lo que la Junta estaría abonando sus facturas en 41,63 días de media desde que son presentadas al cobro. Eso además permite que los organismos que abonen su factura dentro de esos treinta días iniciales presenten un PMP negativo.
De hecho en enero, el Jurado Arbitral –el ente con mejor registro- tenía un PMP negativo de 27,42 días, o lo que es lo mismo pagaba sus facturas de media en dos o tres días desde la presentación de la factura. Con Un PMP negativo también están El Instituto de Finanzas (-16,39), la Fundación Sociosanitaria (-12,35), la Fundación Parque Científico y Tecnológico (-7,14) y el Instituto de Promoción Exterior (-1,96).
Las Consejerías en su conjunto tienen un PMP de 8,9 días. Los organismos autónomos, sometidos, al control de la Consejería de Hacienda también presentan unos ratios por debajo de la media global.
El conjunto de las Consejerías tienen un plazo medio de pago de casi 39 días naturales (8,90 legales)
Las mayores demoras se producen en las empresas y entes públicos, a pesar de que una de los objetivos de su creación es actuar con mayor agilidad que la administración. La niña mimada del gobierno, el ente público de la radio y la televisión regionales es la más morosa y está pagando a 56,36 días.
Gestión ambiental de Castilla-La Mancha, a la que cada vez el ejecutivo deriva más tareas a través de encomiendas de gestión abona sus facturas a 32,40 días legales (62,40 reales) y Gestión de Infraestructuras lo hace a 31,08. Estad dos empresas y el ente público de radio y televisión incumplen el plazo legal establecido.
Los demás organismos y empresas, como se puede ver en el archivo adjunto, pagan a menos de 30 días. La Agencia del Agua, la Universidad y el SESCAM abonan a 11 días (41 reales); el Instituto de la Mujer a 9,67; la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (SODICAMAN), a 4,01; el Instituto regional de Desarrollo Agrario y Forestal, a 3,32 e Infraestructuras del Agua a 1,21 días.
El dato del PMP de enero mejora el registrado en el mismo periodo de 2016, en el que se situó en 15,26 días. A final de 2016, la Junta de Comunidades cerró con un PMP de 20,23 días y dejó pendiente de abonar a sus proveedores facturas por importe de 140 millones de euros, de los que 86 eran del Servicio de Salud.
El plazo legal se calcula a partir de los 30 días en que el proveedor presenta la factura o desde la aprobación de la certificación mensual de obra
El PMP de todo el sector público es controlado por la Intervención del Estado. La ley determina que no debe superar los 30 días. Si una administración incumple ese plazo durante dos meses debe llevar a cabo medidas de reequilibrio con el conocimiento del Ministerio de Hacienda. Si supera el plazo de 60 días, el Ministerio puede intervenir sus pagos y exigir un plan de ajuste.
El Estado puso en marcha un mecanismo para poder dotar de liquidez a las administraciones regionales, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El dinero que las Comunidades reciben a través del FLA debe dedicarse al pago de los vencimientos de la deuda financiera (pago a entidades de crédito y suscriptores de emisiones) y de la deuda comercial (pago a proveedores).
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