La deuda comercial de la Comunidad Autónoma empieza a dar señales de alarma. Por segundo mes consecutivo, el gobierno ha sobrepasado el límite legal de 30 días en el periodo medio de pago a proveedores. Las cifras de mayo empeoran las de abril. De 32,56 días en abril se ha pasado a los 37,90. El Ministerio de Hacienda ya había advertido a nuestra Comunidad que la ponía en observación.
El Ministerio debería haber publicado hoy los datos del Periodo Medio de Pago a proveedores de las diferentes administraciones públicas del mes de mayo y la nota informativa correspondiente. Se espera con atención esta difusión, porque el Ministerio suele incluir en la información algunos datos sobre los requerimientos y advertencias a las administraciones incumplidoras.
El gobierno ya incumplió lo establedido por la ley en octubre y noviembre del año pasado
El incumplimiento consecutivo de dos meses del plazo de 30 días conlleva la obligación por parte de Castilla-La Mancha de ejecutar a cabo un plan de tesorería que permita equilibrar la caja, es decir reducir el ritmo de gasto y aumentar el de ingresos. Una de las medidas habituales que lleva a cabo el departamento de Hacienda es cerrar el programa centralizado de ejecución de pagos. Conocido por su acrónimo TAREA (Tratamiento de la Administración Regional de los Expedientes Administrativos) es el sistema que emplean todos los gestores públicos dependientes del Gobierno. El bloqueo del programa impide introducir nuevos expedientes de gasto y bloquea los que están en tramitación en la fase en la que se encuentre en ese momento: autorizado, comprometido u obligado. A estas tres le sigue la de pagado. Una vez se estabiliza la ejecución, el gobierno vuelve a abrir el programa. Normalmente desde octubre, los diferentes gobiernos abren y cierran el sistema de forma intermitente a fin de evitar el descuadre a final del ejercicio.
Como ya ha destapado clm21.es, durante el primer semestre las cuentas del Gobierno Regional no cuadran. Según los datos oficiales, el gobierno habría ingresado en la caja regional 2.877 millones, y habría pagado en cambio 3.228 millones de euros. Según esos datos, el descuadre de caja sería de 351 millones de euros.
Es la segunda ocasión en la que el actual gobierno de Castilla-La Mancha incumple durante dos meses consecutivos el periodo máximo de 30 días marcado en la ley que tienen las administraciones públicas para pagar a sus proveedores. En octubre y noviembre del pasado año, se sobrepasó esa barrera. Según la legislación, los proveedores pueden exigir el pago de intereses.
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