En cuanto a los plazos de pago, el SESCAM cerró febrero con un PMP de 18,85 días. Los servicios administrativos del gobierno (consejerías) pagan a 20,53 días y es el sector instrumental (empresas y fundaciones públicas) los que presentan peores datos en los abonos. La Agencia de Investigación e Innovación (60 días), la televisión autonómica (54,45 días), Fundación Fuenteagria (42,83), GEACAM (40,66) o la radio de Castilla-la Mancha (39,03).
Entre los organismos e instituciones más ágiles en los pagos, destaca la Universidad de Castilla-la Mancha, con un PMP de 3,04 días, Gestión de Infraestructuras (5,26), el Instituto de la Mujer (7,16) o la Sociedad Industrial de Castilla-La Mancha (7,94).
Aunque todavía no se han hecho públicos los datos del mes de febrero del resto de Comunidades Autónomas, los de enero situaban a Castilla-La Mancha como la segunda región más ágil en los pagos a sus proveedores (21,36 días), sólo superada por Extremadura, con 11,46 días. El Periodo Medio de Pago de los gobiernos autonómicos en enero fue de 30,47 días, con Aragón (60,79 días), Murcia (56,49) y Baleares (53,15), como los más morosos.
Desde el punto de vista de flujos de tesorería tanto diciembre como los dos primeros meses del año suelen ser los que presentan los mayores problemas, en diciembre por el cierre de pago y en enero y febrero porque todavía no acompasa el ritmo de ingresos. De hecho, a finales de enero, las Comunidades arrastraban una deuda no financiera de 12.339 millones, tras haber cerrado 2022 en 17.097 millones.
Una parte de esa deuda no financiera era deuda comercial (facturas pendientes de pago). A finales de diciembre, las autonomías debían 5.070 millones de euros a sus proveedores, cifra que rebajaron a 3.649 en enero. En el caso de Castilla-La Mancha, a finales de enero, las facturas pendientes de pago sumaban 110,8 millones de euros, cinco millones menos que en diciembre.
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