Llegaron a la política en plena crisis y en medio de un gran descontento ciudadano con una agenda social debajo del brazo. Denostaban a los partidos parlamentarios, a los que denominaron “la casta”, a la que afeaban estar más pendiente de la componenda y el cargo que de la calle, de las situaciones de exclusión social que la crisis había agudizado. En Castilla-La Mancha, pusieron esa agenda en la negociación del pacto de investidura, en cuya operación también incluyeron los recursos que les permitirán afianzar su estructura política.
El 9 de enero de 2017 presentaron lo que denominaron el Plan Podemos. Un documento dispuesto en tres programa para garantizar la vivienda, los suministros básicos del hogar y una renta mínima a los más desfavorecidos. Era el eje de su acción política y del acuerdo para aprobar los presupuestos de ese año. Finalmente y, por sorpresa, en una finta de estrategia de partido, votaron en contra de ese presupuesto que incluía el Plan Podemos de Garantías Ciudadanas.
La entrada en el gobierno
El Plan de Garantías, el preámbulo del 9/19, la agenda social de Podemos para las elecciones del próximo año
En agosto y tras un acuerdo por el que entraban en el gobierno se comprometieron ahora sí a votar a favor del presupuesto. Esa entrada en el gobierno dejó dos nombramientos visibles, el secretario general como vicepresidente segundo y el de una consejera de Coordinación del Plan de Garantías. Se trataba de, entre otras cuestiones, asegurar y capitalizar el desarrollo del plan. Un Plan que se fundamentaba en la alta tasa de pobreza severa, el elevado riesgo de exclusión social y que concluía con la necesidad de acabar con la insuficiente cobertura de las situaciones de pobreza dada desde las administraciones públicas durante la crisis.
Al final de año y según los papeles económicos del gobierno, que han permanecido ocultos durante diez meses, los números señalan el grado de desarrollo de ese Plan para los más desfavorecidos. Desde su entrada en el gobierno el 10 de agosto de 2017 y hasta final de año, los altos cargos de Podemos y su equipo de colaboradores en el gobierno cobraron de la Comunidad Autónoma en concepto de sueldos 187.000 euros. Podemos garantizaba la ampliación de su estructura política para afianzarse en la región y el control de la ejecución de su principal apuesta política diferenciada, su Plan de Garantías, que debía servir de base para su nuevo proyecto, al que denominaron “9/19, la Agenda Social de Podemos Castilla-La Mancha”, una hoja de ruta “para la prosperidad en nuestra tierra”, que fue presentado en febrero de 2018 y que era su carta de presentación de cara a las elecciones del próximo año.
Tres partidas de garantías de rentas, en gestión cero
El gobierno ya tenía en esa fecha el balance presupuestario de 2017. El Plan de Garantías presentaba algunas luces y bastantes sombras. El 85% de las ayudas al alquiler no llegaron a los más desfavorecidos. Según los documentos oficiales del propio gobierno, sólo se dieron 1.070.000 euros de los 6.936.000 previstos. Los 365.360 euros previstos para las oficinas anti-desahucios se quedaron sin gastar. Lo mismo ocurrió con los 307.780 euros previstos para ayudas a los municipios para viviendas de promoción pública y con el millón de euros destinado a mejoras en el parque público de viviendas de la Junta. La única partida que se llegó a gestionar en su totalidad fue la de transferencia de 6,25 millones de euros a la empresa pública GICAMAN para que esta llevara a cabo inversiones en vivienda pública, sin que conste el estado del trabajo que realizó esta empresa pública. De las cinco medidas previstas en el Programa de Garantía Habitacional, cuatro dependían de gestión directa por parte del gobierno. De ellas, tres no se llegaron a ejecutar y una sólo al 15%.
El Programa de Garantía de Suministro se subsumió en el de Garantía de Rentas. Este último presentaba cuatro subprogramas: Rentas del Trabajo, Educación, Servicios Sociales e Igualdad de Género.
Con el 22% de paro, se dejaron sin gastar 20 millones
El programa de Garantía de Rentas del Trabajo tenía dos líneas básicas: los Planes de contratación temporal de desempleados y los contratos de colaboración social. Con un presupuesto inicial de 67,63 millones de euros, el gobierno fue más ambicioso y lo aumentó a 74,63 millones. Al finalizar 2017 este programa, que supone más de la mitad del total del Plan de Garantías, había gastado 54,6 millones de euros, 20 millones menos de lo previsto. Uno de cada cuatro euros para los desempleados no se llegó a gastar. Castilla-La Mancha había iniciado 2017 con una tasa de paro del 22,14%%, es decir con uno de cada cinco trabajadores en paro.
De los 10,9 millones de euros para contratos de colaboración social sólo se gastaron 1,22 millones. Los otros 10 millones que no llegaron a los parados deberían haberse gastado en contrataciones temporales de desempleados, fundamentalmente a través de programas con los ayuntamientos.
En materia de educación, las partidas que formalmente daban cobertura al Plan de Garantías dentro de las actuaciones de promoción de la educación permanecían sin gastar. Entre ellas, los 6 millones para becas de comedor y los 4,15 millones para ayudas y becas a la escolarización: matrícula, libros de texto, material escolar, etc. Fuera del Plan de Garantías, el gobierno gastó 4,3 millones en este tipo de ayudas.
En servicios sociales, el gobierno arbitró una partida de 25,25 millones para renta garantizada; emergencia social; mantenimiento de las condiciones básicas de vida; prestaciones a familias numerosas… El gobierno elevó la cuantía hasta los 30,48 millones, pero finalmente se gastó 23,65 (77,6%).
El Instituto de la Mujer, el único en cumplir
El único subprograma del Plan de Garantías en el que se gastaron todos los fondos fue en el de igualdad de género
El único subprograma del Plan de Garantías en el que el gobierno se gastó todos los fondos fue en el de igualdad de género. El Instituto de la Mujer gestionó en su totalidad los 11,6 millones de euros para ayudas de solidaridad y para los recursos de acogida y sociales a mujeres víctimas de violencia de género.
En su conjunto, el ambicioso Plan de Garantías, la agenda social con la que Podemos llegó al gobierno y que debía gestionar y coordinar desde el gobierno, estuvo dotado en 2017 con 141,32 millones de euros, fondos destinados a los más desfavorecidos y de los que se dejaron sin gastar 44 millones de euros, casi el 20% del programa.
11.654 dependientes en espera y el dinero sin gastar
Otras medidas sociales que se incluyeron formalmente como “Resto de actuaciones de emergencia ciudadana” también presentan desigual nivel de gestión. Así, de los 107,64 millones de euros destinados a ayudas a la dependencia sólo se gastaron 71,36, lo que supone que el gobierno dejó sin gastar uno de cada tres euros destinados a ayudas a los dependientes en Castilla-La Mancha. Todo ello a pesar de que a final de 2017 había 11.654 castellano-manchegos en lista de espera, pendientes de recibir una prestación que el gobierno les había reconocido.
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