El Gobierno regional viene obligado a modificar su anteproyecto de presupuestos, que ya ha sido dictaminado por el Consejo Consultivo, para poder establecer el acuerdo con Podemos en torno a una futura Ley de Garantías que la formación morada exige como requisito previo a un posible respaldo a los presupuestos. Si el gobierno no cuenta con el apoyo de los dos diputados de la formación morada, no podrá sacar adelante los presupuestos y sólo le cabrá prorrogar los vigentes.
Conscientes de esta situación y tras la decisión de Podemos el pasado mes de septiembre de dar por roto el acuerdo por la actitud mantenida por el gabinete que ya tenía aprobado el anteproyecto de presupuestos sin haberlo negociado, al ejecutivo no le ha quedado más remedio que iniciar el acercamiento. Por su parte, la formación morada anunció su decisión de presentar una proposición de ley de Garantías ciudadanas y advirtió al gobierno que sin la negociación y respaldo a esa norma, no habría apoyo a los presupuestos para 2017
El anteproyecto que maneja el gobierno y que aprobó el pasado 6 de septiembre encorseta el proceso negociador. En él se regula en la exposición de motivos y en el capítulo tercero del título segundo las “normas específicas de gestión de los créditos destinados a financiar actuaciones de emergencia ciudadana, con objeto de garantizar la atención de las necesidades básicas de personas, familias y colectivos más vulnerables”.
Una regulación que se hace en los mismos términos que la norma vigente, incluso que es más restrictiva, porque para 2017 no se contempla la posibilidad de que el Gobierno pudiera declarar nuevas actuaciones de emergencia ciudadana distintas a las contempladas en la ley, como sí se contemplaba en la ley de presupuestos de 2016, en una disposición adicional.
Podemos plantea una ley en el que vivienda, renta digna y suministros esenciales garantizados sean derechos ciudadanos
Tras la reunión de los equipos negociadores, el secretario regional de Podemos, García Molina, ha recordado la necesidad de “salir de las políticas sectoriales, pensadas como ínsulas separadas, y establecer políticas que generen sinergias entre ellas, pensando en el conjunto de la ciudadanía de la región”. Molina ha reafirmado lo expresado días atrás cuando su grupo presentó el proyecto: “ésta ley no es sólo una ley, es un cambio de mentalidad y paradigma. Pasamos de políticas sociales entendidas desde determinados significantes como pobreza y exclusión, a una Ley que es de garantías ciudadanas, que es para todo el mundo”.
Respecto a la negociación de los presupuestos regionales, García Molina ha recalcado “que la Ley Integral de Garantías era condición necesaria pero no suficiente para los presupuestos. Para nosotros lo primero son las garantías y después los presupuestos. Estamos deseando que haya presupuestos, pero no cualquier presupuesto. Si avanzamos en las Garantías, seguro que avanzamos en los presupuestos, si estos presupuestos traducen estas cuestiones que ponemos encima de la mesa en la ley”. Finalmente, García Molina ha concluido afirmando que “las garantías primero, los presupuestos después. No hay que poner el carro delante de los bueyes”.
El ejecutivo “estima” en más de cien millones la partida para dar cobertura a las garantías ciudadanas en 2017
Pero la Ley de Garantías debe contar con un respaldo financiero, que Podemos cree que es viable. Sin embargo en la reunión de trabajo no han participado ni el consejero de Hacienda ni el director general de Presupuestos. Es más la vicepresidencia del gobierno emitió una nota de prensa tras la reunión que fue sustituida por otra difundida una hora después. Entre ambas había una cuestión de matiz en torno al dinero para dar cobertura a la Ley de Garantías. Si en la primera se daba por sentado “una partida de más de 100 millones de euros”, en la segunda se matizaba: “Martínez Guijarro ha destacado que en este proyecto de Ley de Presupuestos tendrá cabida la Ley Integral de Garantía Ciudadana de Castilla-La Mancha, cuyas estimaciones apuntan a una partida de ….”
La Ley Integral de Garantías de Castilla-La Mancha propuesta por Podemos apuesta por blindar el derecho a la vivienda, el acceso a una renta digna y a los suministros energéticos. La formación morada busca reforzar estas tres “patas” del proyecto apoyándose en el estímulo del empleo para renovar y reacondicionar el parque de vivienda pública de nuestra región. Podemos ha manifestado que estas garantías debería figurar como derechos en el Estatuto de Autonomía
El vicepresidente ha salido de la reunión confiado en que habrá acuerdo y ha anunciado la confianza del gobierno de contar con los presupuestos para 2017 aprobados en el primer trimestre del año.
Gobierno y Podemos han establecido un grupo de trabajo para para ir avanzando en la elaboración de la Ley Integral de Garantía Ciudadana de Castilla-La Mancha.
Si (
No(
