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Los directivos y empresarios fijan en el segundo y tercer trimestre la vuelta a la normalidad gracias a la vacuna
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Los directivos y empresarios fijan en el segundo y tercer trimestre la vuelta a la normalidad gracias a la vacuna

  • El panel “Consenso Económico. Cuarto trimestre 2020” de PwC, muestra la opinión generalizada de avanzar en las medidas de apoyo a la liquidez, los ERTES y la moratoria fiscal para empresas
  • También son mayoría los que estiman que la subida del salario mínimo debería demorarse y que sería conveniente la negociación sindical a nivel de empresa

lunes 04 de enero de 2021, 21:02h
La inminente distribución de la vacuna contra la COVID-19 está alimentando el optimismo de los expertos que sitúan, a mediados de 2021, el punto de inflexión de la economía española en su camino hacia la normalidad. Así se desprende del Consenso Económico, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, que elabora PwC desde 1999, a partir de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios. El informe incluye un monográfico sobre España ante la pandemia. En concreto el 60,3% de los encuestados fija en el segundo o tercer trimestre del año que viene cuando se pueda empezar a realizar una vida más o menos normal, de forma que repunten la inversión y el consumo.
Por lo que respecta a España, la segunda ola de la COVID-19 ha elevado el riesgo de sufrir una segunda contracción del PIB en el cuarto trimestre ante la reintroducción de medidas de restricción de la movilidad para controlar la expansión de la pandemia. Todo ello en un contexto marcado por una mayor fragilidad económica y un deterioro de las expectativas de futuro de los ciudadanos. Ante este escenario, ninguno de los expertos, directivos y empresarios españoles consultados considera que la actuación y la estrategia diseñada hasta el momento han sido las adecuadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

Existe un consenso mayoritario (85,3%) de que debería producirse una mayor coordinación entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas para unificar las medidas de control y la gestión de la crisis sanitaria y replicar de forma conjunta las mejores prácticas que se estén desarrollando. También (81,9%) en torno a que deberían priorizarse por el Gobierno las iniciativas de carácter sanitario y económico con acuerdos basados en amplios consensos entre los grupos políticos y la colaboración público-privada, construir un comité de gestión transversal, formado por gestores independientes y con un mayor nivel de transparencia.

Respecto a la política económica, el 68% de los consultados en nuestro país considera que los presupuestos del gobierno no son realistas, tienen previsiones económicas excesivamente optimistas en un contexto de elevada incertidumbre por la pandemia. Además el 62% considera que pueden acentuar los desequilibrios, al aumentarse los gastos estructurales sin garantías de que aumenten los ingresos, especialmente por el repunte del desempleo, el deterioro de los beneficios empresariales y de la renta disponible, y el riesgo creciente de destrucción de tejido empresarial, entre otros factores.

Así las cosas, el 58,6% estima que los presupuestos, no obstante, se adaptan a las necesidades de España y sientan las bases de la recuperación de la economía, y están alineados con los objetivos fijados por el Fondo de Recuperación de la UE

Los panelistas españoles son partidarios a que se amplíen los plazos de devolución de las líneas de garantía y liquidez, y alargar los periodos de carencia (73,3%), se introduzcan nuevas medidas de ayuda fiscal directas, especialmente a los sectores que se han visto abocados nuevamente a reducir su actividad, siguiendo la estrategia de países como Alemania, Francia e Italia (82,8%), establecer moratoria de pago en los impuestos de carácter empresarial (66,4%), extender los ERTES hasta el primer semestre de 2021 (66,4%) y establecer criterios objetivos para recibir las ayudas y rescates de empresas (76,7%).

En el monográfico se señala que la crisis global del coronavirus no sólo ha puesto en evidencia los problemas estructurales que sufría nuestro país como sus elevados niveles de deuda pública, el déficit estructural y el paro, el reducido tamaño medio de sus empresas o la ineficiente coordinación entre los diferentes niveles de la Administración. Todo ello en un contexto en el que nuestro país, según las estimaciones de la Comisión Europea, sufrirá la mayor contracción del PIB entre los países de la UE, lo que irá unido a un fuerte repunte del nivel de endeudamiento público y del desempleo, temas que son abordados también en el estudio en el que se apuntan entre otras medidas las de mejora de la eficiencia de las administraciones públicas en materia económica y de empleo, el impulso de la colaboración público-privada en la gestión y provisión de los servicios públicos esenciales. La mayor parte de los encuestados se decanta porque se postponga una subida del salario mínimo interprofesional (SMI), se reduzca el número de modalidades de contratos y que se impulse la negociación con los sindicatos a nivel de empresa. Sin embargo, son más lo que se muestran en desacuerdo con rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social para abaratar los costes salariales.

Respecto a los fondos europeos de reconstrucción, la mayoría están de acuerdo en que el plan debe potenciar sectores claves como la sanidad, la industria agropecuaria y debe ir más allá de la transición energética y la transformación digital y debe incluir acciones de apoyo al sector turístico. También en que el plan debe promover que España se constituya como uno de los centros mundiales de emprendimiento y de desarrollo de I+D+i y de atracción de talento innovador y que, además España se constituya como un enclave de atracción de centros productivos ante la reconfiguración de las cadenas de valor globales y una mayor regionalización del comercio.
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