La ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, aprobada esta mañana por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, abre la puerta a la creación del CIS regional y a la elaboración periódica de encuestas por parte del gobierno regional, que ha introducido de tapadillo esta posibilidad en el artículo 42 de la norma, dentro del capítulo dedicado al “Buen Gobierno”.
El artículo, que no ha recibido enmiendas de ningún grupo político, contempla estas encuestas como un derecho del ciudadano y como un deber de la Administración. En concreto dice que “las personas usuarias de los servicios públicos tienen derecho a ser consultadas periódicamente, de forma regular y anónima sobre su grado de satisfacción respecto de los mismos, así como de las actividades gestionadas por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los organismos y entidades de derecho públicos”
Las consultas serán periódicas, se harán de forma regular y su contenido abarca a las actividades llevadas a cabo por el gobierno.
La ley determina que el gobierno “deberá establecer los indicadores de acuerdo con los que habrán de elaborarse las encuestas y su periodicidad, que se dirigirán preferentemente” (aunque no exclusivamente) “a las personas usuarias, sin perjuicio de su alcance general en el caso de los servicios básicos”.
Asimismo, la ley abre la posibilidad a que el portal de transparencia de la Junta pueda sea empleado para elaborar algunas encuestas y para la difusión de los resultados.
La ley determina que el gobierno “deberá establecer los indicadores de acuerdo con los que habrán de elaborarse las encuestas y su periodicidad”
Por otro lado, la ley supone un avance teórico en transparencia en nuestra Comunidad. No obstante presenta lagunas o vacíos que deberán aclararse en el reglamento que la desarrolle, a fin de evitar que se puedan producir las anomalías y las prácticas que facilitan el oscurantismo en algunas cuestiones y que se dan en la actualidad. Así deberá regular que la información sobre actividades de los entes instrumentales que se ofrezcan en los portales de transparencia contemplen la totalidad de las mismas, no sólo aquellas actividades que están vigentes en la fecha de volcado de la información. También deberá establecer de forma clara las contrataciones, subvenciones y relaciones que se tengan no sólo con una empresa, sino lo que es más importante con todas las vinculadas a la misma o a sus titulares. De igual modo deberán establecerse plazos de publicación para las informaciones, especialmente para las de carácter periódico.
Estas y otras situaciones han sido las que han llevado al portavoz del Grupo Popular, que ha apoyado la ley, a manifestar que su grupo “estará vigilante para evitar que la norma se convierta en papel mojado”. “La ley –ha dicho Cañizares- es un marco, pero lo importante es ver el desarrollo de la misma”.
El PP pide consenso en la elección de los cargos de la transparencia
La primera prueba de fuego sobre la imparcialidad en la gestión de la transparencia se concretará a la hora de seleccionar el Consejo Regional de la Transparencia y Buen Gobierno. El Partido Popular ha pedido que la elección de los cargos que deban velar por el cumplimiento de la norma se produzca por consenso.
Por su parte, el vicepresidente del ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro, del que depende la Oficina de Transparencia, ha destacado que “la ley supone un primer hito en esta materia”.
El vicepresidente regional que ha recordado algunos aspectos de esta Ley ha explicado que el Titulo establece el objeto de esta ley, así como los principios básicos para la implantación de un código de buen Gobierno y Gobierno abierto o el régimen de garantías y de responsabilidades por los incumplimientos de los deberes y obligaciones establecidos por esta Ley.
Agendas de altos cargo y regulación de los grupos de interés
El Título segundo distingue tres niveles de sujeción en el que delimitan los sujetos a quienes incumbe de manera más estricta el cumplimiento de las obligaciones que de la Ley se derivan. También se encuentran los obligados a la publicidad activa en su condición de partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales. Y por último, se encuentran los sujetos que, sin estar obligados directamente a dar información pública al ciudadano, han de cumplir sus deberes de transparencia a requerimiento de la Administración regional.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno obliga a la publicación de las agendas de trabajo de los titulares de los órganos directivos, de apoyo o asistencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de los organismos o entidades de su sector público. También regula el derecho de acceso a la información pública y su reutilización, unificando procedimientos que en la legislación estatal se encuentran en normas diferentes y asimila la condición de alto cargo a todos aquellos que ejercen funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector público regional, con independencia del régimen jurídico aplicable a su relación de servicios.
La Ley también regula los denominados “grupos de interés” y su obligatoriedad de inscribirse en un registro, cuya creación está prevista en la propia Ley.
Para coordinar la implementación de las medidas de transparencia se crea la Comisión Interdepartamental para la Transparencia, así como el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, adscrito a estas Cortes de Castilla-La Mancha, que tendrá como fines esenciales el garantizar los derechos de acceso a la información pública, el velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y el de promover la observancia de las disposiciones de buen gobierno en el ámbito de aplicación de esta ley.
El vicepresidente regional también ha señalado que desde la entrada en vigor de la Ley se prevé un plazo de seis meses para la aprobación del Código Ético, que ha de regir la actividad de los altos cargos y asimilados, llevar a cabo las adaptaciones tecnológicas y organizativas necesarias en el Portal de Transparencia, para adaptar su contenido a las previsiones de la ley; poner en funcionamiento el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno por las Cortes; y para que el Consejo de Gobierno apruebe la norma reglamentaria que regule el registro de los grupos de interés.
Además, se establece un plazo de tres meses desde la vigencia de la ley la Escuela de Administración Regional ha de poner en marcha un plan de formación específico en materia de transparencia, buen gobierno y reutilización de datos abiertos y un plazo de un mes para que los altos cargos y asimilados que vengan ejerciendo sus funciones con anterioridad deberán depositar sus respectivas declaraciones de buen gobierno.
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