ALGUNOS MUNICIPIOS DE CLM PUEDEN QUEDARSE SIN SEÑAL DE TELEVISIÓN

Si el año pasado el fallido proyecto del aeropuerto de Ciudad Real le costaba a las arcas de la Comunidad Autónoma más de 30 millones de euros por el justiprecio de las expropiaciones, a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo, este año, la decisión inapelable de otro tribunal, el General de la Unión Europea, le puede a costar a Castilla-La Mancha hasta 46 millones de euros. Además, como daño colateral, algunas zonas rurales de orografía complicada pueden quedarse sin señal de televisión si se cumple el mandato de paralizar las ayudas que se siguen dando a empresas por el funcionamiento y el mantenimiento de la red digital terrestre.

Dentro del proyecto de conversión de la televisión analógica a digital, los 46 millones se destinaron al llevar las señales digitales a las zonas rurales con mayores complicaciones de cobertura y con escasa densidad de que población. A pesar de que este objetivo fue legal y no es cuestionado por el Tribunal no ocurre lo mismo con el sistema de distribución de esos fondos, que es en el aspecto en el que se fija el TJUE para emitir su decisión.

Castilla-la Mancha debe devolver los 46 millones que recibió para el proyecto de transición de la televisión analógica a la digital

Para el tribunal no hubo neutralidad tecnológica y se vulneró el principio de competencia, porque se primó de forma exclusiva el sistema terrestre de difusión de señales frente al resto (por cable, por satélite o a través de internet), y existió una discriminación entre operadores terrestres, lo que, a juicio de las autoridades europeas no sólo vulneraba las normas sobre ayudas comunitarias, “las restricciones -concluyó la Comisión en 2013 y 2014- pueden haber privado a los consumidores de algunos posibles beneficios, por ejemplo unas mayores posibilidades de elección y unos precios más bajos”. Las decisiones de la Comisión, señalaban que las subvenciones debían ser devueltas a las autoridades españolas competentes.

Los orígenes del conflicto

El conflicto ahora resuelto en vía judicial tiene su origen en el plan de transición de la televisión analógica a digital desarrollado entre 2005 y 2009. La dificultad y los elevados costes radicaban en llevar esa señal a las zonas más despobladas y remotas. Para cubrir la obligación de llegar al mismo porcentaje de población que tenían la televisión analógica, se puso en marcha un plan de ayudas con financiación pública para que no se produjese la discriminación de estas zonas y de sus habitantes.

Castilla-La Mancha apostó por la tecnología terrestre y actuó en seiscientos puntos emisores de la señal. El gobierno adjudicó directamente subvenciones para que ayuntamientos y empresas del sector procedieron a desplegar la nueva tecnología digital terrestre.

En 2009, las sociedades SES Astral y Radiodifusión Digital, recurrieron por sentirse discriminadas al considerar que se había vulnerado la competencia.

En octubre de 2014 y junio de 2013, la Comisión adoptó dos decisiones en las que concluía que las ayudas estatales concedidas por España para subvencionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT) en lugares remotos de Castilla-La Mancha y del resto de España, respectivamente, eran incompatibles con las normas de la Unión sobre ayudas estatales y debían ser devueltas a las autoridades españolas correspondientes.

Más de tres años y medio después de la primera decisión y más de dos años después de la segunda, las autoridades españolas solamente habían recuperado una pequeña parte de las ayudas (aproximadamente el 2 % de la cantidad estimada en la primera decisión y nada con respecto a la segunda). Además, España sigue pagando por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT, en incumplimiento de las decisiones.

La Comisión mostró su preocupación y enfado como “consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones”, porque “el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido”. La Comisión se mostró especialmente preocupada por “la continuación del pago de subvenciones ilegales en detrimento de otros operadores” y en vista de todo ello decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia”.

Dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la cuestión ha sido vista por el Tribunal General, que es el encargado de resolver los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. Esto significa que, en la práctica, el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales. Este órgano jurisdiccional está compuesto por 47 jueces, entre los que hay, al menos, uno de cada país miembro. Es este Tribunal dictamino a favor de la Comisión en 2015 y 2016 rechazando los recursos presentados contra la decisión de la Comisión. Y ahora, en 2017, el Tribunal obliga a recuperar las ayudas y advierte que, si no se cumple la sentencia, la Comisión puede solicitarle que imponga sanciones pecuniarias a España.

Hasta la fecha -la sentencia es del diez de enero- no ha existido pronunciamiento, oficial ni por parte del Gobierno regional ni por parte del Ministerio, ni se ha determinado si se va a garantizar la señal para las zonas rurales y cuánto le va a costar a nuestra Comunidad el mantenimiento de la red.