La reforma del sistema tributario encargada por Hacienda vuelve a retrasar el nuevo del modelo de financiación autonómica

El modelo de Financiación Autonómica propuesto por el grupo de expertos hace casi cuatro años realizaba planteamientos de reformas fiscales en España en aquellas figuras tributarias que afectaban a los ingresos de las Comunidades Autónomas, todas las fundamentales salvo el impuesto de sociedades.

Aquel informe que sirvió de base para las negociaciones posteriores que quedaron varadas por la inestabilidad política y los calendarios electorales, presentaba varias medidas novedosas no exentas de polémica, como la de considerar conveniente “dotar a las CCAA de competencias normativas sobre instrumentos de copago, especialmente en el caso de la sanidad, pero posiblemente también en otros servicios de su competencia”.

No era el único caso novedoso en el sistema tributario español. También se planteaba la propuesta de ceder la capacidad normativa sobre el IVA a las Comunidades Autónomas, con el fin de que, puestas de acuerdo de forma unánime pudieran subir el IVA para financiarse, una medida en la que también se incluía a Navarra y al País Vasco, porque la Unión Europea se opone a la existencia de tipos impositivos de IVA diferenciados por regiones de un mismo Estado.

Otra de las medidas planteada no exenta de polémica por la divergencia de algunas regiones españolas es la de la armonización fiscal de los tributos cedidos, estableciendo máximos y mínimos y homogeneizando la valoración de activos, en especial de las casas, a efectos de gravámenes tributarios.

También se recomendaba eliminar la capacidad normativa autonómica sobre los mínimos personales y familiares, una nueva regulación del impuesto sobre el patrimonio, con una base imponible homogénea y un mínimo exento amplio igual en todas las regiones y limitar la capacidad normativa de las Comunidades a la tarifa y a posibles deducciones o bonificaciones.

La Comisión no vio razones para derogar el impuesto de sucesiones y donaciones con carácter general “o para permitir su supresión en la práctica en ciertas Comunidades, y sí para introducir unos niveles mínimos de tributación que impidan una guerra competencial a la baja que culmine en la práctica desaparición del tributo”

También se abordaba la regulación de los impuestos especiales, cuya recaudación en un 58% se transfiere a las Comunidades Autónomas, con especial mención al de hidrocarburos y la fiscalidad del automóvil.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, la Comisión plantea crear una ley marco de fiscalidad ambiental que atribuya las distintas figuras impositivas o los hechos imponibles relevantes a los diferentes niveles de gobierno, teniendo en cuenta el alcance espacial de los hechos gravables (entre otros, emisiones de CO2 y de óxidos nitrosos, las emisiones de los vehículos de motor, los residuos industriales y peligrosos o tóxicos, los residuos de envases, embalajes y bolas, así como los vertidos marinos o en aguas interiores). En el caso de impuestos atribuidos a las CCAA, la ley marco fijaría los elementos de cada impuesto.