Su bagaje académico es su mejor carta de presentación. Ha realizado proyectos de investigación (europeos y nacionales) sobre el cumplimiento de las normas de cooperación en asuntos fiscales, fiscalidad y nuevas tecnologías en el comercio y la información, y el impacto de la legislación de la UE en los sistemas fiscales nacionales. También ha participado en más de diez proyectos de investigación competitivos (europeos, nacionales y regionales) sobre diversos temas, como instrumentos para combatir el fraude fiscal a nivel internacional, europeo y nacional, la protección de los contribuyentes en el Derecho de la UE, el impacto de la legislación de la UE en los sistemas fiscales de los Estados miembros, los efectos fiscales de los procesos de ampliación de la Unión Europea y los mecanismos de intercambio de información fiscal, entre otros.
En 2019, se convirtió en miembro del Consejo de Defensa de los Contribuyentes, un órgano consultivo del Ministerio de Hacienda español, cuyas funciones incluyen garantizar la efectividad de los derechos de los contribuyentes en sus relaciones con la administración tributaria, así como elaborar informes y propuestas de reforma legislativa del sistema fiscal español. También es Subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado de la UCLM.
Clm21.- Dos de las grandes cuestiones planteadas en los círculos políticos son la de la armonización fiscal en España y la de la armonización fiscal en Europa. La segunda va asociada a la menor fiscalidad para las empresas en algunos países de la Unión. La primera a la financiación y a la autonomía fiscal de las regiones españolas. ¿Cuál es su visión sobre ambos fenómenos?
La armonización fiscal busca reducir, a través de la aproximación legislativa, las distorsiones fiscales que pueden actuar como barreras al buen funcionamiento del mercado (sea a nivel interno o a nivel europeo). No pretende la total uniformidad, sino la aproximación de las legislaciones. Desde esta óptica, este instrumento merece una valoración positiva. No obstante, no es adecuado asimilar armonización fiscal en España y armonización fiscal en Europa, porque son fenómenos sujetos a condicionamientos jurídicos distintos (Es importante tener en cuenta que la fiscalidad es una política en manos de los EEMM. Es una de las pocas políticas no atribuidas a la UE. Ello implica que para aprobar una norma de armonización fiscal en la UE se sigue un procedimiento legislativo especial que requiere de la unanimidad de los 27).
Clm21.- En el caso de las Comunidades Autónomas, cuando se diseñó el modelo de gestión de tributos cedidos, existía ya una armonización de base común para todas las regiones. La mayoría han aplicado revisiones que han supuesto alzas en las liquidaciones y algunas han mantenido tipos en algunas figuras, mientras que ha reducido los de otras. ¿Se debe hacer una armonización y en tal caso cómo debe garantizar la autonomía política y fiscal del Estado Autonómico o, en su caso, federal?
La autonomía política y fiscal de las autonomías está reconocida en nuestra Constitución. Desde el Estado se han cedido competencias normativas a las CCAA en relación a distintos impuestos de titularidad estatal, para dotarlas de mayor corresponsabilidad fiscal y profundizar, en definitiva, en el principio de autonomía fiscal. No obstante, la legislación estatal establece un régimen común para todo el Estado, lo cual ya supone, en efecto, cierta armonización. Una de las cuestiones abiertas es si esa normativa debería revisarse para paliar algunos de los principales problemas que afectan a algunos de estos impuestos cedidos. Sobre estas cuestiones ya se pronunció y formuló propuestas la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica en julio de 2017 en la que no se recomendaba realizar cambios significativos en la composición de la cesta de los tributos cedidos, pero sí retocar el reparto de las competencias normativas sobre algunos de ellos. No obstante, se ha anunciado la creación de una nueva Comisión sobre financiación autonómica próximamente que será la encargada de hacer progresos en esta materia.
Clm21.- El Impuesto sobre Patrimonio llegó a estar bonificado al 100% en España y en la práctica había desaparecido, aunque algunas regiones lo recuperaron con la crisis inmobiliaria y financiera, ¿debe desparecer como defendió Hacienda en 2008 o debe mantenerse?
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha realizado cambios relevantes en la normativa estatal de este Impuesto; entre ellas, ha restablecido la vigencia indefinida del gravamen, no siendo ya necesaria su prórroga anual. Por tanto, el legislador estatal parece haber mostrado su voluntad de mantener el impuesto, sin perjuicio de que, las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias normativas, pueden reducir la tributación. El Impuesto sobre el Patrimonio es una figura tributaria criticada por un sector de la literatura científica, entre otras razones, por generar distorsiones sobre el ahorro y la inversión, si bien otro sector doctrinal considera que es un impuesto que, bien diseñado, puede ser un instrumento redistributivo importante. Todavía no tengo una opinión formada definitivamente al respecto.
Clm21.- Otro de los impuestos transferidos a las Comunidades, el de sucesiones y donaciones, ha sido cuestionado por algunas fuerzas políticas que piden su desaparición y que señalan que en los países europeos o bien es residual o bien no existe
En efecto, se trata de otra figura que ha suscitado cierta controversia y rechazo social pero, a diferencia del Impuesto sobre el Patrimonio, cuenta con un importante respaldo de la literatura científica, basado en su potencial redistributivo, sus efectos para moderar la tendencia a la concentración de la riqueza y su capacidad recaudatoria. Por otra parte, países importantes de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Alemania o Dinamarca cuentan con figuras tributarias que gravan las herencias. Distintos informes previos avalan el mantenimiento del Impuesto, pero parece necesaria la revisión de algunas cuestiones básicas de esta figura (téngase en cuenta que, de todos los impuestos actualmente vigentes en España, el ISD está regulado en la ley más antigua, aprobada en 1987).
Clm21.- Sobre la mesa hay pendiente de aplicación una reforma del modelo de financiación autonómica, con un documento elaborado por otro comité de expertos en el que se plantea reformas fiscales y tributarias, a saber:
- Armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas o tipos de gravamen y posiblemente a las deducciones o bonificaciones de la cuota
- IRPF: Se recomienda eliminar la capacidad normativa autonómica sobre los mínimos personales y familiares
- IVA: Ceder la capacidad normativa de forma colegiada al conjunto de las CCAA, lo que supondría la capacidad para establecer un recargo autonómico en toda España
- Patrimonio: Determinar, por parte del Estado, una base imponible homogénea y un mínimo exento amplio igual en todo el territorio nacional.
- Transmisiones: Incorporar valoraciones más objetivas en las transmisiones de inmuebles, sustituyendo o definiendo con precisión el vago criterio del “valor real”, y hacer el cálculo a partir del valor catastral
¿Se han quedado viejas estas propuestas antes de ser aplicadas?
Esas propuestas son puntos de partida para continuar el trabajo por parte de la Comisión de expertos de financiación autonómica que previsiblemente se constituya en el futuro.
Clm21.- La fiscalidad del automóvil ha abierto un debate político, desde el gravamen al diésel hasta el impuesto de matriculación que algunos partidos proponen sustituir por una tasa anual. ¿Hacia dónde debe ir la estructura fiscal sobre el sector de automoción, uno de los de mayor peso en la aportación de volumen al PIB?
Hacia una fiscalidad que tenga presente la realidad social, el desarrollo tecnológico y los objetivos medioambientales, para iniciar un proceso de progresiva desaparición de los vehículos más contaminantes y que favorezca un uso racional, más eficiente y sostenible de los vehículos privados.
Clm21.-¿Cuál debe ser la base de la fiscalidad verde?
Es una pregunta muy genérica, pero se puede contestar afirmando que su fundamento y fin es coadyuvar a la mejora del comportamiento ambiental de los países y de sus ciudadanos, desincentivando los impactos ambientales negativos. La fiscalidad verde puede aplicarse sobre actividades como las emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos contaminantes (del agua o del suelo), el uso y consumo de recursos naturales, los productos energéticos no sostenibles, la gestión incorrecta de los residuos, el transporte, etc. Dentro de las medidas globales para luchar contra el cambio climático, se encuentran indudablemente las medidas tributarias. La mayoría de los organismos internacionales en este campo aconsejan la creación de impuestos verdes y tasas por emisiones de gases de efecto invernadero. La UE también lleva muchos años trabajando en cuestiones medioambientales y climáticas. Ahora bien, cuando se trata de actuar en medio ambiente con instrumentos fiscales el principal obstáculo con el que se encuentra la UE es la regla de la unanimidad para la adopción de normas comunitarias. Es importante tener en cuenta que la fiscalidad es una política en manos de los EEMM. Es una de las pocas políticas no atribuidas a la UE, de manera que gracias a las directivas de armonización fiscal y a la acción del Tribunal de Justicia de la UE con sus sentencias interpretativas de las mismas, pero también con sus sentencias en el ámbito de las libertades fundamentales y en materia de ayudas de Estado, se están promoviendo cambios en los sistemas fiscales de los Estados miembros en materia de medio ambiente y energía. Además, las dos últimas crisis económicas han incidido sobre las políticas fiscales, porque se necesitan más recursos para financiar el gasto público y coadyuvar a la recuperación económica y porque se han incrementado los niveles de endeudamiento. Se vuelve a hablar de impuestos verdes y de incentivos fiscales para lo verde y lo digital.
Clm21.-¿La conocida como tasa Google debe ser una figura europea o nacional?
El futuro de estas figuras tributarias es todavía incierto, porque están en marcha importantes negociaciones a nivel internacional en materia de fiscalidad de la economía digital e imposición mínima global de la imposición societaria que pueden incidir sobre ellas. Sin perjuicio de ello, una figura tributaria europea reduciría las distorsiones que sobre el mercado interior puede ocasionar la multiplicación de figuras tributarias nacionales con estructuras no totalmente coincidentes.
Clm21.-¿Puede formar parte de esa nueva fiscalidad propuesta desde la UE para pagar los 750.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción?
La Comisión Europea ha propuesto que el impuesto europeo sobre determinados servicios digitales (si llega a probarse), junto a otras nuevas figuras, sea un recurso propio de la UE que ayude a financiar el plan de recuperación. Sin embargo, el futuro de esta propuesta todavía es incierto.
Clm21.- ¿En qué medida la reforma tiene en cuenta el impacto real que puede tener a la hora de incidir en una expansión o contracción del consumo, de las rentas, del empleo, de la actividad empresarial?
Todos ellos son aspectos importantes a valorar en una reforma fiscal, aunque en ocasiones el impacto real sea difícil de cuantificar.
Clm21.- En las dos crisis anteriores, los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, subieron los tipos de IVA como principal medida para incrementar la recaudación del Estado ¿En esta se debe seguir la misma línea, a pesar de que no es un impuesto progresivo?
En la literatura científica existe consenso en señalar que tanto o más importante que el incremento o reducción de tipos impositivos es que el número de bienes y servicios sometidos a tipos reducidos o superreducidos y las exenciones del impuesto no sea excesivamente amplio. La Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español (Informe febrero 2014).
Si (
No(
