Los planes de gestión de las zonas sometidas por la administración autonómica de protección medioambiental se han convertido en una de las principales fuentes de conflicto entre los agricultores y el Gobierno Regional. Las autoridades regionales consideran que casi la cuarta parte de la extensión de la Comunidad Autónoma alberga de los hábitats más amenazados de Europa.
Efectivamente, casi la cuarta parte del territorio de la Comunidad esté sometido a alguna modalidad de protección que conlleva la restricción de las labores agrícolas, ganaderas y forestales que los agricultores y ganaderos han desarrollado tradicionalmente de generación en generación.
El conflicto surge en los planes de gestión, que son los que limitan las actividades económicas a los hombres del campo. Y dentro de esos planes de gestión el más contestado es el que afecta a las zonas de protección de aves esteparias, por el que se limita la plantación de viñedo en espaldera y se condicionan las actividades en los cultivos herbáceos. Estas limitaciones afectan a más de 80 municipios de Castilla-La Mancha y a casi 5.000 agricultores.
Las autoridades regionales consideran que casi la cuarta parte de la extensión de la Comunidad Autónoma alberga de los hábitats más amenazados de Europa
En Castilla-La Mancha, la Red Natura 2000 está constituida actualmente por 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 72 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que una vez tienen aprobados sus planes de gestión pasan a denominarse Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Ocupan una superficie total de 1.842.739 Hectáreas, lo que representa el 23% del territorio regional. A ellos hay que sumar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) La Jara, en los términos municipales de Los Navalucillos y Sevilleja de la Jara (Toledo), con una extensión de 3.442,51 hectáreas, que es la última propuesta por la Comunidad Autónoma a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
En muchos casos, las propuestas de protección están precedidas por programas de actuación que se elevan a la Unión Europea para obtener financiación. Una vez captado ese dinero se desarrolla un programa de protección. En el caso de la Jara, el dinero se solicitó en 2007, el programa buscaba la “Conservación de especies prioritarias del monte mediterráneo en Castilla-La Mancha, relativo a la conservación del águila imperial, águila perdicera, buitre negro y lince ibérico”. Desarrollado entre 2008 y 2011, motivó que en 2015 se solicitara su inclusión en la Red Natura 2000.
Entre esas zonas con hábitats altamente amenazados, el gobierno incluye el aeropuerto de Ciudad Real y el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas
La Unión Europea puso en marcha la Red Natura 2000 para establecer las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad, cuyo objetivo principal es garantizar, a largo plazo, la conservación de las especies y de los hábitats más amenazados de Europa. La Unión mantiene un programa económico, el LIFE+, que es un instrumento financiero dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, incluida la integración del medio ambiente en otras políticas, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. Ese programa financia las ayudas que se otorgan en las zonas protegidas, para lo cual estas han de tener aprobados sus planes de gestión.
En la actualidad están en fase de información pública y audiencia para su aprobación, además del Plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, el de ZEPA Ambientes y Aves Esteparias y los planes de gestión que afectan a 19 LIC y ZEPA. La tensión en torno a estos planes, especialmente al ZEPA Ambientes y Aves Esteparias, que lleva más de siete meses de negociación entre la Consejería y las organizaciones profesionales agrarias, ha provocado que en menos de un mes de hayan desarrollado dos debates parlamentarios entre la oposición y el gobierno, como reflejo de la contestación que tiene entre los agricultores.
Los conflictos han estallado en la Mancha Norte (Toledo, Cuenca y Ciudad Real) y en el este de Albacete. La principal fuente de la discordia está en la posibilidad o no de plantar viñedo en espaldera en las áreas de protección de aves esteparias. Otra de las causas de la discordia es el grado de permisividad de la caza menor. Se han presentado más de 1.600 alegaciones por particulares y colectivos sociales.
En principio la mayor confrontación se produce en torno a 18.000 hectáreas de viñedo, el 4 por ciento del total de la extensión de vid en Castilla-La Mancha, propiedad de 4.179 agricultores
Así las cosas, para Podemos existe una actitud irresponsable del Gobierno con la protección del medio ambiente y plantea una agricultura sostenible. El PP, exige que “los planes de gestión sean compatibles con la agricultura y la ganadería. Y hacer que los agricultores y ganaderos sigan desarrollando su actividad económica, sigan viviendo de sus tierras y no pierdan todo lo que tienen. Los agricultores son los que han hecho posible la conservación de esas especies a lo largo de los años. Son los mayores ecologistas”
El PP cuestiona que con los 210 euros de ayuda por hectárea, los pequeños agricultores, los que tienen 20 ó 25 hectáreas, que son la mayoría de los afectados, recibirán en torno a los 5.000 euros al año, “y nadie puede vivir con esa cuantía”. El gobierno cifra en 40 millones las ayudas y quiere establecer con las organizaciones agrarias cómo gastar ese dinero.
Además cuestiona la política de declaraciones de protección que han llevado a cabo los sucesivos gobiernos socialistas y dice que, en algunos casos priman otros intereses que poco o nada tienen que ver con el medio ambiente, y citan como ejemplo los casos del aeropuerto de Ciudad Real o el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de Villar de Cañas.
Por su parte, el Partido Popular propone que se permitan las plantaciones de cultivos leñosos (vides en espaldera) y eliminar las previsiones y limitaciones obligatorias de determinadas prácticas agrícolas en los cultivos herbáceos, dejándolas como voluntarias para los agricultores.
Si (
No(
