Castilla-La Mancha es el epicentro de una red de fraude masivo con el fin de obtener subvenciones para la compra de vehículos nuevos. Concesionarios, desguaces y gestorías se han visto implicados en una operación a escala nacional, que se ha saldado con 78 detenidos en toda España y 29 investigados.
La Guardia Civil de Ciudad Real detuvo ayer a 75 personas implicadas en la Operación Preveo, que investiga fraudes en la solicitud de ayudas del Plan Pive para la compra de vehículos. Los detenidos ya han salido en libertad con cargos, según informa la Delegación de Gobierno. La red de estafadores, con origen en Ciudad Real, se extendía por Toledo, Guadalajara, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa y Amería.
Las investigaciones de la Guardia civil comenzaron en diciembre de 2015, cuando un vecino de Villanueva de los Infantes denunció el cobro del impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para su baja definitiva. A raíz de la denuncia, la Guardia Civil advirtió que dicho vehículo había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días de esta transferencia sin conocimiento del propietario original del vehículo.
Los compradores llegaban a pagar hasta 400 euros por la titularidad de un vehículo viejo
El modus operandi de la organización dependía directamente del desguace de La Solana, lugar de recepción de vehículos para su baja definitiva. No obstante, en lugar de tramitar la baja, los detenidos transferían la titularidad del vehículo a una tercera persona. El nuevo titular es alguien interesado en la adquisición de un vehículo nuevo y que quiere adherirse a las ayudas del Plan Pive, para lo cual solo necesita dar de baja un vehículo con más de diez años de antigüedad. Así, el comprador da de baja el vehículo viejo que ha conseguido en el desguace y se beneficia de una serie de ayudas y descuentos proporcionados por la Administración y por los fabricantes en la compra de su nuevo vehículo.
Por la adquisición de la documentación de vehículos viejos, los compradores pagaban entre 150 y 400 euros, y en muchos casos, eran los propios concesionarios los que los remitían al desguace para que pudieran acogerse al Plan Pive. Una vez recopilada la documentación necesaria, el concesionario la remitía a la gestoría con la que trabajaba, donde se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentarlos a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo usado apenas tres días, durante los que se tramitaba la solicitud de las ayudas del Plan PIVE, solicitándose la baja definitiva del vehículo posteriormente.
Tras investigar el centro de tratamiento de residuos de La Solana, se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados al establecimiento para su baja definitiva, pero que al igual que el vehículo del vecino de Villanueva de los Infantes, presentaban irregularidades en el papeleo. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas (Ciudad Real) y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real.
Entre los implicados en la trama hay 44 personas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema, otras 11 relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, así como 20 personas relacionadas con gestorías. Los detenidos se enfrentan a delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de identidad.
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