Fernández ha recordado que “en cualquier caso estamos en este momento en plena investigación y judicialización de un proceso muy grave, que es esta supuesta o presunta policía política en la operación denominada Kitchen de sustracción de pruebas de la financiación irregular del Partido Popular. Es un asunto muy feo que la ex presidenta de Castilla-La Mancha y a la sazón secretaria general del Partido Popular se dedicara buena parte de su tiempo a intentar sustraer pruebas de un delito grave, el delito en sí es grave -la financiación irregular del Partido Popular- pero si se terminara probando que, efectivamente, ha habido una operación parapolicial -esa mal llamada policía patriótica- para sustraer pruebas de un delito, sería extremadamente grave”
Fernández ha deseado que ojalá la instrucción fuera rápida, se esclarezcan los hechos y que cada uno asuma sus responsabilidades y no eche balones fuera. En ese sentido, ha aclarado que “a la luz de los nuevos acontecimientos el Ejecutivo no se ha planteado revisar la norma que regula la figura de los expresidentes: “El Gobierno -ha dicho Fernández- no va trabajando con input en relación a las informaciones que aparecen para así cambiar o no cambiar. Lo razonable es que una persona que pueda ser condenada renuncie a todos los privilegios”
Como recuerda Europa Press,
Los privilegios de ex presidentes están enmarcados en la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo. En octubre de 2015, PP y Podemos no consiguieron sacar adelante su intención de eliminar los privilegios a los ex presidentes de la Junta, tras el rechazo del PSOE, que argumentó que querían abordar el debate a nivel nacional para "homogeneizar" esta cuestión.
En esa misma sesión plenaria, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page pidió a los ex presidentes regionales José Bono, José María Barreda y María Dolores de Cospedal que formalizaran su petición de renunciar a los privilegios que les concede el estatuto de los ex presidentes para poder tramitar la retirada de esas condiciones "sin género de dudas".
Casi un mes después, la Junta confirmó que había recibido las cartas de renuncia de los ex presidentes socialistas Bono y Barreda, mientras Cospedal optó por no formalizar esta misiva, explicando que no lo veía necesario, ya que ya había renunciado explícitamente a los mismos hace más de cinco años, "nunca" los había pedido y había pedido su eliminación.